- Estudio muestra fallas y retrocesos en el el MP, mientras que diez países se suman a sanciones contra Fundaterror y sus ejecutivos
Pasan los años y la única evaluación positiva que se escucha o conoce del Ministerio Público (MP) es la que hace la fiscal general Consuelo Porras en su informe anual. Opiniones de país, de organismos internacionales que defienden la justicia, la libertad de expresión y los derechos humanos, piensan diferente.
El sistema de justicia guatemalteco volvió a colocarse en el centro del escrutinio internacional esta semana, cuando una institución judicial de la República Argentina publicó un informe demoledor que acusa al aparato de justicia de Guatemala de estar profundamente cooptado, y de funcionar al servicio de intereses oscuros que persiguen a quienes han luchado contra la corrupción, en vez de a los corruptos.
Este documento se suma al anuncio de que 10 países se han adherido formalmente a sanciones contra la Fundación contra el Terrorismo (Fundaterror) y varios de sus dirigentes, a quienes acusan de manipular políticamente el sistema judicial en connivencia con el Ministerio Público.
El mensaje es claro: la comunidad internacional sigue cerrando filas frente a un Estado que ha invertido los principios de justicia y legalidad, persiguiendo a fiscales, jueces y periodistas, mientras deja en libertad y protege a redes de corrupción que han saqueado al país.
Fundaterror: de ONG a instrumento de persecución
Las sanciones anunciadas por un bloque de diez países —Albania, Armenia, Bosnia y Herzegovina, Islandia, Liechtenstein, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte, Noruega y Ucrania– se unen a la decisión de la Unión Europea y vuelven a colocar en el banquillo de los acusados a Fundaterror, una organización que, bajo el discurso de la “lucha contra el terrorismo”, ha sido señalada en múltiples ocasiones por su papel como brazo ideológico y judicial del pacto de corruptos que opera en el país.
Las sanciones están directamente dirigidas a su presidente, Ricardo Méndez Ruíz, el abogado Raúl Falla, y la propia ONG, que muchos califican como un brazo «parajudicial» de quienes controlan gran parte del sistema de justicia para mantener impunidad, principalmente en casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno.
Según los informes, esta fundación ha promovido activamente la criminalización de jueces independientes, fiscales anticorrupción y defensores de derechos humanos, tildándolos de “terroristas judiciales”, una narrativa peligrosa que ha sido acogida por el MP, actualmente encabezado por la fiscal general Consuelo Porras, quien ha sido sancionada por Estados Unidos y más de 30 naciones naciones por “obstruir la justicia y socavar procesos democráticos”, por lo que la han calificado como «corrupta y antidemocrática».
El estudio titulado ¿Eficacia o impunidad? El desempeño del Ministerio Público durante la gestión de Consuelo Porras 2018-2025”, fue presentado la tarde de este martes por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) de Argentina. El documento advierte sobre «el grave retroceso institucional durante estos siete años, con impactos negativos en el estado de derecho, la democracia y los derechos humanos en Guatemala».
Uno de los hallazgos es que bajo el mando de la fiscal Porras, se ha visto la disminución de la eficacia del MP, «que pasó del 14.03% en 2018-2019 a 6.44% en 2024-2025 (una reducción relativa del 54.08%)». También se destaca entre las múltiples ineficiencias del ente encargado de la persecución penal en el país que «ha perseguir a los corruptos para transformarse en un arma de persecución política contra quienes se enfrentaron a la impunidad».
Frases a destacar
Recuadro: Las frases clave de la condena internacional
• “Guatemala ha convertido el sistema penal en un instrumento de persecución política” — Informe judicial de Argentina, junio 2025.
• “Consuelo Porras ha obstruido activamente investigaciones de corrupción y debe rendir cuentas” — Departamento de Estado de EE.UU., 2022.
• “Fundaterror actúa como un actor desestabilizador del orden legal en Guatemala” — Cancillería de Francia, junio 2025.
• “Jueces y fiscales están siendo castigados por cumplir su deber” — Amnistía Internacional, 2024.
