Zamora entendió siempre que la esencia del periodismo no es agradar al poder, sino fiscalizarlo. Pero, decir la verdad en Guatemala implica enfrentarse a estructuras que reaccionan con hostilidad cuando se ven expuestas».
Jaime Barrios Carrillo (Intelectual y escritor guatemalteco)
Hablar de Zamora es hablar de una figura trascendental del periodismo investigativo en Guatemala y América Latina de las últimas décadas. Así lo confirman los reconocimientos internacionales que ha recibido, como el premio Albies por su lucha contra la corrupción otorgado por la Fundación Clooney para la Justicia en 2025 o el Reconocimiento a la Excelencia del Premio Gabo en 2024.
Su trayectoria profesional no solo se distingue por la calidad de sus investigaciones, sino por su inquebrantable compromiso con la verdad. En los medios que fundó y dirigió, especialmente elPeriódico, impulsó un periodismo que incomodó a los actores de la corrupción estructural, política y económica, que ha socavado las funciones legítimas del Estado. Se expusieron redes de corrupción y se desnudó los mecanismos de impunidad, enquistados en las instituciones y sus conexiones con las mafias.
Zamora entendió siempre que la esencia del periodismo no es agradar al poder, sino fiscalizarlo. Pero, decir la verdad en Guatemala implica enfrentarse a estructuras que reaccionan con hostilidad cuando se ven expuestas. Por eso, su trabajo lo convirtió en blanco de ataques constantes, campañas de desprestigio, atentados y amenazas.
Existe una relación entre democracia y libertad de expresión: son dos caras de la misma moneda. Sin una prensa libre, la democracia se vacía de contenido; sin democracia, la prensa independiente es asfixiada. En Guatemala, esta relación se ha deteriorado gravemente en los últimos ocho años. La cooptación de organismos de justicia y la consolidación de redes de poder han generado un entorno cada vez más adverso para el ejercicio del periodismo.
En ese contexto, el caso de José Rubén Zamora resulta emblemático. Fue encarcelado de manera arbitraria mediante procesos plagados de irregularidades, acusaciones inconsistentes y denuncias claramente fabricadas. Lejos de responder a un genuino interés por la justicia, su persecución evidenció el uso del sistema judicial como herramienta de represalia.
La persecución judicial en Guatemala ha dejado de ser un mecanismo para proteger a los ciudadanos y garantizar el Estado de derecho. Por el contrario, se ha convertido en un instrumento para criminalizar a quienes resultan incómodos: periodistas, jueces independientes, fiscales y defensores de derechos humanos. Se construyen casos sin sustento sólido, se manipulan pruebas, se retrasan audiencias y se utiliza la prisión preventiva como castigo anticipado. Todo ello bajo una fachada de legalidad que busca legitimar lo que en esencia es una forma de represión.
El caso de Zamora refleja con claridad esta dinámica. Desde su captura, el proceso estuvo marcado por una evidente tosquedad jurídica que delata la intención de silenciarlo. Mientras se le mantenía en prisión con tácticas dilatorias e inhumanas, otros actores señalados por corrupción o delitos graves obtenían beneficios, eran liberados o incluso rehabilitados en sus cargos. Esta selectividad evidencia un sistema de justicia distorsionado.
Tres años y medio de cárcel no lograron doblegarlo. Lejos de quebrar su espíritu, fortalecieron su condición de símbolo de resistencia frente al abuso de poder. Su caso trascendió fronteras y generó preocupación en la comunidad internacional, que ha visto en su encarcelamiento una señal alarmante del deterioro democrático en Guatemala. Hoy, bajo una medida sustitutiva, Zamora espera el fin de una pesadilla marcada por la persecución judicial, con la convicción de que su absolución final es solo cuestión de tiempo.
El cierre de elPeriódico y el encarcelamiento de su fundador y presidente constituyen uno de los episodios más graves en la historia reciente del país. La desaparición de ese medio dejó un vacío en el sistema informativo y envió un mensaje intimidante a todo el gremio periodístico.
Este hecho debe ser entendido como uno de los peores ataques a la libertad de expresión en Guatemala. Porque cuando se clausura un medio y se encarcela a un periodista por su labor, no solo se vulnera un derecho individual, sino que se atenta contra el derecho colectivo de la sociedad a estar informada. Se limita el acceso a la verdad y se debilitan los mecanismos de control democrático.
Esta forma de “judicialización” o lawfare no solo erosiona la confianza en las instituciones, sino que socava los cimientos del Estado de derecho. Se construye así un seudo sistema donde la ley deja de ser garantía de justicia para convertirse en instrumento de persecución disfrazada de legalidad.
Lo ocurrido con José Rubén Zamora quedará registrado como un capítulo oscuro en la historia. Un momento en el que se intentó imponer el silencio mediante la persecución, el encarcelamiento y la censura. Pero también será recordado como el ejemplo de un periodista que, pese a todo, no fue doblegado. Porque la verdad, aunque perseguida, no desaparece. Puede ser silenciada temporalmente, pero siempre encuentra el camino para salir a la luz.