Cuando se viola de manera flagrante y continuada la Constitución, es evidente que se socava la democracia. Para hacerlo, se necesita de muchos conspiradores. ¿Quiénes son?
Gonzalo Marroquín Godoy
Mientras el país se cae en pedazos, ya sea por los desastres naturales o los desastres provocados por el poder político –dos causas que a veces se juntan–, parece quedar en el olvido de todos algo que podría calificarse en un sentido como golpe de Estado parcial, o una violación clara, evidente y vergonzosa de la Constitución, que nadie ha salido a defender hasta el día de hoy.
Me parece impresionante la pasividad que todos hemos mostrado ante la evidente e inconstitucional actuación que ha tenido el Congreso, la Corte de Constitucionalidad (CC), el Ministerio Público (MP), el Ejecutivo, y las instituciones de la llamada sociedad civil, en donde de una u otra manera todos deberíamos estar representados.
Algunos pensarán que la falta de elección de una Corte Suprema de Justicia (CSJ) es algo sin demasiada importancia, pues mal que bien los tribunales y salas de apelaciones siguen funcionando, pero en realidad lo que se está manteniendo es un muro gigante de impunidad que favorece a los corruptos, pero también a las mafias y el crimen organizado.
Sin embargo, es más grave que eso –que es el fin que persigue la alianza oficialista–. En efecto, estamos ante una violación de nuestra Constitución, lo que significa, además de todos los males que trae tener una Suprema espuria, ilegal y altamente comprometida, que se viola la Carta Magna y que las instituciones no responden al mandato que la ley les impone. Hay pues, un evidente incumplimiento de funciones institucional y generalizado.
La primera violación a la Constitución que hay, es que se ha roto el principio de independencia de poderes. El artículo 141 de la Carta Magna establece que la subordinación entre los mismos –los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial– es PROHIBIDA. Aquí hemos visto claramente que la Corte Suprema espuria está sometida a las órdenes del poder político. Sus fallos y resoluciones son vergonzosos.
Podemos poner de ejemplo, aunque hay muchísimos, los casos en que ha levantado la inmunidad a jueces a los que debiera proteger en su independencia. Me refiero a Erika Aifán y recientemente el juez Miguel Ángel Gálvez, convertidos en víctimas de un sistema judicial corrompido y comprometido. Nadie del oficialismo ha sido tratado igual.
El pecado original de esta anómala e ilegal situación se encuentra en la negativa del Congreso de la República para elegir nueva CSJ. Eso debió ocurrir en 2019. Como no se llevó a cabo por un proceso en el que se hizo evidente que había comisiones paralelas, la elección se estancó con la anterior legislatura.
La actual, ya bajo la batuta de la alianza oficialista, vio que era más cómodo continuar con la misma mafia de magistrados que elegir nuevos. En aquel entonces se achacó la culpa a la anterior CC por la forma en que ordenó que se hiciera la elección en el Legislativo.
Pero cambió la CC, y todo sigue igual. Cumpliremos ocho años con los magistrados marionetas, a quienes la Constitución dice que solamente deben estar cinco años. Aceptaron quedarse de forma ilegal para ser parte de la persecución judicial contra aquellos a los que el oficialismo considera opositores.
Este es un buen ejemplo para demostrar que la alianza oficialista ha borrado la independencia de poderes e instituciones. Por eso vemos que la CC, que tiene como función esencial –así dice la Constitución en su artículo 268– la defensa del orden constitucional, no ha dicho ni esta boca es mía, a pesar de que el oficialismo en el Congreso usa como papel higiénico nuestra ley superior.
La CC protege a la CSJ. Son coyotes de la misma loma. Por otro lado, veamos: ¿Cuál es la función del MP? (¡Aló fiscal general Consuelo Porras!) Pues perseguir a quienes violen las leyes. En este caso, el Congreso incumple con la ley, lo que es una violación a la misma. Por supuesto, tampoco hace nada.
Hace poco la Comisión Interamericana de Derechos Humanos colocó a Guatemala en el mismo nivel que Venezuela, Nicaragua y Cuba. En efecto, con una CSJ subordinada, con el sistema de justicia en pleno subordinado, no se puede esperar que la democracia funcione y que se respeten los derechos humanos. Eso mismo sucede en los tres países mencionados.
Es más, es tal el poder que ha acumulado la alianza oficialista que no debe extrañarnos que haya una tremenda manipulación del próximo proceso electoral, porque no hay que olvidar que parte de esta alianza es también el TSE.
La democracia se debilita cuando no hay instituciones fuertes que la defiendan. Hoy en día, las mafias pueden hacer de todo en el país. Pronto veremos que lo que se avanzó en casos anticorrupción en tribunales se debilitan, que se aprueban leyes más débiles para castigar la corrupción y que la impunidad campea.
Bien valdría una campaña de la sociedad para exigir que, al menos, cumplan con el formalismo de elegir CSJ…. Aunque no sea la ideal.