Tras seis años sin avances, la Ley de Infraestructura Vial entrará en vigor

  • La iniciativa de ley ingresó en el año 2018, pero no fue sino hasta ahora que la aprueba el Congreso de la República con el beneplácito del sector privado y el Gobierno.

Debieron pasar seis años para que El Congreso de la República aprobara la noche del martes la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, luego de debates y modificaciones desde su propuesta inicial en 2018, con el fin de agilizar la construcción de carreteras para la red vial nacional.

Esta ley establece un marco para la contratación de proyectos viales considerados prioritarios, que incluyen el diseño, construcción, ampliación y mantenimiento de carreteras clave en el país.

Los proyectos abarcados incluyen rutas importantes como las carreteras CA-1, CA-2, y el Anillo Metropolitano, entre otras. La normativa también establece la creación de la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP), un ente desconcentrado bajo el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIVI), que tendrá a su cargo la estructuración técnica y financiera de estos proyectos .

Uno de los puntos clave de esta ley es su intento de mejorar la infraestructura vial mediante la contratación de operadores privados para realizar el mantenimiento y mejora de las rutas. Esto busca no solo impulsar el desarrollo económico, sino también mejorar la conectividad en áreas rurales y metropolitanas.

La ley ha generado reacciones diversas: algunos sectores apoyan la medida por su potencial de modernización y eficiencia, mientras que otros critican la estructura corporativa de la DIPP, argumentando que involucra demasiados intereses gremiales y empresariales, lo que podría reducir la transparencia y objetividad en la toma de decisiones.

A medida que se implementa, el enfoque de la ley en los proyectos viales prioritarios busca no solo mejorar la infraestructura vial, sino también fomentar la inversión en el sector y dar un paso hacia una administración vial más estructurada. No obstante, las críticas sobre la integración de los órganos directivos reflejan preocupaciones sobre el riesgo de politización y el uso de estructuras que algunos consideran obsoletas para una gestión eficaz.

Las reacciones de beneplácito por la aprobación de esta ley no se hicieron esperar, y tanto la Cámara de Industria, como la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (Amcham).emitieron comunicados este miércoles, destacando la importancia de la Ley y lo urgente que es ponerla en práctica

https://twitter.com/industriaguate/status/1856738194777108785

Jorge Benavides, economista de Fundesa, institución del sector privado que ha apoyado la aprobación de la legislación, declaró e Emisoras Unidas esta mañana que «es una gran noticia que Guatemala desarrolle instrumentos modernos que permitan al ecosistema de infraestructura funcionar, pero tenemos que saber que no es mañana que van a empezar a cambiar las carreteras».

Por su parte, Félix Alvarado, ministro de Comunicaciones dijo al mismo medio que «pudimos todos actuar de una manera sensata y supimos encontrar mecanismos que nos permitieran comenzar a desentrampar un sector que ha sido depredado (…) Si bien hay cosas que yo hubiera hecho de manera distinta, no quiere decir que no se puedan hacer cosas muy buenas con esta ley (…) Aún y cuando podría ser mejor, es la mejor que podíamos tener»


ESTO DICE AMCHAM:


Entre los principales beneficios, se espera que esta ley permita optimizar el desarrollo de la infraestructura, asegurando el mantenimiento de las vías durante un período de 30 años y promoviendo la construcción de más kilómetros de carretera, especialmente en rutas estratégicas como el C-50, lo que beneficiaría el tránsito de mercancías en el país

María Teresa González, presidenta de la Coordinadora Nacional de Transportes, destacó la importancia de priorizar el mantenimiento de carreteras, particularmente aquellas por donde circula la mayor cantidad de carga del país. Además, otros representantes del sector productivo destacan que la ley facilitará el flujo de productos, mejorando así la competitividad de Guatemala y reduciendo tiempos de transporte, que actualmente son un gran obstáculo para la logística nacional

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