Organizaciones civiles de El Salvador reivindican que “solo hay un Constitucional” tras las destituciones

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Un grupo de 26 organizaciones civiles condenó este lunes la decisión de la nueva Asamblea Legislativa salvadoreña, de mayoría oficialista, de destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general, Raúl Melara, y reivindicaron, asimismo, que “solo hay un Constitucional”.

Así, expresaron que las actuaciones de los diputados electos carecen de validez.

Para las organizaciones civiles, las destituciones de este sábado suponen, en primer lugar, un “atentado contra el derecho de todos los salvadoreños a una justicia independiente”.

En este sentido, afirmaron que el “revestimiento jurídico de las destituciones es una burda simulación que no resiste el más mínimo análisis de coherencia” y han insistido en que las actividades del tribunal “serán ilegítimas y constitutivas de delitos y otras responsabilidades personales”.

“En el país solo existe una Sala de lo Constitucional y es la que recibió un ataque manifiesto a la independencia judicial“, dijo Sonia Rubio, de Fundación para el Debido Proceso (DPLF).

El proceso del nombramiento de los presuntos magistrados carece, por lo tanto, totalmente de legitimidad y de legalidad”, aseveró.

Bukele

El reemplazo de los magistrados, sin embargo, ha sido aplaudido por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, si bien se ha topado con la condena de la comunidad internacional, que han pedido que se respete la separación de poderes.

“Tenemos que continuar exigiendo que se respete la Constitución y a la Sala. La Sala es la única que puede interpretar, por lo tanto, la Constitución y la Sala emitió ayer una resolución y todos tenemos que acatarla”,

dijo Miguel Ángel Simán, presidente de Fusades.

El Alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, indicó que se encuentra siguiendo, por lo tanto, “con preocupación” los últimos eventos en El Salvador, que “cuestionan el funcionamiento del Estado de Derecho y la separación de poderes“.

“La seguridad jurídica y física de los magistrados en el ejercicio de sus funciones debe ser plenamente garantizada”, subrayó.


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