En marcha «paquetazo de noviembre» del oficialismo y sus aliados en contra de la democracia

  • El MP, cortes y Congreso de la República enfocan sus baterías en el binomio Arévalo/Herrera, el partido Semilla, el vicepresidente Castillo y el TSE.

La elección «exprés» de de nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) ayer y los antejuicios a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y al vicepresidente Guillermo Castillo, parecían ser el foco de las acciones del oficialismo y sus aliados, pero este día ha quedado claro que el «paquetazo de noviembre» incluye también al binomio presidencial electo de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, contra quienes el MP prepara acciones penales y serán sometidos a un proceso de antejuicio.

Esta semana se aceleró la marcha de la compleja estructura jurídico-política que la alianza oficialista ha venido estructurando para debilitar o entorpecer el proceso de transición democrática, con acciones sincronizadas entre el MP y el Congreso, con las cuáles se pretende actuar judicialmente en contra del proceso electoral e impedir el cambio de gobernantes el 14 de enero de 2024.

Esta es la integración de la CSJ que fue elegida de manera «exprés» por el Congreso, luego de negarse a hacerlo por cuatro años.

Esta semana se han llevado a cabo varias acciones que podrían parecer aisladas, pero todas están vinculadas con la estrategia del oficialismo. Los hechos de esta semana permiten ver con claridad el objetivo político, aunque se presenta con fachada de casos judiciales «ilegales». Estos pasos se han dado:

  • Suspensión de la personería jurídica del Movimiento Semilla.
  • Antejuicio contra el vicepresidente Guillermo Castillo por el caso de un «nombramiento ilegal», según la denuncia.
  • Antejuicio contra magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), por supuestas anomalías en software utilizado para las elecciones generales.
  • Elección «exprés» la nueva CSJ en menos de una hora, después de postergarla por más de cuatro años.
  • Destape del caso «Toma de la USAC: Botín Político” por parte del MP, con 27 órdenes de captura y allanamientos, pero también con la solicitud de antejuicio para retirarles la inmunidad al presidente electo Bernardo Arévalo y la vicepresidenta electa Karin Herrera, así como a cuatro diputados de la actual legislatura.

Este «paquetazo de noviembre», que seguramente traerá más acciones contra opositores, está enfocado en impedir que concluya la transición presidencial, a pesar de las protestas populares y los fuertes señalamientos de la comunidad internacional y, particularmente, el repudio de los Estados Unidos, que ya han advertido sobre los peligros que encierra para el país que se trate de impedir la llegada de Arévalo.

El anuncio de retiro de antejuicio que solicita el MP contra Arévalo y siete políticos más, entre ellos cuatro diputados opositores.

¿Qué se pretende con cada acción del «paquetazo»?

Aunque por le momento no hay una declaración oficial sobre las pretensiones y objetivos de estas acciones que impulsan el MP, las cortes y el Congreso, es evidente que se busca impedir, de manera acelerada, la toma de posesión del binomio Arévalo-Herrera.

Según fue denunciado ayer en el pleno del Congreso por el diputado Mario Taracena, con la eventual destitución del vicepresidente Castillo, el oficialismo pretende nombrar para el cargo a Manuel Conde u otra personalidad de su confianza, con el fin de llegar al 14 de enero sin la posibilidad del cambio presidencial y que sea la figura del vicepresidente la que asuma el poder.

Esto no está contemplado en la Constitución, por lo que todo lo que se actúe en este sentido será descaradamente inconstitucional.

Paralelamente se buscará desgastar y profundizar en el ataque al proceso electoral, para «demostrar» el supuesto fraude electoral que anunció en su momento el fiscal Rafael Curruchiche, aunque todas las organizaciones de observación electoral han declarado lo contrario y se ha calificado como «limpias y ejemplares» las elecciones de junio y agosto pasados.

Para eso se intimida también a los miembros de las juntas electorales municipales y departamentales y buscan las «justificaciones» judiciales para avanzar en las investigaciones y mantener la tesis de fraude.

Al inicio del mes el partido Movimiento Semilla fue suspendido en su personería jurídica por orden del juez Fredy Orellana, quien en este momento se encuentra fuera del país, como se ha documentado en redes sociales durante su salida rumbo a Panamá. en ese momento no se podía predecir que luego se seguiría con la cadena de acciones contra los «opositores»

¿Volverá el movimiento pro democracia?

Noviembre ha sido un mes activo. El pasado fin de semana se llevó a cabo la elección de nuevas autoridades de los 48 Cantones de Sololá. En el acto estuvieron presentes autoridades ancestrales de otros departamentos y etnias, en un acto en el que se ratificó que «continuarán las acciones de defensa de la democracia y demanda de renuncia de Consuelo Porras, Rafael Curruchiche y Fedy Orellana».

Este día se sabe que hay comunicación entre líderes del movimiento que produjo el Paro Nacional, que durante tres semanas llegó a paralizar al país, aunque no alcanzó los objetivos deseados.

Ayer, la OEA conoció por tercera vez el caso de Guatemala y volvió a señalar que las acciones del MP son para «desacreditar e impedir una transición pacífica del poder» y aseguran que esa dependencia «hace intentos por socavar el proceso democrático y los compromisos de Guatemala con la Carta Democrática Interamericana».

Estados Unidos también ha intervenido de alguna manera y ha retirado la visa a cerca de una docenas de personas no identificadas oficialmente, aunque una de ellas, la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, no pudo viajar hace unos días hacia ese país, pues fue notificada en el aeropuerto de que se le había retirado la visa. Esa acción del Departamento de Estado fue dirigida a personas que «actúan en contra de la democracia».