Llegar a la presidencia de un país se ha convertido en una meta espuria, en la que se finge espíritu de servicio, cuando en realidad hay atrás un trasfondo de aprovechamiento del cargo. No se sirve al pueblo, se sirve a sí mismo«.
Gonzalo Marroquín Godoy
La semana pasada hubo grandes lecciones para la democracia, pero ojalá también lo sea para los pueblos latinoamericanos. Me refiero al montón de noticias que dejan al desnudo la forma en que la actividad política y, en particular la búsqueda de la presidencia de la República, se ha convertido en un camino para buscar acumulación de poder y riqueza, dos factores que, unidos entre sí, se convierten en el opio de los gobernantes.
Puede ser que la Copa del Mundo haya hecho que pasaran desapercibidos algunos de estas noticias, pero en realidad son elocuentes y se suman a otros muchos casos que se dieron con anterioridad.
Exgobernantes de Argentina, Guatemala, El Salvador y el presidente de Perú, han enfrentado o tendrán que enfrentar a la justicia por hechos vinculados a corrupción, mientras que otros, como puede ser en los casos de Nicaragua y Guatemala, se vuelven intocables –al menos temporalmente–, por controlar completamente al sistema de justicia.
Vamos por partes. En Argentina, un tribunal encontró culpable a Cristina Fernández de Kirchner en un caso conocido como Vialidad, y la condenó a seis años de prisión y a no poder ejercer ningún cargo público de por vida. El nombre viene porque se le investigó por una serie de negocios de construcción de carreteras, con los que ella y su familia se habrían beneficiado. Claro, podrá apelar.
Allá se investigó y castigó algo que aquí es común. Es vox pópuli que la construcción de carreteras se otorga siempre con beneficios que pueden ir a parar a gobernantes, ministros, diputados o alcaldes. En nuestro medio se habla de que, entre 15% y 20% del costo de las obras y su supervisión, termina en los bolsillos de los políticos. Una fortuna.
Pero volvamos a los gobernantes procesados. Cristina Kirchner se victimizó diciendo que es perseguida política –ella es la vicepresidenta en funciones– y llegó a decir el disparate de que la justicia ordinaria no debe poder juzgar a los gobernantes elegidos popularmente, como si entonces se volvieran reyes medievales intocables.
El brazo de la justicia ha tardado, pues los hechos ocurrieron entre 2003 y 2005, pero finalmente la alcanzó. Hay otra investigación sobre ella por otros negocios que su familia hizo con un gigante de la construcción argentina. Total, que la populista exgobernante y ahora vicepresidenta ha encontrado en la política una mina de dinero y poder.
En el Salvador, La justicia anunció que el presidente Mauricio Funes irá a juicio acusado de varios casos de corrupción, al tiempo que se ordenaba la expropiación de bienes de otro exgobernante, Salvador Sánchez Cerén acusado de malversar cerca de US200 millones durante su gestión presidencial.
En Perú se ha dado un descalabro político en medio de fuertes señalamientos de corrupción en contra del presidente Pedro Castillo. Cuando el Congreso iba a declarar la vacancia –una figura que aparta al gobernante del cargo–, Castillo quiso disolver el Congreso y terminó detenido por el rompimiento constitucional y pronto estará procesado por los actos de corrupción que se le imputan a él y a su círculo familiar.
En Guatemala, finalmente concluyó en primera instancia el juicio del caso La Línea, que involucra a los exgobernantes Otto Pérez y Roxana Baldetti. El fallo condenatorio –13 años de prisión para ambos– puede ser apelado y será conocido en segunda instancia por magistrados que responden más a intereses políticos. Por el momento se ha evidenciado y recordado todo lo que se vivía en aquel 2015 y que tanto indignó a la ciudadanía.
Este caso y otros que en su momento se convirtieron en grandes escándalos y sirvieron para que se derrumbara el gobierno del PP, fueron descubiertos por investigaciones de la CICIG, las cuáles ahora tratan de desprestigiar los operadores de justicia y políticos vinculados con el oficialismo y la corrupción.
Recordemos que antes, Alfonso Portillo fue condenado por corrupción y lavado de dinero en Estados Unidos, tras haber recibido sobornos de parte de Taiwán. El sistema de justicia aquí le protegió de otros casos de los que había indicios más que claros.
Vemos entonces que hay una tendencia marcada de quienes llegan a gobernar para servirse del cargo y no para servir desde el cargo.
En los casos de los gobernantes actuales en Guatemala y Nicaragua, es impensables que, al menos por el momento, se puedan abrir causas judiciales en su contra. De hecho, ni se inicial las investigaciones, por más que haya denuncias concretas.
Castillo intentó disolver el Congreso y tomar el poder absoluto para evitar que lo investigaran. Aquí el Alejandro Giammattei ya actuó. Cuando se descubre la Trama rusa y la denuncia sobre el dinero que se entregó por parte de constructores para su campaña presidencial –a quienes luego se les otorgaron obras–, la respuesta de la alianza oficialista fue desarticular totalmente la fiscalía contra la corrupción (Feci), por el peligro que representaba que se escuchara a los testigos que había en ambos casos –ahora en el exilio–
Controlando a la fiscal general Consuelo Porras (MP), a jueces, fiscales y cortes, es imposible que se inicien investigaciones. La verdad es que se necesita un cambio radical de la clase política. En nuestro país, el mensaje que se envía a los ambiciosos aspirantes a cargos públicos es que hay impunidad y eso alienta la corruptela y el enriquecimiento ilícito, tan común hoy en día.
Pero como dice el refrán popular la esperanza es lo último que se pierde, y algún día el brazo de la justicia les alcanzará y pagarán por lo que han hecho y dejado de hacer.