El sistema político controla al sistema de justicia. Las cortes al servicio de intereses particulares
¡Voy a cambiar Guatemala! ¡No quiero ser recordado como un hijueputa más! Esas fueron frases de campaña del entonces candidato presidencial Alejandro Giammattei. Ahora, a poco mas de un año de haber asumido, su administración se comporta de la misma manera que hicieron sus antecesoras. El mandatario se ha distanciado del pueblo, ha promovido que continúe –y se profundice– la crisis institucional y ningún cambio sustancial ha llegado por el quehacer político.
Análisis Crónica
Desde mediados del año 2020, el oficialismo, encabezado por el presidente Alejandro Giammattei, principió a concebir el plan para atar los cabos sueltos en el sector justicia y se trazo una hoja de ruta para tener el control absoluto de las cortes y tribunales, para lo cual se consideró indispensable estrechar las alianzas con los grupos políticos y cerrar el círculo de poder.
Entre la estrategia se contempló también fortalecer lazos con algunos sectores externos a la política, fundamentalmente el sector empresarial, por medio de la garantía de que habrá respeto al Estado de Derecho, como parte de los objetivos trazados. Al mismo tiempo, por la puerta trasera, se recibió la fuerza de los grupos –mafias–, vinculados al financiamiento de campañas.
Fuentes de todo crédito, que pidieron el anonimato, aseguran que constructores, proveedores del Estado y seguramente gente de crimen organizado, se acercaron desde antes del 14 de enero del 2020 para exponerle a Giammattei que se apoyaría toda gestión para limitar el poder de la Corte de Constitucionalidad (CC) y que el resto del sector justicia estuviera alineado a sus intereses.
Desde el mismo día de la toma de posesión, la alianza oficialista de partidos se concretó en el Congreso de la República y poco o nada ha variado desde entonces.
A pesar de los señalamientos como partido narco, el principal aliado del partido Vamos, es la Unión del Cambio Nacional (UCN), pero son importantes también Valor –de Zury Ríos–, Viva, Todos –Felipe Alejos–, FCN-Nación –Jimmy Morales–, Unionista –Álvaro Arzú Jr.–, Prosperidad Ciudadana, Humanista, Victoria, un ala de la UNE –Sandra Torres–, Bien –Evelyn Morataya y Alfonso Portillo– y Podemos.
Felipe Alejos estuvo alejado de la alianza un tiempo, pero desde enero pasado ha vuelto al redil, como explica la misma fuente que aportó datos para los lectores de Crónica.
Entrampar elección de la CSJ
Para mantener unida la alianza oficialista, se acordaron varios puntos que se han ido cumpliendo a cabalidad: a) hacer concesiones a los diferentes grupos –empleos, obras, negocios y comisiones de trabajo en el Congreso–; b) asegurarse de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no se cambiara hasta no haber elegido a la nueva CC; c) Luego elegir magistrados afines a esta línea de acción oficialista; y d) garantizar la inmunidad a los líderes principales de los partidos.
Uno de los aspectos que se consideró de vital importancia, fue seguir retrasando el cambio de la CSJ, tomando en cuenta que sirve como dique para detener antejuicios contra diputados y funcionarios en general. Esa es una de las razones por las que el Congreso ha desobedecido el mandato de la CC, y se ha negado por más de un año a proceder a la elección de los nuevos magistrados, para asegurar el cumplimiento de la ruta para asegurar el marco de impunidad.
Esa tarea se le encomendó específicamente al presidente del Congreso, Allan Rodríguez, quien no ha tenido mayores problemas para ejecutarla, sobre todo, por la forma en que ha sabido repartir prebendas entre la gran alianza.
Los magistrados de la actual CSJ –con apenas dos o tres magistrados independientes–, respondieron a las exigencias oficialistas. Incluso uno de ellos, Nester Vásquez Pimientel, fue impulsado por la gran alianza como candidato dentro del Colegio de Abogados y Notarios (CANG) y ganó las controversiales elecciones.
Estas elecciones fueron impugnadas, puesto que entre la primera y segunda vuelta electoral, fue detenido el aspirante que había quedado en segundo lugar, el exrector de la USAC, Estuardo Gálvez, otro personaje a los que se le vincula con el llamado pacto de corruptos. Aún no se resuelven las impugnaciones y quizás nunca prosperen.
Ahora el Congreso tiene la segunda tarea que cumplir. Debe elegir magistrados a la CSJ y de sala, sin hacer demasiadas olas, pero sin perder de vista que quienes resulten electos deben tener clara su dependencia del sector político.
Muchos compromisos
Por tratarse de una alianza basada en intereses particulares, para mantenerla unida, se deben hacer muchas concesiones, algunas de ellas importantes. Las sencillas se cumplen con facilidad: empleo para familiares de diputados, de magistrados, de funcionarios, etcétera. En ese sentido, el botín del Estado es muy amplio.
Se sabe que familiares de diputados y magistrados se contratan en dependencias del Gobierno Central. Algunos pueden ser plazas fantasma, aunque se ha pedido que esta práctica se disminuya al máximo, para evitar escándalos como los que se han dado en el pasado. En todo caso, casi siempre se dan contratos sustanciales, sin importar la calidad profesional del familiar o amigo propuesto.
