Caso de ‘magistrados falsificadores'(TSE) avanza con lentitud en el MP… ¿extraña?

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• Universidad da Vinci colabora y aporta pruebas que confirman falsificación de documentos

• Se solicita cambio de fiscalía y que el caso lo tome la FECI

Algunos apuestan a que, como suele suceder en Guatemala, el caso de “magistrados falsificadores” , quede en el olvido y que el Ministerio Público (MP) no actúe en contra del actual presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Ranulfo Rojas Cetina y del magistrado suplente, Marco Antonio Cornejo Marroquín, quienes alcanzaron sus cargos presentando documentos falseados, como han confirmado fuentes de la Universidad Da Vinci (UDV).

El escándalo estalló cuando el diario elPeriódico, publicó que siendo aspirantes a magistrados, los citados abogados incluyeron en su papelería documentos que los acreditaban, al primero con un doctorado y al segundo con una maestría de dicha universidad, cuando en realidad ninguno se había graduado. El cómplice que supuestamente consiguieron fue el exdecano de Derecho de la UDV, Juan Carlos Rodil Quintana, quien habría extendido los certificados falsos, además de ser miembro de la Comisión de Postulación.

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Los detalles son públicos desde el 30 de mayo –hace más de 45 días–, y el proceso no avanza en la fiscalía metropolitana del MP, que fue la que actuó de oficio, pero no se sabe de avances en las investigaciones, mucho menos se ha solicitado que se retire el antejuicio contra los dos magistrados por los delitos penales en que habrían incurrido.

El rector de la Universidad Da Vinci, Cyrano Ruiz, conversó con Crónica sobre este caso, y expuso que “nosotros tomamos la decisión de seguir el único camino correcto y nos hemos adherido al caso como parte agraviada”, a la vez que reconoce que se dieron varias anomalías con los casos mencionados, pues ninguno de ellos podía tener título como acreditaron con fecha de 10 de enero del año 2020.

Solicitan cambio de fiscalía

Hizo ver que él y las autoridades de la Universidad desconocían la existencia de las falsas certificaciones del Acta de Graduación –firmadas por Rodil Quintana–, y que desde el momento en que se comprobaron todas las anomalías, las hicieron públicas y se adhirieron al proceso en el MP.

Estos son los dos documentos que falsificaron los abogados implicados –incluidos los dos magistrados del TSE. Ha sido la propia UDV la que negó su autenticidad y se adhirió al caso por el daño que este delito le causa a la institución educativa en su prestigio.

Nuestra abogada y Directora de Asuntos Jurídicos, Ana Beatriz Camacho, preparó toda la documentación del caso y la presentó al MP. Creemos que es un tema trascendental que trasciende a la academia, y aunque la ruta legal es larga, estamos dispuestos a seguirla hasta el final. Sin embargo, al considerar que la fiscalía Metropolitana muestra temor, por lo que han solicitado que el caso sea transferido a la Fiscalía Contra la Impunidad (FECI).

Consultas realizadas a lo interno del MP indican que “no hay voluntad de cambiar el caso de fiscalía”, y se recordó que la FECI y su fiscal, Juan Francisco Sandoval, no cuentan con el apoyo ni simpatía de la fiscal General, Consuelo Porras. Una fuente, que pidió no ser identificada, asegura que en este momento, “la política del MP es reducir el alcance y poder de La Feci”.

Lo que se sabe hasta ahora

Lo que ha quedado comprobado documentalmente y por medio de declaraciones que son públicas, es que ambos abogados presentaron actas falsas ante la Comisión de Postulación, con el fin de asegurar que sus nombre se incluyeran en la nómina de candidatos que el Congreso sometería a votación.

El magistrado Ranulfo Rojas, actual presidente del TSE, cuenta con el apoyo de la alianza oficialista, que controla todo el sistema de justicia y el TSE.

