Avanzan investigaciones sobre corrupción en Transurbano

Las autoridades judiciales continúan con las investigaciones relacionadas a corrupción en torno a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU), operadora del sistema Transurbano, y este día se han decretado medidas cautelares para inmovilizar varias propiedades de una empresa vinculada, a donde se habrían desviado fondos, se informó oficialmente.

Dentro de las investigaciones que sigue el MP se analiza la forma en que el ex candidato presidencial del partido Líder, y ex diputado, Manuel Baldizón, benefició desde la Comisión de finanzas a la AEAU. Sobre el resultado de estas pesquisas no se han dado mayores detalles.

La Unidad de Extinción de Domio del Ministerio Público (MP), decretó el embargo de al menos 13 propiedades de la empresa Tecnología y Proyectos de Guatemala, la cual tiene entre sus socios a Luis Alfonso Gómez González, uno de los ejecutivos de la Asociación de Transporte.

Las propiedades inmovilizadas se encuentran en la ciudad capital, pero también en el interior del país.

El MP informó por medio de un comunicado que lo que se pretende es la anotación –de la inmovilización– en el Registro General de la Propiedad para así evitar el traslado de los mismos.

El MP tiene la sospecha, fundamentada en investigaciones que vienen desde hace más de un año, de que la AEAU Fue creada para ocultar la procedencia ilícita de los fondos extraídos de las arcas del Estado, lo que significaría que los directivos y funcionarios estarían involucrados en hechos de corrupción.

Además de Baldizón, la investigación podría incluir nombres de algunos funcionarios de la administración de Álvaro Colom, que fue la que impulsó este servicio de transporte público con fuerte financiamiento del Estado, algo que también podría caer en ilícito, según fuentes de la Contraloría General de la Nación.

El Transurbano es un servicio que se crea dentro de la AEAU con el consentimiento de la Municipalidad Capitalina. En realidad, se trata de una Asociación privada que recibe financiamiento del Estado para implementar la operación. El dinero se dio del Presupuesto General de la Nación, y contó con el respaldo de la comuna capitalina.