- Dos exfiscales cuestionados e investigados ahora por el MP, se ven beneficiados por resolución de la jueza María Belinda Sandoval, quien denegó la orden de captura solicitada contra ambos por un caso en proceso…
Redacción Crónica
La ironía en los pasillos de Torre de Tribunales es absoluta. El Ministerio Público (MP) acusa hoy de «favorecer la impunidad» a una jueza por negar una orden de captura, un escenario impensable en los años en que esa misma institución obtenía resoluciones judiciales a la carta. La jueza María Benilda Sandoval Valdez rechazó la solicitud planteada por la Fiscalía para girar órdenes de aprehensión en contra de los exfiscales Rafael Curruchiche y Ángel Saúl Sánchez Molina, anteriormente piezas importantes en el entorno de la fiscal general Consuelo Porras.
Ante el fallo, el ente investigador reaccionó con vehemencia, argumentando que la decisión judicial frena el avance de la justicia y advirtiendo sobre un elevado «peligro de fuga» de los implicados. Sin embargo, la resolución abre una grieta en la estructura de poder que durante años operó con total soltura en los tribunales.
La trayectoria de la jueza Sandoval en el Organismo Judicial ha mantenido un perfil eminentemente técnico y de bajo perfil público, sin figurar en los listados de jueces señalados por actores de la sociedad civil o por instancias internacionales en resoluciones vinculadas a redes de impunidad.
El caso de Curruchiche es paradigmático, puesto que de ser acosador en los casos más sonados –por cierto, en ninguno logró presentar las pruebas que sustentaran las acusaciones que hacía–, se ha convertido en perseguido, puesto que en varios casos que se han presentado ante el MP figura como un funcionario que abusó de su poder, criminalizó sin pruebas, retorció las leyes y cometió ilegalidades para mantener a aus víctimas en la cárcel o el exilio.
De la persecución exprés al choque con la judicatura
Durante la gestión de Consuelo Porras, Curruchiche,al frente de la Fiscalía contra la Impunidad, FECI fue el rostro más visible de la «criminalización» contra actores considerados en oposición al sistema de corrupción e impunidad. El exfiscal pertenecía al círculo de absoluta confianza de la cúpula del MP y mantuvo una dinámica eficiente y articulada con juzgados afines, donde bastaba una solicitud para obtener de forma inmediata órdenes de captura, allanamientos y embargos, siempre por medio de los mismos jueces.
Aquella maquinaria de captura no enfrentaba los frenos que hoy reclama el propio MP. Las órdenes se dictaban en cadena y estaban dirigidas, casi sin excepción, contra actores que habían encabezado la lucha contra la corrupción, operadores de justicia independientes y voces críticas del periodismo.
Los casos relevantes del «brazo ejecutor»
El historial de los exfiscales ahora cuestionados está marcado por los casos más controvertidos de la historia reciente del país, donde la severidad de las medidas contrastaba con el respaldo político con el que operaban:
- El caso contra José Rubén Zamora y elPeriódico: Curruchiche fue el ejecutor directo de la investigación y captura del periodista y fundador de elPeriódico, un proceso plagado de cuestionamientos internacionales que derivó en el cierre del medio de comunicación y la privación de libertad del comunicador.
- Persecución a exfiscales de FECI y CICIG: Bajo el mando de Curruchiche y con el aval del despacho principal, se desplegaron decenas de órdenes de captura contra exfiscales como Juan Francisco Sandoval, Virginia Laparra, Siomara Sosa y exinvestigadores de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), forzando a decenas de operadores de justicia al exilio.
- Acoso a la judicatura independiente: Jueces de mayor riesgo como Erika Aifán, Miguel Ángel Gálvez y Pablo Xitumul enfrentaron solicitudes de antejuicio y persecución penal impulsadas desde la estructura dirigida por estos operadores, culminando con la salida del país de varios de ellos.
- El intento de anulación electoral (2023): Fue Curruchiche quien encabezó los allanamientos al Tribunal Supremo Electoral (TSE), la apertura de cajas electorales y las acciones penales que buscaron anular los resultados de las elecciones generales de 2023.
La paradoja del reclamo institucional
El viraje en el caso de la jueza Sandoval Valdez expone una profunda paradoja: el MP, que durante años defendió la discrecionalidad de los jueces cuando estos otorgaban capturas cuestionadas contra la oposición y defensores de derechos humanos, hoy tilda de «favorecedora de la impunidad» a la judicatura por exigir el debido proceso y declinar la medida cautelar más gravosa.
El alegato de la fiscalía sobre el «peligro de fuga» de quienes fueron sus funcionarios estrella añade una capa de dramatismo al caso. Mientras el trámite legal continúa su curso, la resolución de la jueza Sandoval demuestra que los vientos en el Organismo Judicial comienzan a moverse, dejando al descubierto la fragilidad del blindaje del que gozaron los principales ejecutores de la persecución penal en Guatemala.