| A 25 años y con normativa vigente como Acuerdos de Estado, el ataque ultramontano (civil y militar) con una estrategia contrainsurgente de los tres últimos gobiernos, así como la indiferencia de la sociedad y sus flamantes representantes, ha logrado inutilizar la Paz, esa que iba más allá del silencio de los fusiles y que pretendió sentar las bases de un modelo diferente de país. |
José Alfredo Calderón E.
Historiador y analista político
El recién pasado 29 de diciembre de 2021 se cumplieron 25 años de la firma de los Acuerdos de Paz. Pocas actividades conmemorativas por varias “razones” que se concentran en una sola: Los Acuerdos no interesan: A los contrainsurgentes de todo signo (tanto civiles como militares) porque los detestan y para ellos nunca debieron existir. Mientras algunas izquierdas y corrientes “progres”, los desacreditan, ya sea mediante el olvido o la fustigación sobre el carácter improductivo de los mismos, como si se tratara de una medición industrial y que, el giro de modelo de un país, fuera un asunto de soplar y hacer botellas.
Quedamos también, una minúscula porción de “románticos” que consideramos los Acuerdos valiosos y creemos que hay que retomarlos para no partir de cero y generar una nueva ruta. Por supuesto, existe un grupo de la “izquierda histórica”, que considera a la lucha armada (de nuevo) como la única ruta para cambiar de rumbo. Durante las actividades de conmemoración (crítica y romántica) nadie mencionó la Ley Marco de los Acuerdos de Paz, decreto legislativo 52-2005 ni la institucionalidad que dicha normativa crea, es decir, el Consejo Nacional para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz –CNAP–
Eso sí, la emotividad en los discursos habló de muchas cosas, pero olvidaron algo fundamental: Son Acuerdos de Estado, aunque este, haya pasado 9 años regateando esta condición, la cual, se contempló posteriormente en el artículo 3º. del decreto mencionado. La firma de la Paz debió entrar en vigencia inmediatamente (29 de diciembre de 1996) pero mediante diversos artilugios[i], fue hasta agosto de 2005 que se emitió la Ley correspondiente y se logró instalar el CNAP en 2006, correspondiendo al suscrito ser su primer secretario técnico, ahora llamado, director ejecutivo. En forma ininterrumpida, continué como consejero ad honorem, siendo desde 2012 hasta la fecha, representante del PDH en dicho Consejo. Considero, entonces, contar con la autoridad moral y técnica para hablar al respecto y de cómo, muchos de los adalides que surgieron posteriormente a la firma de la Paz, nunca se apersonaron en el Consejo, mucho menos brindando algún tipo de apoyo.
Casi nadie conoció o conoce la existencia legal de este ente, el cual está vigente, aunque bloqueado por los distintos gobiernos, con énfasis en los dos últimos.
Paradójicamente, el gobierno empresarial de Berger fue el único que le dio algún apoyo, no sin regatear algunas cosas. Posteriormente, se creyó que un gobierno supuestamente socialdemócrata (UNE) le daría el impulso que se necesitaba, siendo todo lo contrario.
Dos subsecretarios de la SEPAZ fueron prolíficos para atacar la Paz: Oscar Estuardo Bautista Soto de la UNE, continuando en el puesto al llegar el partido Patriota, y Hugo Rigoberto Casasola Roldán, nombrado por Jimmy Morales, con continuidad en el actual gobierno; ahora, incluso, dirige la nueva e ilegítima entidad que surgió por la anulación de la SEPAZ, es decir, la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos –COPADEH–.
La estrategia de aniquilar la Paz, tuvo en la subsecretaría de la SEPAZ, el operador táctico mediante dos herramientas: el ahogamiento financiero y la gran cantidad de partidos políticos conservadores con voto. En el primer caso, a pesar de contar con su propio presupuesto, el CNAP dependió siempre de un intermediario, ya que, por ley, la SEPAZ, debía canalizar los gastos, pero, en la práctica, esta secretaría de Estado decidía cuándo anular, limitar o retardar un procedimiento financiero y administrativo para inhabilitar la actividad del CNAP. En el segundo caso, la Ley Marco dispuso que la representatividad del Consejo debería incluir a la totalidad de partidos políticos representados en el Congreso, quienes nunca participaban, a no ser que hubiese elección de Comité Coordinador o un asunto de importancia para el gobierno. Al final, sus votos decidían fácilmente cualquier asunto vital que se tocase.
