Libertad, respeto, justicia, igualdad, pluralismo político y poderes independientes –entre otros–, son los pilares de la democracia. ¿Qué pasa cuando uno o varios fallan?
Gonzalo Marroquín Godoy
Cuánta alharaca armamos algunos por el tema del control político sobre el sistema de justicia. Cuánta alharaca armamos porque en el país la impunidad es la marca que se impone para promover corrupción, pero también para facilitar las actividades del crimen organizado. Cuánta alharaca armamos por tener un sistema político corrompido, que además controla las instituciones más importantes de la democracia. Pero hay que hacerlo.
Hoy concluye un proceso de postulación más, con los mismos resultados del pasado, con un control superior más sofisticado, aunque más descarado.
Quienes clamaron porque el mismo fuera transparente y que se inclinara a favor de los mejores candidatos, se equivocaron de cabo a rabo. ¿Fue transparente? ¡Sí!, pero simplemente porque todos hemos podido ver lo que sucedía, pero estaba claro que no había forma de elegir a alguien mejor, porque todos los candidatos eran mediocres, malos o peores y los comisionados actuaron como siempre, a favor del sistema abusivo y abusador.
Todo lo sucedido era previsible. Como se dice en el béisbol, era una jugada cantada, y así seguirá todo lo que está por venir en materia de la cooptación de las instituciones de los sistemas político y de justicia.
Lo que hemos visto durante los últimos tiempos muestra descalabro enorme en materia de democracia. Desde el 2016 no hemos dejado de caer y perder posiciones en el Índice de Democracia, que cada año mide la revista inglesa especializada The Economist. Para ponerlo en perspectiva, en América, solamente Nicaragua, Venezuela y Cuba son menos democráticos que nosotros.
Aquel año llegan al poder Jimmy Morales y el Pacto de Corruptos. Entonces, Guatemala tenía una calificación de 5.92 –de 10 posibles– y nos ubicábamos en el puesto 79 en el mundo, es decir en la medianía de la democracia.
Esa administración, que se caracterizó principalmente por desarmar el aparato de lucha anticorrupción, hizo que nuestro índice disminuyera cada año, hasta terminar con 5.26 puntos y en el puesto 93. Claro, la justicia empezó a estar sujeta del poder político y las pocas bondades funcionales que quedaban de la democracia, se resquebrajaron.
Pero la cosa no queda ahí. Los dos años siguientes, ya bajo la batuta de Alejandro Giammattei y su alianza oficialista –esa amalgama poderosa de políticos, corruptos, mafias, militares, crimen organizado, empresarios, magistrados y demás–, el escenario ha empeorado.
En 2020 se cayó a una puntuación de 4.97 y al puesto 97, mientras que en el 2021 el índice se situó en 4.62 puntos y el puesto 99, cuando ya se veía que nos encontrábamos en medio de un asalto burdo y descarado al sistema de justicia por parte de aquella alianza.
¿Qué pasará ahora (2022)?
Pues no es difícil anticipar que veremos un mayor retroceso en ese índice, pues las ya maltrechas instituciones democráticas –CC, CSJ, MP, TSE, PDH, y Contraloría– muestran claramente que no están al servicio del pueblo y el país, sino del grupo que se encuentra en el poder y que planea continuar después de las elecciones 2023, pues quieren que continúe la dictadura de sistema bajo la cual vivimos
No se trata de hacer una alharaca por nada. ¡De ninguna manera! Estamos en un momento crucial del país y más tarde o más temprano, muchos de los que hoy apoyan a la alianza oficialista se arrepentirán, porque están creando cuervos que pueden sacarles los ojos… o –lo peor– terminar de destruir nuestra democracia.
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Todo indica qué Consuelo Porras será ungida por su amigo Giammattei para fortalecer el marco de impunidad que tan eficientemente han construido. Puede ser un error estratégico-político, tomando en cuenta que podría tener a otro fiscal, igualmente dócil a sus mandatos, sin desafiar tan abiertamente a la comunidad internacional, que ya luce agotada de reclamar por la independencia judicial del país.
Esta vez no podrá darle más atole con el dedo a Kamala Harris, la Casa Blanca y al Departamento de Estado. Ya no se baboseará a los diplomáticos de la Unión Europea (UE) con ese discurso de apoyo irrestricto a la justicia. No, todo lo que están haciendo es para mantener la impunidad más allá del 2024, cuando unos salgan del Gobierno y dejen a sus amigos a cargo de la justicia guatemalteca.
Lo que cabe esperar es que en lo que resta del año se vea una persecución de opositores, periodistas y medios independientes y activistas de derechos humanos. Por último, no hay que olvidar que el próximo año es electoral y seguramente la alianza oficialista querrá limpiarle el camino al(la) noble sucesor(a) de aquel a quien tanto le gusta que le digan Señor Presidente.
¡Ah¡… y la respuesta a la pregunta inicial es ¡No!… no puede haber democracia bajo un manto de impunidad que permite borrar las demás cualidades de la democracia.