Nos fue mal con la Corte de Constitucionalidad, con el Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio Público y la Universidad de San Carlos. Nos irá igual con las designaciones de la presidencia del Banco de Guatemala (que también preside la Junta Monetaria) y la Superintendencia de Bancos. Queda al final, la elección del Contralor General de Cuentas mediante el mismo mecanismo de comisión de postulación.
José Alfredo Calderón E. (Historiador y analista político)
El 27 de agosto de 2025 advertí sobre el excesivo optimismo con respecto a las elecciones de segundo grado en 2026: https://cronica.com.gt/provocatio-un-optimismo-que-es-necesario-matizar/ El tiempo nos dio la razón y los resultados fueron, como era de esperarse, desastrosos; pues aún no se termina de entender que no son las leyes ni las personas las que deben cambiarse, sino el sistema que genera los mecanismos perversos en política.
Muy mal nos fue con la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio Público y la Universidad de San Carlos. Igual pasará con las designaciones de la presidencia del Banco de Guatemala (que también preside la Junta Monetaria) y la Superintendencia de Bancos. Queda al final, la elección del Contralor General de Cuentas, mediante el mismo mecanismo de comisión de postulación.
Una somera revisión de redes sociales y espacios diversos de opinión, concentra la atención en los siguientes aspectos: transparencia absoluta en la Comisión de Postulación, el diálogo abierto y la evaluación estricta por méritos. Se mantienen demandas que se sabe, de sobra, no se observarán. Además, a pesar de las pruebas históricas, nos ponemos exquisitos de nuevo:
· Debe frenarse –dicen– el tráfico de influencias para garantizar que el nuevo titular fortalezca el Estado de derecho y no encubra la corrupción. Olvidan que el mecanismo actual, alimenta ese tráfico, dependiendo de él.
· Idoneidad y honorabilidad comprobada: Exigen que los candidatos cuenten con una trayectoria ética intachable, capacidad profesional demostrada y total independencia política de intereses partidarios y/o empresariales, que es lo que precisamente desnudó la CICIG en su momento y que, con su salida, volvió y con una fuerza más perversa.
· Procesos públicos y fiscalizables: Demandan la apertura total de las sesiones de la Comisión de Postulación y del Congreso de la República, permitiendo la observación ciudadana y de la prensa. sin exclusiones. No hemos aprendido que lo más importante no acontece abiertamente durante las sesiones de las comisiones de postulación sino, parafraseando a la señora Roxana Baldetti cuando, en su momento, sentenció que esto pasa “en cuartos de hotel, alrededor de una cama.”
· Mecanismos de tacha efectivos: Solicitan que se establezcan plazos prudentes para la revisión de expedientes y la recepción de objeciones ciudadanas, permitiendo que la población presente pruebas si algún aspirante tiene procesos pendientes en materia de cuentas o denuncias previas. Olvidan que muchos candidatos seleccionados y luego nombrados, acumulan rimeros de señalamientos, sin que esto les obstruya en absolutamente nada.
· Despolitización de la nómina: Piden a los rectores universitarios, decanos y representantes de los colegios profesionales que integren la postuladora, que actúen con apego a principios éticos, priorizando el mérito académico y profesional por encima de las alianzas gremiales o políticas. Las comisiones son, en esencia, políticas, aunque esto se quiera matizar mediante la denominación académica, que confunde el tener un título universitario, como sinónimo de académico/a. Así mismo, hecha la ley, hecha la trampa, pues la excesiva apertura, permitió el ingreso de “centros universitarios marca patito”, y hasta fantasmas, como los casos de la “Juan José Arévalo” y la “Americana”.
En lugar de seguir haciendo siempre lo mismo, y quedarnos con la cantaleta de reformar la ley respectiva para que todo mejore, deberíamos centrarnos en cuestiones de fondo:
1. ¿Quiénes están detrás de cada representante de las comisiones?
2. ¿Por qué las decisiones no se toman dentro de la dinámica de las sesiones de las comisiones, sino afuera?
3. ¿Qué papel juegan los empresarios, casi siempre semiocultos, muchos de los cuales ya fueron expuestos en el pasado por la CICIG?
4. ¿Cómo se logra detectar a los operadores que juegan el papel de intermediarios en nombre de alguien más y por qué sus operaciones parecieran ser permitidas?
5. ¿Cómo esperar algo bueno de ese antro de la novena avenida? No solo legislan y actúan a favor de sus pares mafiosos, sino eligen en consecuencia. ¿Tanto nos cuesta entender?
6. Los colegios profesionales y los grupos que pugnan por el poder gremial, están totalmente cooptados, corrompidos y manipulados por factores fácticos. ¿Cómo confiar en ellos?
7. ¿Cómo es posible que una persona, partido y/o gremial pueda tomar control absoluto de las instituciones públicas?
Entiendo que el nombramiento del rector de la Universidad Rafael Landívar como coordinador de la comisión específica de la Contraloría, Miquel Cortés Bofill, es una buena señal, pero no basta; pues reitero por enésima vez, no son las personas, ni siquiera los mecanismos impuestos, sino el diseño e implementación de un sistema que prevé cualquier desajuste que pretenda alejarse de los intereses mafiosos.
La única pregunta clara y concreta responde a la variación o mantenimiento del escenario actual en la Contraloría, en torno a tres variables:
¿Mantendrá Sandra Torres y la UNE el control de esa entidad?
¿Tendrá que ceder y cogobernar con alguien más?
¿Perderá su actual dominio, negociado o no?
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