La estrategia general, siempre fue comandada por el –sorprendentemente– nombrado secretario de la Paz en el gobierno patriota: Antonio Arenales Forno[ii]. Luego se consolidó con el gobierno del FCN-Nación de Jimmy Morales, dejando al actual gobierno, la cancelación de varias instituciones que eran legado de los Acuerdos o entidades muy relacionadas: Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos –COPREDH–, la Secretaría de Asuntos Agrarios –SAA– y la Secretaría de la Paz –SEPAZ–. Giammattei quiso anular también al CNAP y la Secretaría Presidencial de la Mujer –SEPREM–, pero en ambos casos no pudo. En el primero, por el sustento legal del Decreto Legislativo 52-2005 y, en el segundo, por la presión internacional y los compromisos del Estado de Guatemala a nivel internacional con respecto al tema de mujeres. Por eso, la verdadera institucionalidad se crea desde el Congreso y no mediante acuerdos gubernativos de la presidencia.
Sin sede, sin papelería, sin poder disponer del presupuesto legítimamente propio y con el bloqueo sistemático del actual gobierno para que no se acuda a las convocatorias del último Comité Coordinador electo y que sigue vigente por no poder abandonar los cargos, el CNAP se mantiene a duras penas vivo, pero sin poder operar. Lo planificado desde hace mucho, pero con mayor fuerza desde 2012 con Otto Pérez Molina de presidente, logró la regresión ultraconservadora.
Finalmente, es importante describir la composición del Consejo, el cual, desde la llanura y la utopía, resiste, para retomar los Acuerdos de Paz aunque haya que hacer los ajustes que correspondan.
El CNAP se forma así: Un Comité Coordinador formado por un coordinador y un subcoordinador general, los consejeros a cargo de los cinco comités específicos de apoyo y una secretaría técnica a cargo de SEPAZ (ahora COPADEH). Las comisiones desde su origen son:
– Reformas del Estado
– Desarrollo Económico Social
– Pueblos Indígenas
– Derechos Humanos, Seguridad y Justicia, y
– Mujer (a partir de 2017)
La asamblea general se compone de representantes de los tres organismos del Estado: Ejecutivo (SEPAZ, SEGEPLAN Y MINFIN), Legislativo (un miembro de junta directiva) y Judicial (un magistrado de la Corte Suprema de Justicia). Así mismo, están representados los sectores de mujeres, pueblos indígenas, sindical, empresarial, académico, campesino y organizaciones de DDHH (un miembro cada uno). También un representante de cada partido político representado en el Congreso de la República, así como URNG como signataria de la Paz. Complementan el CNAP, dos representantes en calidad de observadores: PNUD Y PDH. Los observadores solo tienen voz, pero no voto, al igual que el magistrado de la CSJ designado.
Irónicamente, el artículo 6º. Del decreto 52-2005 dice:“El CNAP tendrá autonomía e independencia funcional para dialogar, coordinar, consensuar, impulsar, promover, orientar e incidir en las reformas legales, políticas, programas y proyectos derivados que contribuyan al pleno cumplimiento de los Acuerdos de Paz.”
A 25 años y con normativa vigente como Acuerdos de Estado, el ataque ultramontano (civil y militar) con una estrategia contrainsurgente de los tres últimos gobiernos, así como la indiferencia de la sociedad y sus flamantes representantes, ha logrado inutilizar la Paz, esa que iba más allá del silencio de los fusiles y que pretendió sentar las bases de un modelo diferente de país.
Para unos, nunca debieron existir los Acuerdos, para otros, solo sirvieron mientras eran tema para lograr financiamiento internacional, otros muchos, la mayoría, ni siquiera están enterados de lo que describo en este artículo.
No se volverá a tener otra oportunidad así para proponer un nuevo modelo de país. Ahora, solo toca resistir los embates de la estocada final de la alianza criminal de empresarios, militares, políticos y fundamentalistas religiosos, quienes lograron cooptar todo el Estado y retrocedernos a 1954.
[i] El principal artilugio fue la manipulación de la consulta popular de 1999, durante el gobierno de Arzú.
[ii] Muy pocos nos imaginamos por qué el Monje Negro, acostumbrado a puestos de alto perfil, llegaba a una secretaría sin mayor relevancia, aparentemente…