- Continúan las reacciones internacionales contra el gobierno de Alejandro Giammattei; se suman con pronunciamientos fuertes Estados Unidos y Naciones Unidas
Estados Unidos, Naciones Unidas y organismos internacionales se unen a la voz de Colombia para señalar la impunidad que impera en Guatemala y la falta de independencia de la justicia, sometida desde hace tiempo al poder político, mientras se persigue a operadores de justicia que en el pasado han actuado en contra de la corrupción.
El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, dijo estar preocupado luego de que la Fiscalía de Guatemala anunciara sendas órdenes de captura contra el exmandatario de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), David Gaitán, y la exfiscal Thelma Aldana; además de acciones legales contra el excomisionado de la CICIG, Iván Velásquez, hoy ministro de la Defensa de Colombia y convertido en centro de la atención de esta crisis diplomática que no cesa.
En un mensaje en su cuenta de Twitter, el funcionario estadounidense sostuvo: «Nos preocupan las órdenes de captura del Ministerio Público de Guatemala contra personas que trabajaron para garantizar la rendición de cuentas por corrupción en el caso Odebrecht en Guatemala. Tales acciones debilitan el Estado de Derecho y la confianza en el sistema de justicia de Guatemala».
La Fiscalía de ese país no tardó en responder al subsecretario de Estado asegurándole que «el Ministerio Público es una institución independiente y autónoma» y que «tratar de incidir en su labor de investigación… debilita el Estado de Derecho».
También, a través de un comunicado, la institución guatemalteca «exhortó» a la comunidad nacional e internacional a «ser respetuosos del Estado de Derecho, de la democracia y del principio de legalidad», y recordó que «ningún actor puede interferir en la labor investigativa de la institución».
Pero no solamente se trata de Estados Unidos y colombia, que levantaron pronto la voz, sino que ayer lo hicieron también Naciones Unidas y otros organismos internacionales, quienes no creen en los argumentos del MP ni los expresados por el presidente Alejandro Giammattei, quien repite que en Guatemala «se respeta la independencia de la justicia».
Las investigaciones
El 16 de enero, la Fiscalía de Guatemala anunció una investigación contra Velásquez, actual ministro de Defensa de Colombia, por un caso de supuesta corrupción vinculada a la constructora brasileña Odebrecht.
Asimismo, la institución investiga a la abogada Luz Camargo Garzón, quien trabajó como investigadora de estructuras de corrupción en Guatemala.
Según el fiscal al frente, Rafael Curruchiche, el excomisionado de la Cicig avaló acuerdos ilegales con dos directos de la constructora brasileña Odebrecht, y tras supuestamente aparecer en correos electrónicos junto con los directivos, Curruchiche asegura que «tenían pleno conocimiento de las oscuras y corruptas negociaciones que se estaban realizando con la empresa Odebrecht».
Ante los hechos, Velásquez emitió un comunicado en el que aseguró que no ha sido notificado de «ningún requerimiento» por parte de las autoridades de Guatemala. Asimismo, dijo que su trabajo al frente de la Cicig fue «transparente y dentro del marco legal que amparaba el funcionamiento de la Comisión».
Los presidentes Gustavo Petro y Alejandro Giammattei intercambiaron algunos mensajes en sus declaraciones. Petro defendiendo a Velásquez y la lucha anticorrupción que libró «con honestidad, valentía y transparencia» en Guatemala, mientras Giammattei, que llamó «guerrillero y traficante» a su par colombiano, le llamó también a la «cordura».
La respuesta de Petro desde Davos, no se hizo esperar, en declaraciones a periodistas y por su cuenta de Twitter:
Tanto el fiscal Rafael Curruchiche, como su jefa, la fiscal general Consuelo Porras, han sido sancionados por el gobierno de Estados Unidos, el cual los señala de «obstruir las investigaciones sobre actos de corrupción» y a Curruchiche de «presentar denuncias aparentemente espurias». Ambos fueron incluidos en la Lista Engel, que contempla sanciones para personajes que ese país considera «corruptos y antidemocráticos».