Las acciones del MP siguen la línea de la ilegalidad, atentan contra la democracia y la seguridad de los ciudadanos y desnudan las intenciones que hay detrás… la violencia está a la vuelta de la esquina».
Gonzalo Marroquín Godoy
El país vive su momento más oscuro desde que volvió la democracia en 1986. El presidente Alejandro Giammattei y sus aliados –algunos de los cuáles empiezan a alejarse– están ante una encrucijada tremenda: respetar las leyes y la voluntad popular o utilizar la fuerza para reprimir al pueblo, que repudia, cada vez con más fuerza, las acciones que pretenden impedir la segunda vuelta electoral y el predecible triunfo en las urnas de Bernardo Arévalo y Semilla.
La alianza oficialista ha mancillado el sistema de justicia del país durante más de tres años y ha utilizado al Ministerio Público (MP), a cargo de Consuelo Porras, como mazo represor, con el acoso judicial como arma principal. Primero se persiguió a operadores de justicia que actuaron en contra de la corrupción e impunidad, luego fue contra periodistas y ahora, como perro de caza, se lanza en contra del principal opositor político. Todo, porque no se quiere perder el poder absoluto, ese que ha corrompido al Estado de manera absoluta.
Actúan bajo una burda fachada de legalidad, en la que marionetas (fiscales y jueces) o titiriteros (tipo fundaterror) se convierten en acusadores y verdugos. Así ha sido todo este tiempo, pero ahora han cruzado la línea y destapan la cloaca en la que han convertido el país. Actuar mal siempre es un error, pero llegar a este extremo es temerario, porque el pueblo está empezando a despertar.
Una vez más dos actores oscuros de esta trama del oficialismo y sus aliados han saltado a la palestra y se colocan claramente en posición de ilegalidad. Se trata de Rafael Curruchiche –quien ¡sin duda! actúa con el consentimiento de su jefa– y el juez Freddy Orellana. Ambos han cometido el delito de prevaricato, al realizar acciones o tomar resoluciones abiertamente ilegales que responden al capricho del grupo gobernante.
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Solicitar la suspensión de la personería jurídica de Semilla es ilegal. Dictar la suspensión es ilegal, como ilegal es la persecución que han iniciado contra dicho partido y, particularmente, el allanamiento del TSE esta mañana. Es insólito hasta dónde están dispuestos a llegar.
¿Qué tantas grandes y abundantes son las colas que quieren ocultar? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar para que no se les investigue, mucho menos persiga? Es evidente que son enormes y muchas, por lo que harán hasta lo imposible por evitar que su sistema se derrumbe.
El problema para ellos es que, tras las elecciones del 25 de julio, el cielo empezó a caerles encima. El voto nulo, de repudio al sistema ganó en las urnas, pero además surgió por sorpresa la figura de Bernardo Arévalo y el partido Semilla para ocupar la segunda casilla y ganar la oportunidad de ir a segunda vuelta frente a otra de las representantes de la camarilla política dominante, Sandra Torres.
Entonces se dieron cuenta del peligro que corrían. Hoy controlan todo: los tres poderes del Estado, la CC, el MP, la PDH, la USAC, el Colegio de Abogados y hasta el deporte –por eso nuestros atletas no pudieron participar bajo la bandera patria en los recientes Juegos Centroamericanos–. Si gana Arévalo, pierden no solo el control del Ejecutivo, sino quedan expuestos ante un pueblo que ya abrió los ojos y está comprobando, cada día más, que vivimos bajo una dictadura de sistema.
Están desesperados y por eso llevan al país al caos. Con resoluciones ilegales hablan de legalidad, con acciones y violencia tratan de intimidar. En la otra mano está la fuerza de las organizaciones populares, está la voluntad ciudadana y se escucha con fuerza la voz de la comunidad internacional –países y organizaciones–, que advierten sobre lo límites que se están sobrepasando.
La balanza antes del 25 de junio mostraba mucha disparidad: en un platillo estaba el peso enorme que reunía la poderosa alianza oficialista. En el otro, apenas había grupos pequeños o aislados, un poco de prensa independiente, tímidas voces de la comunidad internacional, y los opositores al sistema. El escenario cambia ahora rápida y consistentemente.
La alianza oficialista muestra sus primeras rajaduras y muchas ratas tiemblan, mientras que en al otro platillo se suben la fuerza popular, las organizaciones y ciudadanos indignados, aumenta la presión internacional y, sobre todo, se hace evidente que la auténtica justicia –qué no es la que dictan jueces y cortes– ha brillado por su ausencia.
Hay caos. Todos sabemos cómo lo inició el oficialismo. Al igual que ocurre con las guerras, se sabe cómo principian, pero es incierto su final.
Aquél que pedía la bendición para Guatemala de manera demagógica está a punto de decidir si podemos retomar la senda democrática sin violencia u opta por utilizar a las fuerzas públicas y pasar a la historia como un irracional gobernante que dio la orden de disparar contra el pueblo.
Guatemala merece lo mejor. Guatemala merece libertad y prosperidad. ¡Guatemala merece un cambio de su clase política!
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