- El MP ya ha solicitado el retiro de inmunidad del presidente electo Bernardo Arévalo y de su vicepresidenta Karin Herrera.
Los pasos para impedir que el presidente electo Bernardo Arévalo y su vicepresidenta Karin Herrera asuman sus cargos el 14 de enero de 2024, se siguen cumpliendo con una rapidez inusitada por parte del Ministerio Público (MP), señalado de llevar a cabo un «golpe de estado judicial».
El oficialismo y sus aliados, que controlan el sistema de justicia y el Congreso de la República, intentan acelerar los procesos penales contra el proceso electoral, el partido Semilla y ahora el que implica a los futuros gobernantes.
La Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de Guatemala informó que solicitó el retiro de inmunidad de Arévalo y Herrera, con el fin de que sean investigados por haber emitido opiniones sobre la toma de la Universidad de San Carlos, y poderlos implicar en algún delito penal.
La fiscalía dijo que los acusa de los delitos de depredación de bienes culturales, asociación ilícita y tráfico de influencias, pues -asegura- sus opiniones habrían alentado la toma de las instalaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de abril de 2022 a junio de 2023, lo que ocasionó cuantiosos daños.
Solo aquellos aferrados a las sombras temen la luz del cambio.
Solo quienes subestiman la fuerza de nuestras voces piensan que podrán silenciarnos. pic.twitter.com/gUE0pwZsTl
— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) November 17, 2023
Al igual que se persigue a varios periodistas por parte del MP, lo que se plantea contra los gobernantes electos es un delito por expresar su opinión, algo que está protegido por la Constitución y una ley que regula la Libertad de Expresión del Pensamiento.
El presidente electo de Guatemala denuncia "asalto contra la democracia"
Peligra el traspaso de poder en Guatemala: la Fiscalía pedirá a la Corte Suprema de Justicia que retire la inmunidad al presidente electo Bernardo Arévalo, a menos de dos meses de su investidura. pic.twitter.com/vObZLxopzo
— DW Español (@dw_espanol) November 17, 2023
Entre las solicitudes de retiro de inmunidad también está la del diputado Samuel Andrés Pérez Álvarez, jefe de bancada del partido Movimiento Semilla, que llevó a Arévalo a ganar la presidencia en una segunda ronda en agosto.
En la víspera, la fiscalía también ordenó la aprehensión de varios estudiantes universitarios, catedráticos y miembros de Semilla por el mismo caso, lo que generó inmediatamente el rechazo y la preocupación de gobiernos como el de Estados Unidos y organizaciones internacionales que consideran las nuevas acciones judiciales como un intento de «socavar la transición democrática» en Guatemala.
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También los dirigentes indígenas de las comunidades ancestrales se han pronunciado en repudio por las acciones del MP y los tribunales y exigen la inmnediata renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, los fiscales Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso y el juez Fredy Orellana, una lista a la que ahora agregan al fiscal Saúl Sánchez, quien es el que dirige este nuevo intento de la fiscalía por detener el cambio de gobierno.
Además, los líderes indígenas instaron al sector empresarial a pronunciarse por la situación y reiteraron su pedido a la Organización de Estados Americanos (OEA) a aplicar de urgencia la Carta Democrática, así como a países democráticos firmantes de las convenciones internacionales sobre delincuencia organizada y contra la corrupción a imponer sanciones a funcionarios corruptos del Estado guatemalteco que socavan la democracia.
✊🏾 Las autoridades indígenas hicieron un llamado para que más personas se sumen a la defensa de la democracia.
"Hoy nuevamente estamos tratando de defender la democracia de Guatemala, si no lo hacemos, nadie vendrá a hacerlo" expresan.
📹 FGER pic.twitter.com/pXLLF4AsJD
— Quorum (@QuorumGT) November 17, 2023
En conferencia de prensa el viernes, el portavoz del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, dijo que éste estaba alarmado por las últimas medidas de la fiscalía guatemalteca.
“(Guterres) reitera su llamado a las autoridades a garantizar que se respete la voluntad democrática expresada a través de las urnas y a abstenerse de actos que puedan socavar el proceso democrático o que puedan constituir represalias por el ejercicio de los derechos humanos”, expresó el portavoz Stephane Dujarric a la prensa.
La fiscalía dirigida por Porras anunció el jueves órdenes de aprehensión contra 28 personas, entre estudiantes universitarios, catedráticos y opositores políticos, así como 31 allanamientos a sus residencias por la toma de la única universidad pública del país.
Los estudiantes tomaron la universidad para protestar por lo que consideraron una elección fraudulenta del rector Walter Mazariegos, considerado un cercano aliado de Porras.
La fiscalía nunca investigó el fraude denunciado, aunque sí investigó la toma de la universidad y anunció el jueves que solicitaría el retiro de inmunidad de Arévalo, su vice Herrera y por lo menos cinco diputados actuales y electos del partido de Arévalo, además de tres legisladores de otras organizaciones políticas por haber publicado mensajes en sus redes sociales apoyando la toma de la universidad.
El propio Arévalo denunció hace más de dos meses que estaba un «golpe de estado en marcha», bajo las acciones de la fiscal general Consuelo Porras y con jueces complacientes que aceptan sus solicitudes de acciones contra el proceso electoral, el partido Semilla primero y ahora contra los gobernantes electos.
La estrategia del oficialismo es hacer que los antejuicios contra Arévalo y Herrera avancen con premura de tiempo, para que antes de que sea la fecha para el cambio de Gobierno pueda iniciarse un proceso penal en su contra, a pesar de que el delito que se les imputa no es penal, sino de libre expresión, que debiera ser tramitado ante un tribunal diferente, como lo mandan la Ley y la Constitución.