Séptimo día: El «Paro Nacional» de protesta más largo en la llamada «era democrática»

  • Lejos de disminuir, el «Paro Nacional» convocado por autoridades indígenas continúa sumando fuerzas en todo el país en defensa de la democracia.
  • Un total de 58 puntos de la red vial amanecieron hoy con bloqueos para exigir –además– la renuncia de Porras, Curruchiche y Orellana.

Por séptimo día consecutivo continúa el movimiento social de protesta más fuerte que se ha dado desde el inicio de la llamada «era democrática» en 1986. Esta mañana continúan los bloqueos en varios puntos de la red vial, en defensa del resultado de las elecciones y con la exigencia de renuncia de al menos la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y juez Fredy Orellana.

Al «Paro Nacional» convocado desde el lunes pasado por las autoridades de los 48 cantones de Totonicapán, de sololá y otros departamentos del occidente del país, se han indo sumando estudiantes universitarios, organizaciones populares y ciudadanos de diferentes estratos sociales, para demandar las renuncias de quienes son señalados por actos «antidemocráticos».

El informe de Provial sobre los bloqueos confirma que al menos 58 puntos están tomados para mantener el «paro Nacional», que se inició luego de que no se escuchara el clamor para que se respetara la voluntad popular expresada en las urnas a favor de Bernardo Arévalo y el partido Semilla.

Las cámaras empresariales han advertido que el bloqueo de carreteras limita la libre locomoción y afecta el libre tráfico de los productos básicos que consume la población, mientras que los manifestantes señalan que la solución del problema está en la renuncia de los funcionarios señalados.

La razón de este «paro Nacional» se dio luego de que el Ministerio Público, bajo las órdenes de Porras y Curruchiche, emprendiera una serie de acciones, avaladas por el juez Orellana, para cancelar la personería jurídica del partido Semilla y, eventualmente, invalidar las elecciones del 20 de agosto, en las que resultó amplio ganador Bernardo Arévalo, ya declarado presidente electo por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La comunidad internacional se ha pronunciado a favor de que se respete la «voluntad popular expresada en las urnas», y han destacado que todos los organismos nacionales e internacional de observación electoral, certificaron la transparencia en el proceso electoral, avalado por el TSE.

Arévalo y la vicepresidenta electa Karla Herrera han denunciado que hay un «golpe de Estado en marcha», el que es impulsado directamente por Porras, Curruchiche y Orellana. Este fue el detonador para que el pueblo saliera a defender la democracia en plazas, calles y carreteras.

LAS DOS CRISIS MÁS GRAVES EN 30 AÑOS

La crisis provocada por el oficialismo y sus aliados, por medio de las acciones del sistema de justicia, es la más prolongada que ha sufrido el país desde 1986, pero es la segunda en la que se pone en peligro la estabilidad constitucional y la democracia.


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La primera se produjo el martes 25 de mayor de 1993, cuando el entonces presidente Jorge Serrano Elía dio golpe de Estado en contra de los organismos Legislativo y Judicial, suprimiendo el Congreso y la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Esta acción provocó una reacción de rechazo de la población en general , la prensa, el sector empresarial y algunos militares de la cúpula del Ejército. La Corte de Constitucionalidad (CC) salió en defensa de la Constitución y declaró ilegal todo lo actuado por el mandatario, que fue obligado a renunciar y salió al exilio.

Luego el Congreso nombró como sucesor al Procurador de los Derechos Humanos, Ramiro de León Carpio y de vicepresidente a Arturo Herbruger, uno de los artífices de pureza en los procesos electorales, tras su paso por el TSE.

El presidente Alejandro Giammattei ha pretendido estar alejado de todas las acciones del MP y el sistema de justicia, pero se sabe de los vasos comunicantes y de la forma en que el poder político ha cooptado a las cortes, y el MP, que responden a sus intereses particulares.

Los analistas exponen que el problema de fondo en esta crisis, es que hay una alianza muy fuerte con el oficialismo, que no existía en torno a Serrano hace 30 años, y que están en juego fuertes intereses que serán defendidos «hasta lo último» por el oficialismo y esos aliados que incluyen partidos políticos, magistrados, militares, mafias incrustadas en el Estado, militares, estructuras parajudiciales, y algunos medios de comunicación.

LA ESTRATEGIA DE LA ALIANZA

Las acciones del MP están enfocadas en una estrategia definida: impedir que Arévalo y Herrera asuman sus cargos el 14 de enero de 2024 o, si no se logra botar la legalidad de las elecciones, que al menos el nuevo gobierno principio sus acciones atado de pies y manos, incluso que sus diputados no tengan representación como bancada.

Por eso el ataque hacia la legalidad del partido Semilla, al que se pretende despojar de su personería jurídica, de la misma manera que en Nicaragua Daniel Ortega lo hizo recientemente con el único partido indígena del país.

Con lo que no contaba esta alianza es con la respuesta popular que se está dando, como tampoco esperaba, en su momento, que un candidato poco reconocido a nivel nacional y un partido muy pequeño, pudieran capitalizar una fuerza electoral superior a la de su aliada, Sandra Torres (UNE), una de sus aliadas más importantes en el Legislativo.

Sin embargo, la expresión popular respondió al discurso anticorrupción de Arévalo, que sorprendió con un segundo lugar en la primera vuelta electoral y en la segunda vuelta tuvo una victoria amplia (61% contra 39%), derrotando al oficialismo y a la política.

Entonces es cuando salen a la palestra los tres personajes ahora cuestionados. Consuelo Porras, Rafael Curruchiche y Fredy Orellana, los tres incluidos en la Lista Engel creada por Estados Unidos para sancionar a personajes que considera «corruptos y antidemocráticos» en los países centroamericanos.

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(Fotografía superior Prensa Comunitaria)