- Enviado de Washington se reúne con el presidente guatemalteco para hablar sobre la democracia y el Estado de derecho en Guatemala.
El enviado especial de Washington Phil Gordon, asesor de Seguridad Nacional de la vicepresidenta Kamala Harris, arribó hoy a Guatemala y se entrevistó con el presidente Alejandro Giammattei, a quien le expresó la preocupación de Estados Unidos por la situación de la democracia y el Estado de derecho en el país, se informó en fuentes oficiales de ambos países.
Sin embargo, aunque se menciona el tema en las comunicaciones de ambas partes, ha trascendido que la postura estadounidense puede ser más fuerte de lo que se reconoce en público, ya que Estados Unidos está dispuesto a aumentar las sanciones si no se respeta el voto popular y asume Arévalo el 14 de enero como lo establece la Constitución y leyes guatemaltecas.
Gordon, quien ha sostenido también reuniones con otras personalidades representantes de diferentes sectores del país, sostiene en su mensaje publicado en X, que es «imperativo asegurar la transición pacífica al presidente electo», Bernardo Arévalo, actualmente bajo fuego judicial por parte del Ministerio Público (MP).
.@PhilGordon46: Abordamos con @DrGiammattei la importante relación entre #EEUU y Guatemala. Enfaticé el imperativo de asegurar una transición pacífica al presidente electo @BArevalodeLeon, y defender la democracia y el Estado de derecho en Guatemala. https://t.co/Kaw58jjl4b
— US Embassy Guatemala (@usembassyguate) November 27, 2023
La fiscalía de guatemala pretende despojar de su inmunidad judicial al presidente electo para que pueda ser procesado penalmente por su supuesta participación en acciones vinculadas con la ocupación de las instalaciones de la Universidad de San Carlos (USAC), otra de las instituciones controladas por el oficialismo y sus aliados.
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Pero mientras hay muchas dudas sobre el tono que se mantuvo durante la reunión entre Gordon, el presidente Giammattei y el canciller Mario Búcaro, se recuerda que ya antes Washington sancionó a cerca de una veintena de guatemaltrecos que han participado en las acciones judiciales con las que preteden impedir que se produzca el cambio de gobierno. De estas personas sancionadas solamente se ha identificado a la diputada presidenta del Congreso, Shirley Rivera.
Estados Unidos ya ha sancionado a la fiscal Consuelo Porras, los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, así como al juez Fredy Orellana, a quienes califica como personajes «corruptos y antidemocráticos». el movimiento popular que se ha alzado para defender la democracia en Guatemala demanda la renuncia o destitución de los cuatro.
En otros mensajes enviados al gobierno de Giammattei y al Estado de Guatemala, el departamento de Estado ha destacado que se podría aumentar las sanciones para todos aquellos que trabajen para «socavar la democracia» y participen en acciones antidemocráticas.
Arévalo considera que el MP ha puesto en marcha «un golpe de estado judicial» y así lo ha denunciado nacional e internacionalmente. El contrapeso para oponerse a este golpe de estado judicial han sido las protestas de sectores populares, principalmente organizaciones indígenas ancestrales, y la propia comunidad internacional.
El comunicado del Gobierno reconoce que en la reunión con Gordon se abordó el tema de la transición y hace alusión a las reuniones que se llevan a cabo para informar al equipo del presidente electo sobre la situación de las diferentes carteras gubernamentales. Sin embargo, la preocupación estadounidense no es por dicha transición, sino por la real y efectiva para entregar el poder.
#ComunicadoOficial 🔴 | El Gobierno de Guatemala informa sobre la reunión entre el presidente @DrGiammattei y una delegación de altos funcionarios de Estados Unidos: pic.twitter.com/R1HCFkW2Fc
— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) November 27, 2023
Guatemala vive su peor crisis en la llamada «era democrática» que se inició en 1986, esta vez con el mayor peligro posible, tomando en cuenta que todas las instituciones del Estado, especialmente las del sector justicia, están cooptadas por la alianza oficialista y sus aliados.
La comunidad internacional ha advertido sobre el peligro que representa para la democracia el que no haya independencia del sistema de justicia y que todas las instituciones respondan a los intereses del oficialismo, estrechamente vinculado con la corrupción y la impunidad.