Una justicia al revés
El informe argentino, que incluye análisis forenses de más de 40 casos judiciales en Guatemala desde 2018, traza un patrón inquietante: las estructuras que antes luchaban contra la corrupción han sido desmanteladas o forzadas al exilio, mientras los operadores de justicia que actuaron con independencia han sido procesados penalmente, encarcelados o han debido huir para salvar su vida.
La extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y su legado han sido blanco de ataques sistemáticos. Desde su salida forzada en 2019, se ha desatado una verdadera cacería contra quienes colaboraron en su labor. La fiscal Virginia Laparra, en prisión desde hace más de dos años, se ha convertido en un símbolo de esa represión institucionalizada. A ella se suman los casos de jueces como Erika Aifán, Miguel Ángel Gálvez y otros operadores judiciales que hoy viven en el exilio, criminalizados por ejercer la ley con imparcialidad.
Señalamientos internacionales reiterados
El informe de Argentina y las sanciones contra Fundaterror no son hechos aislados. En los últimos años, diversas instituciones y países han denunciado con creciente contundencia la cooptación estructural del sistema judicial guatemalteco:
- La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) ha alertado sobre la regresión democrática y la falta de independencia judicial en Guatemala.
- La Unión Europea, en comunicados de alto nivel, ha advertido sobre la persecución de jueces y fiscales que trabajaron en casos de alto impacto de corrupción.
- Estados Unidos, a través de su Departamento de Estado, incluyó a Consuelo Porras y otros funcionarios judiciales en su “Lista Engel”, por participar en actos significativos de corrupción y socavar la democracia.
- Organismos como Human Rights Watch, Amnesty International y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) han documentado el uso del sistema penal para silenciar a quienes denuncian el desmantelamiento institucional del país.
Todas estas alertas convergen en un mismo diagnóstico: la justicia en Guatemala ha sido convertida en un instrumento de venganza política, y los principios de debido proceso y separación de poderes han sido subordinados a los intereses de un bloque que busca protegerse de la rendición de cuentas.
El Ministerio Público como epicentro
Las críticas internacionales se enfocan cada vez más en el papel central que juega el Ministerio Público en esta arquitectura de impunidad. Desde la llegada de Consuelo Porras a la jefatura del MP, se han archivado o abandonado investigaciones clave contra funcionarios de alto nivel, mientras se ha activado toda la maquinaria penal contra quienes lideraron la lucha anticorrupción en la última década.
Entre los casos paradigmáticos están el de la exfiscal general Thelma Aldana, que también tuvo que salir del país luego de enfrentar una serie de denuncias consideradas espurias y del exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, quien fue destituido sin previo aviso mientras dirigía investigaciones sensibles contra actores del poder político.
El costo del silencio institucional
En este contexto, resulta preocupante la inacción del sistema político guatemalteco ante la gravedad de estas acusaciones. Ni el Congreso ni el Ejecutivo —más allá de algunos gestos simbólicos del presidente Bernardo Arévalo— han logrado remover los obstáculos que mantienen secuestrada la justicia. La Corte Suprema de Justicia, por su parte, sigue prorrogando mandatos vencidos, validando nombramientos cuestionados y avalando decisiones que consolidan el control político sobre el sistema judicial.
Mientras tanto, la impunidad sigue su curso. Casos como Odebrecht, La Línea o los múltiples escándalos de financiamiento electoral ilícito permanecen en el olvido, protegidos por un manto de opacidad garantizado por fiscales leales al nuevo pacto de corruptos.
¿Y ahora qué?
Las recientes sanciones internacionales representan un nuevo golpe simbólico y diplomático, pero también ponen a Guatemala en una posición cada vez más aislada. Las advertencias no son solo morales: afectan la cooperación internacional, la inversión extranjera y el respeto de los compromisos multilaterales del país. El riesgo de convertirse en un “Estado paria” en materia de justicia no es lejano.
El dilema es claro: Guatemala debe decidir si se mantiene en esta deriva autoritaria o si reencauza su sistema de justicia hacia la independencia, la transparencia y el respeto al Estado de Derecho. El tiempo para tomar esa decisión se agota.