De esa cuenta, casi todos los nombramientos que se hacen en la administración del presidente Giammattei, tienen tinte de pago de favores políticos. Personas sin experiencia que llegan al cuerpo diplomático o a instituciones. Incluso se crean dependencias, como el Instituto de la Víctima, convertido en casa de empleo para acoger a los familiares y amigos de los aliados.
Los contratos de obras siguen repartiéndose en el Congreso como en el pasado, como parte de los acuerdos a los que llega cada uno de los grupos afines.
Casos específicos
En determinados casos, los acuerdos han sido más amplios y complejos. Por ejemplo, para que el partido de Zury Ríos se mantuviera en alianza con el oficialismo, se aceptó que podría contar con magistrados dentro de la CC para asegurarse que, en el próximo proceso electoral, no habrá impugnación a su candidatura.
De acuerdo con la Constitución, ella no puede optar a la presidencia de la República por ser hija de un golpista –el general Efraín Ríos Montt, 1982–, como bien lo señala el artículo 186 constitucional. Sin embargo, si la CC opina lo contrario, se le abriría el camino para volver a ser candidata en 2023.
Ella pidió que continuara en el cargo de magistrado Roberto Molina Barreto, y la CSJ cumplió con lo solicitado, lo mismo que el Congreso, que nombró magistrado suplente a la CC, al diputado Luis Rosales, miembro de su partido Valor, y abogado defensor del general Ríos en el juicio por genocidio.
También se acordó que se asegurará el control del partido UNE a Sandra Torres, quien cuenta con influencias en el TSE, pero necesita que las cortes no acepten las apelaciones y amparos que seguramente llegarán de parte del grupo de diputados que se han declarado en oposición a ella y al oficialismo.
Arzú Jr. también pidió que, si encuentra oposición del alcalde Ricardo Quiñónez dentro de su partido, la balanza de la justicia se incline a su lado, aunque hay fuerzas internas del partido que quieren mediar para que las diferencias entre ambos terminen antes del próximo proceso electoral.
La unidad hace la fuerza
Para Giammattei y sus aliados, lo importante es mantener una unidad granítica, porque esperan que pueda surgir oposición en diferentes frentes. Según el informante, en las reuniones del oficialismo se ha detectado que las fuerzas más peligrosas son dos: la reacción popular y la comunidad internacional.
El mandatario ha encargado a su canciller Pedro Brolo, que diseñe una estrategia para apaciguar a Estados Unidos y los europeos, que conforman el G13, grupo de países donantes que manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que se eligiera –como sucedió–, una CC obediente y politizada.
El jefe de la diplomacia debe explicar que es, un mal menor, lo sucedido, pero que se ha recobrado la imparcialidad, de la máxima sala constitucional.
Se sabe, sin embargo, que el Departamento de Estado observa con mucha desconfianza todas las acciones del oficialismo. El propio presidente Joe Biden ha anunciado que los gobiernos del Triángulo Norteno tendrán acceso al manejo de una ayuda que Estados Unidos piensa autorizar para la región por un monto de US$4 mil millones, precisamente porque no hay confianza en ellos. Se trabajaría directamente con organizaciones civiles.
Washington considera que con el nivel de corrupción e impunidad que existe en Guatemala, Honduras y El Salvador, es difícil pensar que se pueda disminuir el flujo migratorio hacia territorio estadounidense.
Por tanto, cabe la posibilidad de presiones diplomáticas, pero no parece probable que se llegue a una crisis, aunque el Congreso de aquel país podría poner condiciones para autorizar programas específicos hacia Guatemala a causa de la falta de independencia entre los poderes del Estado.
En el plano de las manifestaciones y protestas, el oficialismo confía en que la capital está en calma por la pandemia, y aunque puedan darse brotes, no se considera que exista el peligro de que vuelva La Plaza, como sucedió en 2015. De hecho, al oficialismo le preocupa mas lo que pueda suceder en el interior, con protestas de organizaciones como Codeca, o el rechazo mostrado por autoridades mayas contra el gobernante, por las actitudes de racismo que ha tenido en el pasado.
Los informes de inteligencia que rinden al presidente Giammattei, dan cuenta de una sociedad civil débil y desarticulada, según informantes desde lo interno del Gobierno.
Además, el presidente tiene un fabuloso ofrecimiento de los canales de televisión abierta. El propio Ángel González –empresario mexicano dueño de los canales 3,7,11 y 13, y radio Sonora–, se ha comunicado con el mandatario para asegurar su apoyo a la información oficial.
Los noticieros de González en Guatemala, al igual que lo son en todos los países donde opera canales de televisión, tienen una línea claramente favorable al oficialismo.
Mientras la ciudadanía, más preocupada por las evidentes deficiencias en la planificación –y eventual ejecución– de la vacunación contra el covid-19, sigue agobiada por la crisis sanitaria y la situación social y económica, lo que hace que ponga menos atención a este bien ejecutado plan de la clase política.
De hecho, el tema de la justicia es algo que siempre ha resultado difícil de comprender en toda su dimensión para la mayoría de la sociedad. De esa cuenta, la mayor fuerza, que son los propios ciudadanos, no parece ahora dispuesta a luchar.
Ante una gran alianza tan fuerte como la que ha creado el oficialismo, parece imposible oponerse o revertir sus acciones. En todo caso, queda en el ambiente una frase que dijo en su oportunidad el populista Juan Domingo Perón (argentino): Sólo el pueblo, salva al pueblo.