Rojas Cetina y Cornejo Marroquín eran aspirantes que tenían el apoyo de la alianza oficialista en el Congreso. Eso aseguró su elección a los cargos de magistrado titular y magistrado suplente, respectivamente. En el Congreso, las bancadas de dicha alianza, no tuvieron ninguna duda a la hora de votar por ambos aspirantes.

En la falsificación participan los dos beneficiados, y los exdecanos de Ciencias Jurídicas de la UDV, Juan Carlos Rodil Quintana –hijo del expresidente de la CSJ, Juan José Rodil Peralta– y Freddy Cabrera. Estos dos últimos habrían facilitado la nominación de ambos dentro de la comisión de postulaciones.

Cuando sale a luz el escándalo, se trata de influir para que la Universidad da Vinci no confirme la falsedad y no se involucre en el proceso. Entonces se reúnen las máximas autoridades de la casa de estudios y deciden hacer lo correcto: confirman la falsificación de los documentos, pero además se adhieren como agraviados en el caso y exigen que se aclare lo sucedido.

En el MP se acuerda, con la aprobación de la fiscal general, Consuelo Porras, que fiscalía Metropolitana actúe de oficio, con el fin de que el caso no sea tomado por la Fiscalía Contra la Impunidad (FECI), ya que tendría mayor connotación y, en cambio, en esa fiscalía puede tramitarse lentamente y no causar problemas al magistrado presidente del TSE, Rojas Cetina.

El abogado Freddy Cabrera, ha declarado en entrevistas que es uno de los fundadores de la UDV, pero el rector lo niega y lo reconoce únicamente como exdecano de la facultad de Ciencias Jurídicas, cargo que aprovechó para crear los documentos falsos que sirvieron a los dos magistrados para alcanzar sus posiciones.

Se sabe de la oposición institucional en el MP para enviar el caso a la FECI, sobre todo, porque se teme que el caso cobre de nuevo notoriedad.

¿Qué dice el código penal?

En el capítulo relacionado a falsificación de documentos, el Código Procesal Penal dedica varios artículos a este delito:

CAPITULO II
DE LA FALSIFICACION DE DOCUMENTOS

FALSEDAD MATERIAL

ARTICULO 321. Quien, hiciere en todo o en parte, un documento público falso, o alterare
uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con prisión de dos
a seis años.

FALSEDAD IDEOLÓGICA

ARTICULO 322. Quien, con motivo del otorgamiento, autorización o formalización de un
documento público, insertare o hiciere insertar declaraciones falsas concernientes a un
hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio, será
sancionado con prisión de dos a seis años.

FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS

ARTICULO 323. Quien, en documento privado, cometiere alguna de las falsificaciones a
que se refieren los dos artículos anteriores, será sancionado con prisión de uno a tres
años.

Además, se podría agregar el delito de asociación ilícita, tomando en cuenta que para llevar a cabo el engaño, se organizaron, como mínimo, cuatro abogados, aunque al ampliar las investigaciones podrían resultar más implicados.

El camino a seguir

En un sistema de justicia independiente, lo que cabría esperar es el seguiente procedimiento: a) la fiscalía toma en cuenta los hechos que se conocen. Con las evidencias del delito –como evidentemente lo hay–, solicita que se levante el antejuicio a ambos magistrados para que puedan ser investigados y, eventualmente procesados.

La solicitud de levantar el antejuicio debe conocerla la actual Corte Suprema de Justicia (CSJ), la que podría rechazar la solicitud o darle trámite para que el caso sea resuelto por el Congreso de la República, en donde se debe nombrar una comisión pesquisidora, que recomienda que se les levante o no la inmunidad a los magistrados. Cabe destacar que tanto la CSJ como la mayoría de bancadas del del Legislativo responden a la llamada alianza oficialista, lo que permite suponer que no habrá un fallo en contra de ambos magistrados.

De todas maneras, al decidir la UDV adherirse al caso como parte agraviada, es posible que se tenga que agotar el proceso y llegar a las últimas instancias, aunque como actúa el grupo que controla todo el sistema de justicia, se haga de manera lenta para evitar repercusiones o levantamientos populares.


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