Alianza por Reformas pide detener persecución en contra del fiscal Juan Francisco Sandoval

Como “innecesario” y “sin fundamento” calificó la organización Alianza por Reformas el nombramiento de una fiscal especial para investigar al titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval.

Según detalló en un comunicado de prensa, el 80% de las denuncias contra Sandoval han sido interpuestas por la Fundación contra el Terrorismo.

En varias de las denuncias conocidas por la Fiscalía de Asuntos Internos se ha determinado la inexistencia de delitos que perseguir, por lo que se ha sugerido la desestimación. Sin embargo, dicha Fundación en lugar de acudir a los mecanismos establecidos en la ley al no estar de acuerdo con las resoluciones, ha presentado denuncias y querellas en contra de los fiscales que conocen los casos, solo por el simple hecho de no estar de acuerdo con sus decisiones”, indica el documento.

En relación con el nombramiento de la Fiscal Especial, consideran que la fiscal general, Consuelo Porras, no ha hecho referencia a las motivaciones para tomar dicha decisión.

«Si bien es cierto, el nombramiento de una fiscal especial es una facultad de la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, la resolución que la nombra debe contar con una exposición de motivos lógicamente razonados de los elementos que permitan comprender que existen razones suficientes para que tenga que investigar 13 denuncias las cuales tienen en común que la FCT es la denunciante”, puntualiza.

En tal sentido, argumenta que la creación de fiscalías especiales correspondía para casos complejos, y no para “atender el requerimiento específico de una entidad que constantemente presenta denuncias imparciales y espurias”.

Además, manifesta que es obligación de la Fiscal General resguardar y proteger a los fiscales a su cargo y asegurar que continúe el trámite necesario que garantice la pronta averiguación de la verdad y de no existir elementos suficientes desestimar las denuncias planteadas, con el fin de evitar la criminalización de los operadores de justicia por el simple hecho de realizar su trabajo y no acceder a solicitudes espurias cuyo único fin es evitar la aplicación de la justicia y la defensa de intereses criminales.