¡Despertemos! No es normal que el Congreso se niegue a elegir nueva Corte Suprema de Justicia y en nuestro país no pase nada. Hay monstruosos intereses detrás.
Gonzalo Marroquín Godoy
La Constitución dice que el presidente de la República debe cumplir y hacer cumplir la Constitución; que la Corte de Constitucionalidad (CC) tiene como función esencial, la defensa del orden constitucional. Dice también que el Ministerio Público debe velar por el estricto cumplimiento de las leyes. Tres instituciones obligadas a proteger el orden constitucional del país, las tres nulas en su deber.
Dice también en el artículo 208 constitucional sobre el período de funciones de magistrados y jueces, que los magistrados, cualesquiera que sea su categoría (…) durarán en sus funciones cinco años; en el artículo 215 reitera de manera más específica: Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán electos por el congreso de la República para un período 5 cinco años.
No dice cinco años o más, tampoco dice que pueden permanecer en sus cargos de manera extraordinaria, mucho menos que el Congreso se puede tomar el tiempo que se le ronque la gana para cumplir con su gorda obligación constitucional. ¿Cómo es posible entonces que hayan pasado dos años sin concretarse la elección? No ha habido más que fintas de engaño, sabiendo que no se procederá a la obligatoria elección.
¡Es una burla gigante! Se burlan y violan la Constitución, se burlan de las instituciones, se burlan del pueblo, se burlan de las leyes. ¡Si! Se burlan de toda la Nación y se pasan por sus partes nobles todo el ordenamiento jurídico del país. ¿Por qué y para qué?
Esa es la pregunta clave: la burla se lleva a cabo para controlar en su totalidad el sistema de justicia y promover corrupción e impunidad. Unos a otros se tapan, y el sector justicia está a las órdenes de la alianza oficialista, integrada por el poder político, mafias y sectores o grupos con intereses espurios y corruptos.
Al manipular a jueces y magistrados se borra su independencia, y se cae en otro delito contemplado por la Constitución en su artículo 203, en donde se lee (…) A quienes atentaren contra la independencia del Organismo Judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público.
Otra pregunta del millón: ¿quiénes participan de este atentado contra la independencia de la justicia?
El presidente Alejandro Giammattei ni siquiera ha formulado un llamado para que el Congreso –o al menos su propia bancada–, cumplan con su obligación Constitucional. A la nueva CC, cuyos magistrados se las llevan de muy diferentes y mejores que los anteriores, les ha valido madre y ni se inmutan para defender el orden constitucional, su principal función. Lo mismo hace doña Consuelo Porras y el MP, que hacen las del avestruz y meten la cabeza en la tierra para ignorar que tienen que velar por el cumplimiento de las leyes.
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Todos los anteriormente mencionados –incluyendo a los propios magistrados de la CSJ–, han atentado contra la independencia de la justicia y debieran ser perseguidos y castigados por la justicia. En vez de eso, se consideran a sí mismos por encima de la ley.
En el Código Penal –y no soy abogado–, hay delitos tipificados: Abuso de autoridad; incumplimiento de deberes –ojo señores diputados–, desobediencia, resoluciones violatorias a la Constitución, y prolongación ilegal de funciones públicas.
Son muchos los implicados por sus acciones para llevar al país a la situación actual, con magistrados obedientes, para nada deliberantes, mucho menos independientes. Pero también hay instituciones que no quedan bien paradas, porque no han puesto el grito en el cielo para exigir que estas violaciones constitucionales continúen.
Por ejemplo, el Colegio de Abogados, los diputados opositores o independientes que debieran elevar su voz y exigir en el pleno que se cumpla con el mandato constitucional y hasta el Procurador de los Derechos Humanos, que debiera actuar de nuevo –porque ya lo hizo antes–, para interponer amparo o acciones que permitan al menos evidenciar el incumplimiento, ¡a propósito y mal intencionado!, de los funcionarios públicos implicados… que son un montón.
Hacen falta muchas voces para desnudar este entramado inconstitucional que se lleva a cabo ante nuestros ojos. Claro que el caso y tema son exageradamente complicados, pero también lo son sus efectos, porque finalmente se están sentando procedentes nefastos para nuestra democracia. Cada uno tiene la palabra.