El colapso institucional del país ha alcanzado a las universidades, incapaces hasta hoy –colectivamente– de enderezar lo que los políticos retuercen.
Gonzalo Marroquín Godoy
Me parece que los diputados que redactaron la Constitución de 1985 pensaron que la academia –entiéndase las universidades y profesionales– debía ser la garante para que las comisiones de postulación, que ellos mismos estaban creando, escogieran siempre a los candidatos más honestos, éticos, capaces y, por lo tanto, a. los mejores servidores públicos, dentro de lo posible.
Se pensaba entonces que dichas comisiones garantizarían que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tendría excelentes magistrados, que el fiscal general sería el(la) más adecuado(a), que lo mismo sucedería con el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Contralor. En resumidas cuentas, que la justicia estaría representada por los mejores y con independencia absoluta.
¿Qué pasó entonces?
Pues que aquellas comisiones que debían garantizar que los políticos tuvieran la menor influencia posible en la selección de los candidatos y escogieran así entre los mejores, fueron torciendo, al extremo de convertirse en un instrumento moldeable en manos de la clase política y terminan siendo un filtro que no filtra.
Absolutamente descriptiva fue una declaración de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien narró como en 2004, siendo ella diputada, un grupo de jefes de bloque se reunieron “alrededor de una cama”, en una habitación del hotel Vista Real, para decidir “a dedo” quienes serían los magistrados de la CSJ.
Es decir, que ya desde entonces se veía que la academia no responde a las expectativas del país y que, en vez de ser garante de transparencia, forma parte de un sistema corrupto del cual, supuestamente, debiera defendernos a los guatemaltecos.
En el último proceso de postulación –para fiscal general– se hizo evidente que la academia no rescata la credibilidad de los procesos. Se sabía de antemano que la presidenta de la CSJ, Patricia Valdés, responde a los intereses de la alianza oficialista, lo mismo que los delegados del Colegio de Abogados.
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Faltaba ver cómo se comportaría la academia –los decanos de 12 universidades– y si se podría ver a los mejores en el listado definitivo. Aclaro que no es culpa de los comisionados la falta de candidatos de peso, valiosos y con trayectoria, pero aún así, se hizo evidente que se inclinaban a favor del oficialismo.
Me dio gusto ver que un valiente grupo de alumnos de la Universidad del Istmo (UNIS), hizo un llamado de atención público a su decano, Alejandro Arenales, por votar consistentemente a favor de la fiscal general y aspirante a la reelección, Consuelo Porras, sin duda la candidata más cuestionada en cuánto a valores éticos –no porque lo diga yo–, ya que los señalamientos en su contra provienen tanto de organismos internacionales como los grupos pro justicia locales.
Fueron muchas las voces que se alzaron por esos días, pero llamó mi atención la de los estudiantes de la UNIS, pues refleja la preocupación de las nuevas generaciones, a las cuáles corresponde empezar a exigir que el país camine por la senda correcta, que las instituciones cumplan con sus obligaciones y que la democracia no sufra más.
Desde hace años esperaba escuchar voces críticas provenientes desde lo interno de las comisiones de postulación, denunciando las manipulaciones y presiones que reciben o que ellos pueden constatar. Nunca ha sucedido. Pienso que los decanos decentes –porque los hay– debieran asumir una actitud más crítica y valiente, porque callar o tolerar lo que sucede los convierte en cómplices de quienes quieren mantener capturado al Estado guatemalteco.
Los que pensaron en la academia como barrera de protección, lo hicieron pensando en que sería una especie de reserva moral de la sociedad y que los rectores y decanos, siendo ciudadanos privilegiados, trabajarían para fortalecer la democracia, escogiendo siempre a las personas con los estándares más elevados en principios, valores y capacidades.
La academia –sobre todo a nivel de decanos– debiera ser un ejemplo para estudiantes y ciudadanía en general. En vez de eso, nadie puede aplaudir hasta el día de hoy el papel que han tenido.
No veo al más alto nivel de la academia –rectores–, discutiendo sobre el papel que han jugado y el que deben tener en el futuro. No es tan sencillo como dijo el decano Arenales, quien se escudó en que “nuestro voto es personal”. ¡Babosadas!, cada decano representa a su casa de estudios y lo que haga –bueno o malo– debe enorgullecer o avergonzar a la universidad que representa.
Solo el pueblo salva al pueblo. Solo la academia puede salvar el prestigio de la academia. Los rectores tienen la última palabra… pero los estudiantes y demás integrantes de la academia, también pueden hacer algo para evitar más descalabro institucional y desgaste de la democracia.
Por último, mi solidaridad para el juez Miguel Ángel Gálvez, ahora bajo cobardes ataques, como antes sucedió con Erika Aifán.
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