Villas de miseria BAJO LATENTE AMENAZA DE DESASTRE

En la región metropolitana existen unos 586 asentamientos humanos construidos a orillas de laderas y barrancos, en donde viven poblaciones pobres que no pueden pagar una casa en un lugar seguro. Los lugares que habitan son altamente vulnerables a desastres naturales, pero las autoridades de turno poco  han  hecho para mitigar ese riesgo.

Ronald Mendoza

rmendoza@cronica.com.gt

Techos y paredes de lámina; piso de tierra a las orillas de laderas y barrancos. Esa es por lo general la imagen que prevalece en las villa de miseria que se han asentado a lo largo de décadas en la región metropolitana.

La situación de estos núcleos poblacionales, que se estima en más de 300 mil personas, dadas las particularidades del territorio donde fueron constituidos, conjugada con las precarias condiciones habitacionales y la pobreza de sus habitantes, muchos de los cuales han migrado desde la provincia en busca de oportunidades en la ciudad, configuran inminentes zonas de catástrofes.

En la región metropolitana hay un aproximado de 586 asentamientos humanos irregulares que están expuestos a deslizamientos de tierra o deslaves, como el ocurrido en El Cambray II, ubicado en Santa Catarina Pinula. Algunos son tan viejos, que surgieron luego de los terremotos de 1917 y 1918.

Así, la preocupación no es para menos. Sucede que estos cinturones de pobreza, además de tener en común ser vulnerables a desastres naturales, comparten características, tales como viviendas inadecuadas; condiciones de salubridad y alcantarillado insuficientes; suministro de agua y electricidad deficiente o inexistente; hacinamiento y elevados índices de violencia, según lo precisara Amnistía Internacional, en su estudio Asentamientos Precarios, Los Derechos Humanos viven aquí.

También lidian con entornos comunes donde, dadas las condiciones topográficas y las características de un amplio valle con dos sistemas montañosos en sus bordes y una intrincada red de barrancos y laderas en su interior con pendientes de hasta 54 grados, son periódicos y recurrentes los deslizamientos y flujos de lodo, haciendo que las viviendas allí construidas sin ningún tipo de ordenamiento sean de lo más inseguras, anota la docente de la Maestría en Gestión de Riesgo de la Facultad de Arquitectura, de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), Rosa Sánchez del Valle, en su artículo Percepción del riesgo a desastres en asentamientos precarios urbanos de la ciudad de Guatemala: apuntes para su abordaje.

 

Miles bajo riesgo

Dada esta concentración del peligro en dichas áreas, los asentamientos (irregulares) son una de las mayores preocupaciones, sobre todo en invierno. Son cientos de familias las que están en situación vulnerable, y cada día la situación va empeorando, refiere al respecto el secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), Alejandro Maldonado.

El titular de la Coordinadora considera que en la ciudad hay cerca de 13 mil familias en alto riesgo de vulnerabilidad, aunque aclara que estas cifras no son precisas, pues no existe un dato exacto. A nivel metropolitano, según la Conred, el número supera las 300 mil personas.

Estamos hablando de amplias concentraciones de población que, como en el caso de El Cambray II, viven bajo el inminente peligro de catástrofe, de esto que lo ocurrido en Santa Catarina Pinula no sea sino solo una puesta en el espejo. Pero la pregunta es ¿por qué ocurre esto? Es simple la respuesta: carecemos de una ley de ordenamiento territorial y de institucionalidad necesaria para ordenar nuestras ciudades; pero, fundamentalmente, esto es producto de un modelo de desarrollo que no nos funciona y que de esa forma nos está mostrando su imperfección. El territorio es el espejo del modelo de desarrollo de un país o una región, y lo que vemos es lo que tenemos: pobreza y tragedia, reflexiona el urbanista Alfredo Trinidad.

Asimismo, Amanda Morán, del Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR), de la Usac, expresa que esta situación nos dice que la capital y la mayoría de nuestras ciudades han sido construidas sin ningún ordenamiento, sin ninguna normativa y que han quedado regidas bajo las reglas del mercado, donde el que tiene dinero o recursos accede a una vivienda bien localizada o segura y que el que no tiene dichos recursos económicos le toca ir a residir a los resquicios de la ciudad, donde, además, debe enfrentar la violencia y la carencia de servicios públicos de calidad. De allí su alta vulnerabilidad a desastres y su poca capacidad de resiliencia. A decir de la profesional, este es el entorno que caracteriza a la mayoría de asentamientos en el país, principalmente a los ubicados en la ciudad de Guatemala, Villa Nueva y San Miguel Petapa, dejando a su población a merced de eventos naturales, como inundaciones, deslizamientos, terremotos, incendios forestales, entre otros.

 

A la mano de Dios

Así las cosas, lo que hasta hoy se ha hecho para mitigar el riesgo a desastres en estas zonas es poco, pero en la mayoría de casos las acciones se han reducido a obras que no necesariamente tienen que ver con la prevención de tragedias.

En La Arenera, zona 12, se han desarrollado obras, tales  como revestimiento de talud, que cumple con la finalidad de división, siendo catalogada en el Sistema Nacional de Inversión pública como atención a desastres y gestión de riesgos; y un muro de contención, descrito como medida de mitigación de riesgos, cuando no necesariamente lo es, puntualiza Del Valle en su documento.

Hasta hoy no hemos aprendido nada. Solo hemos puesto parchecitos, concluye Trinidad, quien apuesta por un nuevo modelo de desarrollo, donde sacar de la pobreza a miles de guatemaltecos signifique consecuentemente disminuir su vulnerabilidad a desastres y aumentar su capacidad de resiliencia.

Así, la tragedia parece ocultarse bajo el manto de la cotidianidad, donde lo precario, a fuerza de común, se ha vuelto imperceptible. Todo pasa, como si nada estuviera mal, solo a la espera de un impacto que, como en El Cambray II, nos recuerde que había algo que prevenir.

Se estima que más de 300 mil personas habitan lugares de alto riesgo en la región metropolitana.

Precarias condiciones habitacionales y de pobreza sobresalen en los asentamientos humanos.