Cada uno puede sacar sus propias conclusiones al ver y analizar –desapasionadamente–, los dos años de la administración de Giammattei.
Gonzalo Marroquín Godoy
Llegar a ser presidente de la República es tener la gran oportunidad de poder hacer muchísimo por la gente y contribuir a engrandecer el país. Se puede influir de manera significativa en el orden socioeconómico y lograr que el gobierno sea motor de desarrollo y no el lastre que suele ser.
Un buen presidente es reconocido y, aunque no quede bien con todos, deja satisfecha a la mayor parte de la población, que reconoce desde el esfuerzo por hacer las cosas bien, hasta los logros, que siempre llegan cuando son acompañados de trabajo, capacidad, honestidad y esfuerzo.
Me atrevo a afirmar que en Guatemala hemos tenido muy pocos buenos presidentes –sobran dedos de una mano para contarlos– pero en esta fecha, 14 de enero del 2022, es oportuno hacer un análisis, aunque sea somero, de los dos años que lleva la administración del presidente Alejandro Giammattei, quien al asumir el cargo prometió ser diferente.
Durante la campaña electoral dijo en fogosos discursos de tarima que no quería pasar a la historia como un hijueputa mas, en referencia a sus antecesores. Fácil criticar desde la llanura, pero para ser diferente se necesita más que palabras.
Para ser buen presidente, se requiere de alma, corazón y huevos o, lo que es lo mismo, ser bien intencionado, tener determinación, acompañada de capacidad, y ser honesto a toda prueba. Han transcurrido 24 meses desde que Giammattei llegó al Guacamolón, y estas cualidades brillan… pero por su ausencia.
Tratando de buscar cosas buenas que ha dejado esta administración, tengo que reconocer que no encontré ninguna significativa. Hay logros aislados en algunos ministerios –muy pocos–, pero en ningún momento se ha visto que se toman decisiones o se fijen políticas públicas definidas. Por eso el país navega dando tumbos.
Lo más relevante es que se ha mantenido la estabilidad macroeconómica, pero esto no es producto del trabajo gubernativo, sino se debe –principalmente– a que han ingresado a la economía cerca de US$15 mil millones en remesas de los migrantes, esos mismos por los que poco hace el Gobierno.
Es decir que en el lado positivo se encuentran esos esfuerzos ocasionales de algunos ministros o funcionarios, pero nunca como parte de un plan integral con objetivos, estrategias y buen diseño para alcanzar metas importantes. En discursos sí se puede hablar de un país de las maravillas, pero la realidad no se logra esconder: pobreza, mala educación, corrupción, impunidad –ausencia del estado de Derecho– inseguridad, caos en salud pública, y más, son nota diaria.
Basta decir que competimos con Haití, Honduras y Nicaragua para ver cuál de estos países está en los últimos lugares de materia de desarrollo humano. Nuestro sistema político es un auténtico desastre. Si bien eso no se cambia en dos ni en cuatro años, lo malo es que ni siquiera se empieza a caminar en la dirección correcta.
Si en la balanza no hay mucho que poner en el lado positivo, encontramos que el plato que corresponde a lo negativo, pesa muchísimo más. Giammattei y su alianza oficialista, han logrado destruir la poca institucionalidad que iba quedando, al tiempo que promueven corrupción e impunidad. Hay que sumar el fracaso en política exterior y la falta de respeto pleno a los derechos humanos.
El mejor ejemplo lo vimos apenas en la víspera del aniversario, cuando la CC servil respalda en todo al presidente y el MP vuelve a demostrar que opera a favor de detener de una vez por todas la lucha anticorrupción y aumentar la impunidad.
Consuelo Porras va con todo contra la jueza Erika Aifán –galardonada internacionalmente por ser independiente, como debe ser–, y además debilita otro de los casos en marcha, al solicitar que se archive cualquier investigación en contra el exembajador Julio Ligorría. Por cosas como estas, EEUU la califica de corrupta y antidemocrática.
LEE ADEMÁS: La respuesta de la jueza Aifán ante acoso de la fiscal general Consuelo Porras.
Ahora veremos el empeño por continuar con el control pleno del sector justicia con la manipulación de las elecciones del nuevo fiscal general, la CSJ, el contralor general y finalmente el PDH.
¿Dos años no para el olvido? ¡Jamás! Dos años para llorar por lo desacertado de la gestión presidencial –incluso durante la pandemia– por la forma en que han tomado control de las cortes, el MP, contraloría y demás instituciones.
Sin buen funcionamiento institucional, la democracia es la que paga… es decir el pueblo.
Cada lector puede analizar desde su perspectiva. No me cabe duda de que si hubiera una encuesta, muy pocos dirían que sienten satisfacción por la labor de la administración Giammattei. Corrupción, impunidad y escándalos han sido las notas más destacadas.