- Continúan reacciones internacionales tras evidente criminalización en contra de operadores de justicia y periodistas vinculados a la lucha anticorrupción
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos instó este a las autoridades de Guatemala a “fortalecer y garantizar la independencia” de su sistema judicial, declarándose “profundamente perturbado” por la situación del país, tres días después de la condena de la exfiscal Virginia Laparra, por haber denunciado a un juez en un caso de corrupción.
Por medio de un tuit, Volker Türk, relator de la ONU, expuso la preocupación por la forma en que en nuestro país se ha criminalizado a operadores de justicia, muchos de ellos en el exilio a causa de que no se respeta el debido proceso.
Türk expuso lo siguiente: estoy profundamente perturbado por cómo se sigue socavando el poder judicial y criminalizando a los funcionarios judiciales en el país. Pide a las autoridades fortalecer y garantizar la independencia del sistema de justicia y combatir la corrupción
Virginia Laparra fue condenada a cuatro años de prisión conmutables el pasado viernes en un controversial fallo dictado por la jueza Oly González, pero no podrá recuperar su libertad por otra causa abierta a propósito por el Ministerio Público por supuesta filtración de información confidencial.
La jueza consideró que Laparra tuvo «abuso de autoridad continuado» tras haber denunciado a un juez, al que nunca se investigó a pesar de las denuncias administrativas que presentó en su oportunidad Laparra.
En el juicio, la jueza González validó todas las pruebas de la parte acusadora –el MP y la Fundación contra el terrorismo–, mientras que evitó considerar los argumentos de la defensa, ni se tuvo como testigo al jefe inmediato en ese entonces de Laparra, el exfiscal Juan Francisco sandoval, quien habría autorizado a la ahora condenada a que planteara las denuncias contra el juez.
Antes del pronunciamiento del relator de la ONU, el Departamento de Estado se pronunció en similares términos, provocando una reacción de la cancillería guatemalteca, que considera como «injerencia» cualquier comentario sobre la situación de la justicia guatemalteca.
La fundación contra el terrorismo se ha evidenciado como punta de lanza de la persecución contra exfiscales, jueces y exjueces, periodistas y activistas de derechos humanos que han intervenido en casos anticorrupción o de violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado del país durante el siglo pasado.
Las agencias de noticias internacionales que informan sobre el caso y la situación de la justicia, destacan que es la fiscal general del país, Consuelo Porras quien emprendió una campaña de persecución contra fiscales anticorrupción y por su afinidad con el oficialismo y el presidente Alejandro Giammattei, fue ratificada en el cargo en mayo para otros cuatro años.
Cerca de 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o en el exilio y Laparra es la primera en haber sido capturada y enviada a juicio.