Resumen del día: Reformas a la LEPP reactivaría el transfuguismo

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Las ONG acusan al presidente de Guatemala de limitar la libertad de prensa

El primer año en el poder del presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, ha estado marcado por el hostigamiento a los medios, un acceso limitado a la información e investigaciones deficientes de los ataques contra la prensa, según Human Rights Watch (HRW) y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), que atribuyen a las autoridades “una retórica beligerante” y “acusaciones falsas”.

El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, lamenta que, “desde que asumió hace un año, el Gobierno de Giammattei ha actuado con hostilidad hacia los medios, incluso limitando selectivamente su acceso a información importante sobre salud pública“.

Según las dos ONG, los “ataques verbales” se han intensificado desde el inicio de la pandemia de COVID-19, que ha derivado también en una restricción de acceso a la información sanitaria. “Una prensa libre y el acceso oportuno a la información son fundamentales para abordar efectivamente la pandemia”, recordó Vivanco en un comunicado.

La coordinadora de programas de América Central y del Sur del CPJ, Natalie Southwick, subraya que “el Gobierno de Guatemala debe brindar la información precisa y oportuna necesaria para la protección y promoción de derechos fundamentales, y garantizar el derecho de los periodistas que cubren la pandemia y acontecimientos políticos a trabajar de manera segura”.

“En lugar de hostigar a periodistas o de limitar su trabajo, las autoridades deberían concentrarse en investigar las amenazas contra la prensa, proporcionar información de salud pública esencial y permitir que los periodistas trabajen”, ha señalado.

El Comité ya concluyó hace un año que las autoridades no habían investigado situaciones de violencia o amenazas sufridas por periodistas ni tampoco había ofrecido protección adecuada. El aviso se repite ahora y, entre las recomendaciones planteadas por las organizaciones, figura dotar a la Fiscalía de Delitos contra Periodistas de recursos y personal, ya que está “totalmente sobrepasada de trabajo”.

Reformas a la LEPP reactivaría el transfuguismo

Durante una sesión que duró hasta la madrugada de este miércoles 11 de noviembre, el Congreso de la República ratificó de urgencia nacional el estado de Calamidad Pública solicitado por el Organismo Ejecutivo en los diez departamentos que se vieron afectados por la depresión tropical ETA.

Tras 9 meses de análisis, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) entregó al Congreso de la República la propuesta de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) para que la someta a debate dentro de los diputados. Es de mencionar que ese proyecto de reformas reactivaría el transfuguismo.

La propuesta enviada al Legislativo tiene algunas excepciones con diputados que hayan sido expulsados, por escisión o por cancelación de partido político. Las modificaciones serían al artículo 205, en donde uno de sus párrafos quedaría de la siguiente manera: “Se exceptúa de la prohibición contenida en el presente artículo, cuando la incorporación a otra organización política deviene de expulsión, escisión, suspensión o cancelación de la organización política con la cual alcanzó la diputación”.

Estos cambios surgen un día después de que los diputados oficialistas, juntos a bancadas aliadas, pretendían reactivar el transfuguismo.

“Se entenderá por transfuguismo el acto por el cual un diputado renuncia a un partido político, habiendo sido electo o cuando ya está ejerciendo el cargo, mediante sufragio universal, para un periodo y estuviese designado en uno de los órganos establecidos (…), el renunciante no podrá optar a ningún caro dentro de los órganos del Congreso”, añade la normativa.

En el caso específico de expulsión de diputados, en diciembre del año pasado la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) informó sobre la expulsión de seis diputados de sus filas, entre ellos, el diputado Carlos Santiago Nájera Sagastume, quien actualmente funge como cuarto secretario de la junta directiva del Legislativo.

Da inicio audiencia de primera declaración de sindicado en caso Sharon Figueroa

El Juzgado de Primera Instancia Penal de San Benito, Petén, inició este viernes 19 de febrero la audiencia de primera declaración de Sergio Rolando López González, señalado de ser uno de los responsables de la muerte violenta de Sharon Figueroa, de 8 años, cuyo cuerpo fue localizado con golpes en las manos y rostro.

Según la investigación preliminar, una disputa entre vecinos habría sido la causa del asesinato de la niña, en Melchor de Mencos.

Por este caso también fue capturada Sonia Esperanza González Cho (41 años) quien fue ligada a proceso penal por los delitos de posesión para el consumo de drogas y encubrimiento.

La Fiscalía Contra el Delito de Femicidio del Ministerio Público (MP) es la encargada de las investigaciones, con el objetivo de establecer si hay más personas involucradas en el acto criminal. Además de solicitar ante la justicia que González enfrente el debido proceso.

Sharon fue localizada un día después de su desaparición, a inmediaciones de un terreno baldío, a 500 metros de una escuela abandonada en Melchor de Mencos.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) informó de la causa de la muerte, la cual fue por estrangulamiento, a esto, también se dio a conocer de la existencia de varios golpes en distintas partes del cuerpo de la víctima.

Giran orden de captura en contra de empresaria por caso Cooptación del Estado

A petición de Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), el juez Miguel Ángel Gálvez giró una orden de captura en contra de la empresaria salvadoreña-canadiense, Margarita del Carmen Quijada, quien habría negociado sobornos millonarios durante el gobierno del Partido Patriota (PP).

De acuerdo con el ente investigador, Quijada, como representante de la sociedad First Reinsurance Service Corp., pagó una comisión ilícita de US$1 millón, por la adjudicación del contrato de prima de seguro de los aeropuertos internacionales “La Aurora”, “Mundo Maya” y aeródromo de San José.

La orden de aprehensión fue emitida por los delitos de asociación ilícita, cohecho activo y lavado de dinero. Y se gestionará alerta ante la Interpol por estar fuera del país.

Nueva fase

Por este caso ya hay un grupo de personas vinculado a proceso penal por supuestamente entregar sobornos a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti por el reaseguro mencionado.

La FECI le da seguimiento a las pesquisas relacionadas con la entrega irregular de dinero a la exfuncionaria como una nueva fase del caso Cooptación del Estado.

Dentro de esta investigación se estableció que con los fondos que habría recibido la exgobernante se pagó un edificio, ubicado en la 6ª avenida 6-94, zona 9 capitalina.


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