| En ambos casos (guardando las distancias de cultura política) se pretendió abarcar mucho, en lugar de concentrarse en puntos torales mínimos que permitieran avanzar sin tanta oposición, o por lo menos, lograr que fuera menos virulenta. Distinta es la situación cuando de revoluciones se trata, en donde las circunstancias son totalmente diferentes y las condiciones histórico-concretas facilitan (e incluso, obligan) a cambios radicales, estructurales, que abarcan hasta el modelo económico. |
José Alfredo Calderón E.
A propósito de la derrota del proyecto “Apruebo” realizado el domingo en Chile, para lograr una nueva y totalmente reformada Constitución Política, quiero traer a colación las similitudes de lo sucedido el domingo 16 de mayo de 1999 en la consulta popular convocada para respaldar Los Acuerdos de Paz signados el 29 de diciembre de 1996 en Guatemala.
La suscripción de Los Acuerdos ya implicaba que fueran compromisos de Estado, sin embargo, la presión de los grupos ultraconservadores, inconformes con dicha firma, incidieron para hacer un montaje que los deslegitimara.
Desde esa época, la correlación de fuerzas se volcaba hacia las derechas, por lo que no fue difícil generar un engorroso proceso que pasó, de los 13 artículos previstos a reformar, de la propuesta original, a una nueva con 50. Aún así, se había logrado que esa gran cantidad de artículos se definieran por un sí o por un no, pero nuevamente, las fuerzas retrógradas del país promovieron un recurso ante la Corte de Constitucionalidad para anular ese procedimiento.
Al final, fue el Congreso de la República quien “resolvió” el entuerto, definiendo que se haría la consulta popular sobre esas 50 reformas, pero divididas en 4 áreas constitucionales, de tal forma, que la población votante contestaría, en apariencia, solo 4 preguntas. La primera fue sobre Nación y derechos sociales, que abarcaba 7 artículos constitucionales y 3 transitorios. La segunda, sobre el Organismo Legislativo (7 artículos constitucionales y uno transitorio). La tercera tocaba al Organismo Ejecutivo (9 artículos constitucionales y uno transitorio). La cuarta, sobre el Organismo Judicial y la administración de justicia (16 artículos constitucionales y 3 transitorios).
El resultado, en realidad, no pudo haber sido menos sorpresivo: El 18.5% de la población empadronada asistió a votar: 757 mil 978 personas, sobre 4 millones 58 mil 832 empadronados. El abstencionismo triunfó indiscutiblemente. Además, en las cuatro preguntas, el NO resultó mayoritario, aunque no en iguales proporciones, mientras el voto nulo o en blanco fue marginal con un 1.5%.
Con los porcentajes bastante cerrados entre la aceptación y el rechazo, el NO triunfante no llegó a representar, en ninguna de las cuestiones, ni siquiera a una de cada diez personas empadronadas en Guatemala. Aún así, los resultados fueron legales y se perdió una gran oportunidad de hacer cambios significativos a la Carta Magna.
La principal implicación que tuvo el resultado de la consulta fue que los Acuerdos de Paz siguieron siendo ninguneados, habiendo tenido que esperar hasta la promulgación del Decreto Legislativo 52-2005, Ley Marco de los Acuerdos de Paz (año 2005), para que dichos compromisos quedaran sellados y reconocidos como acuerdos de Estado y, por ende, ley positiva.
¿Qué tiene que ver el proceso de consulta guatemalteco descrito con los resultados del referendo chileno? Básicamente tres cosas:
- Las maniobras de descalificación y desinformación de la extrema derecha chilena fueron muy parecidas a la realidad guatemalteca de 1999. El miedo a conceder reconocimiento y poder a los pueblos originarios, así como la demonización de la agenda LBTIQ+ destacaron en Chile, saliendo a relucir términos como soberanía, valores familiares, unidad nacional, anticomunismo y otras joyas características de la jerga ultraconservadora. En el caso guatemalteco, la agenda de la diversidad no fue tan fuerte en aquella época, pero el discurso de las derechas chilenas sigue siendo muy similar a la de sus pares en este territorio.
- En la democracia formal de nuestros países, es muy difícil impulsar cambios que se consideren radicales por parte de las élites dominantes y sus operadores políticos y fácticos. En ambos casos (guardando las distancias de cultura política) se pretendió abarcar mucho, en lugar de concentrarse en puntos torales mínimos que permitieran avanzar sin tanta oposición, o por lo menos, lograr que fuera menos virulenta. Distinta es la situación cuando de revoluciones se trata, en donde las circunstancias son totalmente diferentes y las condiciones histórico-concretas facilitan (e incluso, obligan) a cambios radicales, estructurales, que abarcan hasta el modelo económico.
En Guatemala, en 1999, el gobierno proempresarial de Álvaro Arzú Irigoyen venía de negarse a recibir el informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico –CEH–, la implementación de las medidas de ajuste estructural de los Chicago Boys y la ola de privatizaciones de los bienes públicos.
En su caso, Chile venía de una apertura democrática que no logró romper con el pasado pinochetista. De hecho, la constitución que se pretendía cambiar es funesta herencia de su dictadura. Gabriel Boric, sin lugar a duda, el gobierno más ambicioso y orientado a lo social, de todos, no ha cumplido ni 6 meses de ejercicio presidencial y la plataforma que lo respaldó, es una amalgama variopinta que ha venido generándole muchas demandas. Al respecto, pueden revisarse mi dos artículos “Los peligros de Boric están a la izquierda”: https://cronica.com.gt/provocatio-los-principales-retos-de-boric-estan-a-la-izquierda-1a-parte/ https://cronica.com.gt/provocatio-los-principales-retos-de-boric-estan-a-la-izquierda-2a-parte-y-final/
Se aplaude la iniciativa del movimiento “Apruebo” en la hermana república del cono sur, pero debe llamar nuestra la atención una lectura política equivocada para medir la correlación de fuerzas, los factores críticos de éxito y que, en algunas ocasiones, menos, es más, dada la coyuntura política e histórico-concreta de nuestros pueblos.
José Alfredo Calderón E.
Historiador y analista político