El proyecto de presupuesto de la nación, el primero elaborado a la medida de los planes del Gobierno del presidente Jimmy Morales, es similar a todos los anteriores con una planificación cortoplacista y sin suficientes mecanismos de rendición de cuentas.
El proyecto de presupuesto de la nación prioriza recursos económicos para infraestructura vial, educación, salud, seguridad, justicia y seguridad alimentaria. Existe, no obstante, preocupación, porque se considera que fue elaborado con base en una estimación de ingresos tributarios muy optimista, porque no existen suficientes mecanismos de transparencia y para evaluar la calidad del gasto.
También porque se considera que es más de lo mismo, debido a que no propone grandes proyectos de infraestructura en el área social o productiva y la obra gris responde a los intereses de corto plazo de líderes políticos tradicionales y no de la ciudadanía; por lo tanto, no supone una inversión de trascendencia para la nación.
El proyecto de presupuesto para el 2017 asciende a Q79 mil 890 millones y muestra un incremento del 12.8 por ciento, respecto del aprobado para el 2016. El 72.2 por ciento se prevé que sea financiado con el ingreso de tributos estimados en Q57 mil millones.
Es una estimación muy elevada de ingresos tributarios, va a ser difícil lograr esa recaudación. Debiera analizarse para no generar un mayor déficit fiscal, porque el que se está contemplando es de aproximadamente 2.2 por ciento del Producto Interno Bruto, afirma Pedro Prado, analista económico y experto en temas de presupuesto de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes).
CIV genera suspicacia
En términos absolutos, el mayor incremento presupuestario es para el Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV), ya que se recomienda que este sea de Q5,507.8 millones; es decir, Q1,878.4 millones en comparación con el presupuesto aprobado para 2016.
Las acciones de dicha cartera son preocupantes, pues ejecuta a través de varios fideicomisos, lo que hace difícil la fiscalización, y porque se teme que el dinero se utilizará para hacer pagos a empresas constructoras señaladas de cooptar al Estado.
En la elaboración del proyecto de presupuesto y priorización de cómo se gastarán los recursos económicos no se hizo una evaluación del desempeño de esas entidades para que se garantice que van a usar adecuadamente esos recursos. Al ministerio de Comunicaciones se le otorga el mayor de los incrementos, pero lo que se observa allí es muy negativo, no se ha aclarado, por ejemplo, la posible corrupción en la entrega de contratos. No hay una clara muestra de que ese ministerio vaya a usar adecuadamente esos fondos, señala Erick Coyoy, investigador del Instituto de Investigación y Proyección sobre la Economía y Sociedad de la Universidad Rafael Landívar (URL).
A Abelardo Medina, del Instituto Centroamericano de Investigaciones Fiscales (Icefi), le inquieta la manera en que se está planteando el aumento para el CIV, porque parece que va a ser utilizado para pagar deudas con empresas constructoras señaladas en el caso de cooptación del Estado. Entonces, nosotros tenemos serias dudas de que esa asignación sea apropiada.
La sombra de la política tradicional
Édgar Ballsells, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ipnusac), refiere que el proyecto de presupuesto es más de lo mismo, pues no tienen una priorización a mediano y largo plazo, sin grandes proyectos de infraestructura que reformen al Estado y las obras grises que se proponen en el listado geográfico solo responden a los intereses de la clase política tradicional y no al de la ciudadanía.
En inversión hay Q14 millardos y el gran problema es se está yendo a una inversión muy corrupta y fragmentada de los consejos de desarrollo, las comunas, los caciques políticos, diputados distritales, gobernadores y la base de la vieja política tradicional, advierte Ballsells.
Estos grupos de poder no dejan hacer su trabajo a la tecnocracia que debe planificar el desarrollo de la nación. Es una lucha entre la tecnocracia de la planificación y los caciques. Tienen una captura del presupuesto, ellos dominan el Congreso, los partidos políticos y las alcaldías, enfatiza el experto del Ipnusac.
Coyoy, investigador económico de la URL, también comparte que el proyecto de presupuesto para el otro año evidencia una mala planificación y carece de proyectos a mediano y largo plazo.
Efectivamente, no se cuenta con una priorización de dónde serían más útiles a la sociedad los recursos. Se diluyen en incremento en varias entidades y de esa manera hay esfuerzos fragmentados y no tiene resultados significativos. Debieron priorizarse uno o dos temas. Por ejemplo, el presidente siempre que habla dice que su prioridad es salud, pero el mayor incremento fue para otro ministerio, aunque esa cartera sí está recibiendo aumento, afirma Coyoy.
Insuficiente transparencia
La guinda al pastel la ponen los insuficientes mecanismos para transparentar y medir la calidad del gasto. Medina, del Icefi, considera que es necesario que en el presupuesto del otro año quede claramente definido cuáles serán los resultados que se obtendrán con la ejecución de los recursos económicos.
Entonces, lo que necesitamos, aunque ya está parcialmente planteado en el proyecto de presupuesto, es que se diga qué se va a lograr con eso, cómo se va a medir, que reglas y mecanismos de transparencia vamos a tener los guatemaltecos para verificar que eso que están ofreciendo se cumpla y, por supuesto, si están ofreciendo, se gastan la plata y no lo cumplen, quién es el responsable, afirma el experto en temas económicos y fiscales.
El proyecto de presupuesto cuenta con mecanismos de transparencia, pero estos son insuficientes y deben ser fortalecidos para que facilite la auditoría social, asegura el analista del Icefi.
En lo que la mayoría de los detractores del presupuesto tienen razón es en que la mayor parte de las veces solo les hemos dado dinero a algunos entes y luego ni nos enteramos de qué se ejecutó y cuáles fueron los resultados. Tenemos que avanzar hacia esos criterios de transparencia para que el Gobierno rinda cuentas de manera transparente y que los ciudadanos puedan verificar qué está pasando con sus impuestos, dijo Medina.