Segunda masacre de migrantes; en ambos casos ha habido guatemaltecos como víctimas
Diez años después de la “masacre de San Fernando”, en el estado de Tamaulipas, México, en la que 72 migrantes fueron asesinados, presuntamente por negarse a trabajar para el cartel de los Zetas, se conoce de otra masacre, esta vez de 19 migrantes, entre ellos un número no establecido de guatemaltecos.
Lo critico de la situación, es que de aquella primera masacre, no se produjo hasta la fecha ninguna captura o condena, por lo que la prensa mexicana considera esa región como “tierra de violencia e impunidad”.
Si bien ahora se sabe que el ministerio del Exterior de Guatemala ha solicitado información sobre los hechos, a la espera de la identificación de las víctimas –cuyos cadáveres se encontraron calcinados–, en la anterior ocasión no se ejerció ningún tipo de presión sobre las autoridades mexicanas para llevar a cabo una investigación, según reconocen fuentes oficiales de México.
En aquella ocasión se pasó de la indignación al olvido, aunque hay cierto número de familias que siguen exigiendo a las autoridades locales que lleven a cabo una investigación y se castigue a los responsables, lo cual parece difícil transcurrida una década.
Las fotografías de los cuerpos apilados de hombres y mujeres maniatados, con los ojos encintados y con disparos en la cabeza, conmocionaron al mundo. A pesar de ello, la Justicia mexicana sigue dando largas. Ninguno de los 15 detenidos por la masacre ha sido sentenciado todavía.
La impunidad a la vista
La abogada Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho, destaca de ese caso que, “lo que puede resumir el estatus del caso es la impunidad, desdén y falta de voluntad política”.
Para las familias, la responsabilidad del Estado mexicano en la prevención de los hechos es evidente, sobre todo si se tiene en cuenta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ya había advertido en un informe sobre la grave situación de secuestro de migrantes.
Según la versión oficial, el crimen ocurrió a menos de 150 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, destino final de los 58 hombres y 14 mujeres originarios de Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador, Brasil e India.
Esta vez, como en aquella ocasión, las fotos de la masacre impresionaron tanto en México como en el exterior, pero luego el caso pasó al olvido y las autoridades del vecino país dejaron que el tiempo sepultara la tragedia.
Las autoridades mexicanas dicen que los migrantes fueron secuestrados por el cartel de Los Zetas y llevados a un rancho donde se les quiso obligar a trabajar para el grupo, pero al negarse los masacraron, pero hubo dos sobrevivientes, entre ellos un ecuatoriano que se hizo pasar por muerto y luego escapó para dar a conocer a las autoridades de la Marina lo que sucedido.
Como ocurre en esta ocasión, no todos están convencidos que se trata únicamente de obra de los carteles de la droga: “Hay más preguntas que respuestas», es el comentario de entonces y que ya empieza a escucharse ahora en voz baja.
La abogada Delgadillo, que ha representado las familias desde hace nueve años, solo hasta hace tres logró tener acceso a los expedientes. «Ha sido un camino para las víctimas marcado de obstáculos para que no puedan saber lo que pasó», denuncia.
Cinco familias guatemaltecas y una brasileña que recibieron restos de sus seres queridos han expresado dudas sobre la veracidad de la identidad de estos.
Ese es el camino que espera a las familias de las víctimas de esta nueva masacre. Ha habido cambio de gobierno de México durante este tiempo, pero eso no quiere decir que las cosas han cambiado, sobre todo, porque las fuerzas de seguridad y el narcotráfico en la región actúan estrechamente vinculadas.