Los retos y peligros que enfrenta Guatemala en el 2022 están a la puerta
Cada inicio de año es oportuno analizar lo que está por venir en el acontecer nacional, sobre todo, aquellos acontecimientos que nos pueden afectar de una u otra manera. Si el 2021 ha sido complicado, el Año Nuevo luce más enredado. La continuidad de la pandemia, elección de autoridades, el arranque preelectoral y las tensiones con Estados Unidos, estarán en el primer plano de las noticias.
Análisis de Crónica
El año 22 del siglo XXI no llega en medio de las mejores condiciones para el mundo ni para Guatemala. La pandemia por el covid-19 continuará golpeando, mientras en el país se esperan doce meses de intensa actividad política, con la alianza oficialista como el jugador principal en un escenario que anticipa incremento de la conflictividad social y posiblemente mayor represión.
Los analistas políticos consideran que el presidente Alejandro Giammattei y sus aliados están dispuestos a continuar con la ruta trazada en el 2021, por lo que veremos una intervención directa de esa fuerza poderosa para inclinar la balanza en las tres elecciones institucionales que deben realizarse a lo largo del año.
No se espera ningún cambio en la suspendida lucha contra la corrupción, por lo que la falta de transparencia seguirá siendo nota permanente en el ejercicio de la gestión pública. Pero hay que ver uno a uno los acontecimientos más importantes y destacados que agitarán el nuevo año.
Elecciones clave para la democracia
Entre los pilares de la democracia están la independencia entre los tres poderes del Estado –que en Guatemala no existe–, así como el funcionamiento de pesos y contrapesos institucionales. Dentro de estos, dos piezas clave son el Ministerio Público (MP), y la Contraloría General de Cuentas (CGC), ambas dependencias encargadas de fiscalizar el buen funcionamiento del Estado.
Precisamente en el primer semestre del año deben elegirse al nuevo Contralor y al fiscal general y jefe(a) del MP, lo que implica convocar a dos comisiones de postulación para que elaboren las listas de candidatos, para que el Congreso y el presidente de la República hagan la elección respectiva en cada caso.
El contralor general es elegido por los diputados y el presidente Giammattei selecciona al fiscal general.
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Lamentablemente se recuerda que casi todas las elecciones de postulación han sido abiertamente manipuladas durante la última década –si no más–, lo que hace peligrar la independencia de estos dos cargos.
La fiscal general, Consuelo Porras, termina con más pena que gloria su período, sobre todo después de que Estados Unidos le suspendiera la visa al incluirla en la Lista Engel, por considerarla una persona corrupta y antidemocrática. Sin embargo, ella ha sido una pieza clave en la estructura de la alianza oficialista. Aunque hay una corriente interna para promover su reelección, parece poco probable que una comisión de postulación la pudiera incluir entre los finalistas.
Se sabe que en la academia –los rectores de universidades– hay una corriente para promover mayor transparencia en las comisiones de postulación. Si esto se logra, cabría mantener alguna esperanza ciudadana para que, al menos, el nuevo(a) fiscal general pueda llegar con cierto grado de independencia al cargo.
Aunque no se menciona en voz alta, el oficialismo no descarta que al igual que ocurrió con la elección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el proceso sea impugnado y se postergue el cambio. Aunque esto finalmente supone una violación constitucional, no se actúa contra ello, pues son las mismas autoridades del sector justicia las que deben decidir y todas responden a la mencionada alianza.
En todo caso, las fechas establecidas por mandato legal para el cambio de contralor y fiscal general son a mediados de marzo el primero, y el 17 de mayo el segundo de los cargos.
Para la alianza oficialista ambos son vitales. El primero, para que no haya denuncias sobre corrupción y el segundo para que, aún habiendo denuncias de terceros, no prosperen en el MP, como sucede en la actualidad.
Si se quiere mantener cerrado el círculo de impunidad imperante en el país, estas dos elecciones resultan clave. Lamentablemente, si vuelven a ser manipuladas, el daño será para la democracia y la mayoría de la población.
El Congreso bien alineado
Lejos de respetar el precepto constitucional de independencia, el Congreso de la República ha mostrado que actúa bajo lineamientos del Ejecutivo y el oficialismo. La alianza de varios partidos con Vamos en el Legislativo le garantiza funcionar como aplanadora, al menos hasta el momento.
Esa fuerza de la alianza asegura que en el segundo semestre realizarán la elección de un nuevo Procurador de los Derechos Humanos (PDH), que será escogido ad hoc a los intereses del oficialismo. Una elección así está asegurada, toda vez que esta se hace por medio de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, la cual seguirá en el 2022 en manos de algún diputado afín.
Por otro lado, a pesar de tratarse de una flagrante violación a la Constitución, la intención de la alianza oficialista en el Congreso es retrasar lo más posible la elección de nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), tomando en cuenta que los magistrados actuales son piezas importantes en el entramado de impunidad que se ha construido.
Una de las razones es que la presidenta de la CSJ actual, Silvia Valdés, –considera aliada fiel– es la persona que debe dirigir la comisión de postulación, nada menos que para fiscal general.
La oposición dentro del Congreso luce débil y sin coordinación, por lo que poco puede esperarse de ella. Incluso se nota ausente en la denuncia de todo lo que sucede a lo interno del parlamento.
Los partidos políticos con los que cuenta el oficialismo en el Congreso son los siguientes: FCN-Nación, PAN, Viva, UNE –Sandra Torres–, Podemos, Prosperidad Ciudadana, UCN –conocido como narcopartido–, Todos, Valor –Zury Ríos–, Vamos y Bien. Eventualmente suman los unionistas, según los intereses de cada votación.
