Tres niños y dos adultos fueron asesinados este viernes mientras el país afronta un debate sobre la aplicación de la pena de muerte para los asesinos de los infantes luego del fallecimiento de una menor de ocho años a quien secuestraron también esta semana.
Para investigar lo sucedido, la Policía Nacional Civil (PNC) acordonó la casa situada en la aldea Liquidanbar, municipio Concepción Las Minas, Chiquimula, en la que fueron encontradas las víctimas, identificadas como Carlos Ramos de 62 años y María Gallardo Ramos, de 30, además de dos niñas; Jessica y Alejandra de 11 y 9 años y Juan, de 4.
Por el momento no se ha informado la manera en que se perpetraron los asesinatos, pero varios medios señalan que se ejecutaron con arma blanca.
El caso de Sharon Figueroa
El hecho llega poco después de que el asesinato de Sharon Figueroa, una niña de ocho años, haya sido el detonante de un debate sobre la pena de muerte en el país impulsado por el presidente Alejandro Giammattei.
La pena de muerte está reconocida por la constitución en Guatemala, sin embargo, no se aplica desde comienzos de siglo cuando el entonces presidente, Alfonso Portillo, derogó la ley que regulaba el trámite de indulto del presidente necesario para aplicarla.
Giammattei pidió al Congreso que le restituyan este poder porque no le temblaría la mano para «firmar una inyección letal para un asesino».
La Corte de Constitucionalidad excluyó la pena de muerte para casos como el del asesino de esta niña y una multitud de supuestos considerando que esta violaba principios presentes en la Constitución y en tratados internacionales suscritos por el país. Solo se permite para crímenes políticos o procesos relacionados con la extradición.
En la actualidad, 26 personas permanecen en el corredor de la muerte ante la imposibilidad de que se ejecute la pena capital bajo el actual marco legislativo.