- Organismos internacionales, grupos pro justicia, y defensores de libertad de prensa y de derechos humanos, coinciden en que el caso montado contra José Rubén Zamora es espurio e injusto.
A finales del mes de abril se cumplieron 1,000 días desde que José Rubén Zamora fuera enviado a prisión y se presentaran una serie acusaciones en su contra, como lavado de dinero, obstrucción a la justicia, chantaje y varios delitos más, con los que se ha pretendido ocultar el verdadero fondo de su detención: su labor periodística, destacada por denunciar la corrupción e impunidad en el país.
Su caso se ha vuelto paradigmático, al extremo que instituciones internacionales que defienden la libertad de prensa y otras que claman por el respeto al estado de Derecho y velan por la independencia judicial, han denunciado insistentemente la cadena de anomalías a las que han recurrido fiscales y jueces con el fin de mantener al periodista recluido en la bartolina 2 de la cárcel del Cuartel Mariscal Zavala.
Organismos de Derechos Humanos han reconocido que Zamora es en realidad un preso político y la explicación de ello es que durante esos más de 1,000 días, el MP ha sido incapaz de probar sus infundadas acusaciones y se limitan a artimañas judiciales, con el contubernio de jueces y magistrados, para mantenerle privado de su libertad.
En el único juicio que se le ha abierto hasta la fecha, el juez Fredy Orellana –fiel aliado del MP en causas especiales– impidió que Zamora presentara pruebas de descargo. En el mismo proceso, una y otra vez sus abogados defensores fueron acosados y perseguidos penalmente, hasta obligarles a renunciar a la causa. Finalmente, ese juicio –por supuesto lavado de dinero– se declaró nulo en apelación, precisamente por la serie de anomalías que tuvo.
Todos los funcionarios del MP y jueces que han intervenido en este caso, han sido sancionados por varios países por considerar que son actores corruptos y antidemocráticos. ¿Coincidencia?
Zamora responsabiliza principalmente al expresidente Alejandro Giammattei y Consuelo Porras por su detención y procesos ilegales. Los operadores y participantes directos en los procesos contra el periodista son los fiscales Cinthia Monterroso, Rafael Curruchiche y los jueces Fredy Orellana y Jimi Bremer. Todos, desde el exgobernante. han sido sancionados por Estados Unidos y varios países europeos a los que no pueden viajar ni tener en ellos negocios o dinero.
En contrapartida, el juez Erick García, quien otorgó medidas sustitutivas para que Zamora saliera de la prisión durante un breve tiempo y luego, cuando tuvo que devolverlo a prisión por mandato de una sala de apelaciones denunció amenazas contra él y el personal del Tribunal Segundo, fue castigado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que le envió a un tribunal en Escuintla.
El periodista Zamora recibió varias propuestas de asilo, pero se negó a salir del país para defenderse y demostrar su inocencia. Su caso, junto al de operadores de justicia y periodistas que han denunciado corrupción, se consideran prueba de la cooptación que existe del sistema de justicia.