Esta amalgama de partidos es una muestra de la forma en que opera el oficialismo, que se une a cualquier grupo que tenga en su agenda fomentar la impunidad y legislar de acuerdo con los intereses del grupo.
Segundo semestre de destapes
Dado a las reformas electorales vigentes desde el anterior proceso electoral, las elecciones de 2023 se llevarán a cabo en el primer semestre de ese año, lo que implica que antes de la convocatoria veremos el movimiento en busca de candidatos entre los más de 30 partidos políticos que podrán participar en el proceso.
Eso quiere decir que entre julio y diciembre veremos surgir aspirantes presidenciales –no pueden llamarse candidatos aún–. Por el momento se sabe que varios de los que corrieron en las elecciones de 2019 saltarán a la palestra e intentarán darse a conocer, aunque con las limitaciones que impone la llamada campaña electoral anticipada, penada por el TSE.
Aunque el proceso arranca en el 2023, la actividad política-partidista será muy intensa y las polémicas y escándalos no estarán ausentes el próximo año.
El mayor peligro que se cierne sobre este proceso es la calidad mediocre y la falta de independencia del TSE, que sin duda responderá a los intereses de los grupos políticos vinculados al oficialismo.
El actual presidente del TSE, el cuestionado magistrado Arnulfo Rojas –señalado por falsificar un título universitario para ingresar en la lista de postulados al cargo en 2020–, es el mejor ejemplo de la falta de idoneidad que se observa en la institución.
Las relaciones con EEUU
Un actor importante e influyente en el país es Estados Unidos. A lo largo del último año, bajo la administración del presidente Joe Biden, se ha visto deteriorada la relación, principalmente por el asalto a las cortes de parte de la alianza oficialista, y más específicamente por la destitución del fiscal Juan Francisco Sandoval, uno de los pocos pilares que quedaban de la lucha contra la corrupción.
El deterioro de las relaciones entre Washington y Guatemala llegó a tal punto, que no se recuerda un alejamiento tan marcado desde los años 80, cuando Estados Unidos señaló a los gobiernos militares de nuestro país por violaciones a los derechos humanos, pero particularmente durante la administración del presidente Jimmy Carter.
Estados Unidos ha cambiado la estrategia para enviar recursos a nuestro país, utilizando ahora a ONG o instituciones fuera del Gobierno, por considerar que la corrupción está muy arraigada en las instituciones del Estado.
Estados Unidos tiene problemas con los países que llama como Triángulo norte de Centroamérica –Guatemala El Salvador y Honduras–. En el caso de Guatemala y Honduras, ha señalado que la corrupción tiene tomado cada uno de esos países, mientras que en El Salvador y Guatemala se censura que la justicia haya perdido su independencia en beneficio del poder político.
¿Y la lucha anticorrupción?
En el año 2015, Guatemala fue vista a nivel nacional e internacional como un país determinado a luchar contra la corrupción galopante y evidente entre la clase política, empresarios y mafias infiltradas prácticamente en toda la administración pública –central y municipal–.
Sin embargo, el presidente Jimmy Morales inició abiertamente una batalla para poner punto final a la labor realizada por la CICIG, logrando finalmente su salida en 2019. A pesar de ello, en el seno del MP había un aliado de la CICIG, Juan Francisco Sandoval, al frente de la Fiscalía contra la Impunidad (FECI), quien retomó esa causa y continuó con los casos, además de agregar nuevos.
Aunque sin la fuerza de la CICIG, la fiscalía mantuvo viva la esperanza de no ceder ante el avance de la corrupción y la creciente impunidad. Su esfuerzo lo hizo estrellarse con un muro interno que levantó la propia fiscal general Porras, quien finalmente terminó destituyéndolo ante el avance de investigaciones que consideró delicadas y que se enfilaban contra personajes de la alianza oficialista, especialmente el propio Giammattei.
Para el 2022 no cabe esperar un retorno de esa lucha anticorrupción. Por el contrario, se puede anticipar que, si no se logra la elección de un fiscal fuerte e independiente, simplemente se verá más de lo mismo, es decir, ningún avance significativo.
La Comisión Presidencial Contra la Corrupción hará el mismo trabajo que ha realizado hasta la fecha: cero investigaciones de casos sonados, y solamente reportes de pequeños focos de corrupción. Por eso el oficialismo apunta a controlar el MP y mantener atadas las instituciones que debieran velar por la honestidad y transparencia.
Conclusión
Los guatemaltecos enfrentan en este momento dos pandemias: la primera, provocada por el coronavirus –y todas sus variantes– causante del covid-19, la cual seguirá cobrando vidas. Se ha visto que en su manejo ha existido falta de efectividad, titubeos y fallas, las cuales podrían repetirse. La vacunación avanza más lento que en la mayoría de países latinoamericanos y las estrategias no son eficientes.
La otra es la pandemia política, marcada por la corrupción y la impunidad, causante –de manera directa– del fracaso sistema político y por ello persisten los elevados índices de pobreza, desnutrición infantil crónica, malos servicios de educación, salud y seguridad, entre otros.
Malos augurios, falta ver la fuerza que tendrá el ingrediente social este nuevo año. Falta ver si la pasividad de la población se mantendrá o las acciones del oficialismo provocan malestar y con ello, conflictividad social y política en el país.