Batalla jurídica del oficialismo y algunos aliados para impedir participación de Semilla y Arévalo

  • El Ministerio Público (MP), a cargo de Consuelo Porras, violenta nuevamente derechos fundamentales para ir en contra de su nuevo objetivo; aparecen las mismas figuras que acosan a la prensa.
  • En una acción ilegal, se realiza allanamiento a instalaciones del TSE, violentando su independencia y autonomía.

Guatemala se encuentra en medio de una batalla jurídica iniciada el martes por el Ministerio Público (MP) para lograr la suspensión del partido Semilla e impedir su participación en la segunda vuelta electoral, mientras la alianza oficialista muestra síntomas de debilitamiento, en medio de las violaciones constitucionales que impulsa la institución a cargo de la fiscal general Consuelo Porras.

Esta mañana, el MP logró y ejecutó una orden de allanamiento a las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE), llevando el caos jurídico-político a su máxima expresión, en una demostración de que el sistema de legalidad no se respeta en Guatemala en estos momentos.

Anoche, el sector empresarial organizado en cámaras (CACICF), así como el Consejo Nacional Empresarial (CNE), se pronunciaron a favor de que se respete lo establecido por la Ley Electoral y de Partidos Políticos, de órden constitucional, que en su artículo 92 señala: claramente: «No podrá suspenderse un partido después de la convocatoria a una elección y hasta que esta se haya celebrado».

El CACIF, que en el pasado se abstuvo de censurar acciones del oficialismo, se ha apartado de la línea que se ha tratado de imponer por parte de los partidos aliados al oficialismo, con el fin de impedir la segunda vuelta electoral primero, y ahora atacando directamente la participación del candidato Bernardo Arévalo y Semilla, fuerza que quedó en segundo lugar en las elecciones del pasado 25 de junio.

El MP inició las gestiones para lograr la suspensión de la personalidad jurídica de Semilla por medio del fiscal de la FECI, Rafael Curruchiche, quien utilizó al juez séptimo de primera instancia penal, Freddy Orellana, para lograr una resolución favorable y obtener la orden de allanamiento ilegal al TSE esta mañana.

El TSE, por su parte, y contrario a lo que esperaba el oficialismo, ratificó la celebración de la segunda vuelta para el 20 de agosto y ratificó que los candidatos que irán a la contienda en las urnas son Sandra torres (Une) y Arévalo.

Los analistas consideran que las acciones del oficialismo y sus aliados son «desesperadas e ilegales», razón por la cual han surgido discrepancias con ciertos grupoos e instituciones que antes le fueron afines o no confrontativas, como son los casos del CACIF y del propio TSE.

A nivel popular, varias organizaciones y grupos sociales se organizan para «defender el derecho al voto» y de persistir la situación podrían darse protestas y manifestaciones de repudio para lo que pretende llevar a cabo el MP. si hay acciones en contra de estas resoluciones, se podrá a prueba la lealtad hacia el oficialismo de las cortes Suprema de Justicia (CSJ) y de Constitucionalidad (CC).

El presidente Alejandro Giammattei, sin que nadie solicitara su posición, anunció hace pocos días que no continuará en el cargo después del 14 de enero, lo que muestra que detrás hay una intención de suspender o impedir la segunda vuelta electoral y crear un vacío similar al que se hizo con la CSJ, que lleva más de tres años ejerciendo inconstitucionalmente.

La comunidad internacional y los grupos de observación electoral expusieron desde un inicio que no hubo fraude electoral y se pronunciaron a favor del respeto al voto, a pesar de lo cual, el oficialismo y sus partidos aliados intentaron boicotear el resultado, aunque en el recuento se confirmó el resultado a favor de Semilla para ir a la segunda vuelta el 20 de agosto.