- El pulso entre opositores y el oficialismo y sus aliados se intensifica en un diciembre que promete agudización de la crisis político-social que vive Guatemala
El presidente Alejandro Giammattei es llevado al centro de la crisis, cuando algunos sectores le piden que vete el Presupuesto´2024 que el Congreso, controlado por el oficialismo y sus aliados, aprobó el pasado jueves a pesar del rechazo generalizado a dicho proyecto, que debiera ejecutar el gobierno del presidente electo Bernardo Arévalo.
Mientras, aumentan las especulaciones sobre los pasos que dará el Ministerio Público (MP) y el propio oficialismo en el Congreso para terminar lo que la oposición considera será un «asalto» al Tribunal Supremo electoral (TSE) como parte de los planes para impedir la llegada de Arévalo a la presidencia de la República el 14 de enero próximo.
Arévalo ha denunciado estas acciones y anticipa que será el pueblo el que defienda la democracia. En el marco de ese pulso entre diferentes fuerzas, Estados Unidos anunció ayer sanciones para Miguel Martínez, pareja de Giammattei, por el soborno que habría recibido con la compra de las vacunas rusas Sputnik V, que luego se entregaron fuera de calendario y la mayor parte de ellas se venció, con pérdidas para el país que superaron los Q400 millones.
A media noche y de forma opaca, falsos representantes consumaron la traición al pueblo.
Se equivocan en creer que la democracia recae en unos pocos.
El mandato del pueblo lo protege el pueblo y lo defiende el pueblo. pic.twitter.com/BTA7thkEU1— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) December 2, 2023
Dieciocho organizaciones indígenas de todo el país emitieron un comunicado conjunto en el que piden al presidente vetar el Presupuesto ya que consideran que «compromete severamente el bienestar y derechos de las familias guatemaltecas, afectando crucialmente áreas como salud, seguridad, educación y desarrollo social. Además, destina miles de millones de quetzales a ONGs de diputados y a otros funcionarios».
Este viernes, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), recomendó al presidente Giammattei que vete el proyecto de Presupuesto´2024 aprobado por el oficialismo en el Congreso, pues el mismo «tendría efectos dañinos» para la población en general si entra en vigor el próximo año.
Icefi destaca en un comunicado que «mantiene las alteraciones y anomalías que la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda (CFPM) introdujo en su dictamen; pero, además, las enmiendas aprobadas empeoran aún más los efectos dañinos que la vigencia de este presupuesto provocaría».
Un grupito de delincuentes enquistados en el Estado intenta negar al pueblo lo que le corresponde.
Su último intento es aprobar un presupuesto absurdo, corrupto e ineficiente. pic.twitter.com/cfFT8U1QPv
— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) November 30, 2023
Diversos sectores y tanques de pensamiento especializados en finanzas públicas han destacado que el Presupuesto contiene múltiples defectos y deja candados que obligarían al nuevo gobierno a depender de aprobaciones que hiciera el nuevo congreso –que estará controlado por la oposición–, además de dirigir fondos a ONG vinculadas a diputados o grupos políticos.
LEE ADEMÁS:
El presidente de la República tiene la capacidad de vetar cualquier ley que apruebe el Congreso y, en caso de hacerlo, debe volver al Congreso, que necesita de una mayoría calificada para ordenar que se publique.
Sin embargo, fuentes cercanas al Gobierno indican que el presidente «no contempla» la posibilidad del veto, tomando en cuenta que fue aprobado por las bancadas aliadas al oficialismo.
En el ambiente hay expectativa por las reacciones populares que puedan darse en los próximos días, luego del «paquetazo de noviembre» que el Congreso aprobó, el cual ha puesto nuevamente en marcha una serie de acciones que el MP llevará a cabo para impedir el cambio de gobierno en enero próximo.
Las organizaciones indigenas ancestrales han advertido que continuarán con la «defensa de la democracia», aunque hasta hoy no se han anunciado las medidas que tomarán en el mes de diciembre. La comunidad internacional también está atenta a los acontecimientos en Guatemala y no se descartan nuevas sanciones a actores del oficialismo y sus aliados por parte de Estados Unidos.