Sanciones para antidemocráticos podrían llegar también de Europa; los primeros nombres

  • Fuerte resolución del Parlamento Europeo menciona a Consuelo Porras, Rafael Curruchiche, Freddy Orellana, Leonor Eugenia Morales Lazo, Ángel Pineda, «por socavar la democracia»

Más sanciones para funcionarios guatemaltecos «por socavar la democracia» pide el Parlamento Europeo a los gobiernos de ese continente, a la vez que censura los esfuerzos del Ministerio Público «por invalidar las elecciones», lo que se considera un intento de golpe de estado en una resolución aprobada tras una prolongada discusión sobre la situación de zozobra imperante en Guatemala.

La acción, que viene a aumentar la presión internacional sobre el oficialismo y sus aliados, se suma a las sanciones que ha venido imponiendo Estados Unidos de manera escalonada y la preocupación expresada por la Organización de Estados Americanos, que ha votado también varias resoluciones manifestando la misma preocupación, antes de decidir enviar a nuestro país una misión que permanecerá hasta después del 14 de enero, para verificar que se respete «la voluntad popular expresada en las urnas».

La resolución del Parlamento Europeo contiene varias consideraciones, que parten de que el 8 de diciembre de 2023, el Ministerio Público de Guatemala, «en particular, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) José Rafael Curruchiche, y la fiscal Leonor Morales Lazo declararon que procurarían anular los resultados de las elecciones del 25 de junio de 2023, alegando presuntas irregularidades en las actas de recuento de los centros de votación (acta 4) de los cinco comicios y en el sistema para la transmisión y el anuncio de los resultados electorales preliminares», lo que luego califican como un acto más para llevar a cabo el golpe de estado.

En base a todo lo que se ha vivido en Guatemala desde que el MP inicio el ataque en contra del partido Semilla, el presidente electo Bernardo Arévalo y el proceso general en el país, los eurodiputados han condenado «el intento de golpe de Estado y los continuos esfuerzos del Ministerio Público por invalidar los resultados de las elecciones generales y presidenciales en Guatemala sobre la base de acusaciones infundadas de fraude, y pide que se ponga fin de inmediato a estas acciones».

También se refirieron a ciertas autoridades guatemaltecas, a las que piden así: » a las autoridades competentes, en particular a la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral, el Congreso y el presidente Alejandro Giammattei, que tomen medidas para preservar el orden constitucional y el Estado de Derecho, que rechacen los intentos inaceptables de invalidar los resultados electorales, que garanticen el respeto de la voluntad expresada por los ciudadanos guatemaltecos con sus votos y que velen por el respeto de sus derechos civiles y políticos, su integridad y su seguridad, incluido el derecho de los cargos electos a asumir debidamente sus funciones, de conformidad con las normas internacionales y las leyes guatemaltecas.

Con esta resolución, se espera que los diferentes países que conforman la Unión Europea puedan sancionar a los primeros funcionarios citados, así como «a otros», como también lo señala el documento aprobado.

Hace una semana Estados Unidos sancionó a 300 guatemaltecos, entre ellos más de 100 diputados, a quienes retiró la vida, en algunos casos incluyendo a su entorno familiar.

El presidente Alejandro Giammattei, a quien nadie a acusado directamente de participar en el intento de golpe de estado, salió en defensa de los sancionados y calificó de «un abuso» la determinación del Departamento de Estado, además de pedir a congresistas y senadores que pidieran cuentas por lo actuado al Ejecutivo.

La respuesta ha sido que parlamentarios estadounidenses suscribieron un documento respaldando de forma bipartidista las acciones del departamento de Estado.