Organizaciones interponen acciones por trámite en el antejuicio en contra de Gloria Porras y Francisco de Mata Vela

Un grupo de organizaciones de la sociedad civil presentaron ante la Corte de Constitucionalidad (CC) una solicitud de debida ejecución ante la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de reactivar la solicitud de retiro de inmunidad planteada en contra de los magistrados de la máxima corte, Gloria Porras y Francisco de Mata Vela.

La acción interpuesta en contra de Porras y de Mata Vela proviene de la Asociación de Dignatarios, quien desde 2019 tiene un convenio con el Congreso de la República para financiar esa institución.

Ahora, la CSJ trasladó al Legislativo el expediente de antejuicio, quien ya se ha pronunciado al respecto, indicando que conformarán una Comisión Pesquisidora para conocer el antejuicio planteado,

De acuerdo con el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) y Unidad de Protección a defensoras y defensores de Derechos Humanos (Udefegua), la decisión de la CSJ incumple la resolución de la CC de octubre de 2019 en la que dejó en suspenso definitivo la solicitud de retiro de inmunidad planteada.

En esa oportunidad, la máxima corte del país señaló que las decisiones  de los magistrados no “son susceptibles de ninguna consecuencia ulterior a su emisión”.

Antejuicio

La solicitud de antejuicio se da a raíz de que el entonces presidente Jimmy Morales y su ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, solicitaran en mayo de 2018, el retiro del embajador sueco Anders Kompass, uno de las naciones donantes de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

La Fundación Myrna Mack y el abogado Alfonso Carrillo, solicitaron frenar la decisión del Ejecutivo, para el retiro del diplomático suizo.

La CC otorgó el amparo a favor de la Fundación y el abogado  por lo que la  Asociación de Dignatarios señaló que los magistrados habrían incurrido en prevaricato, resoluciones violatorias a la Constitución, violación a la Constitución y abuso de autoridad, por colocarse atribuciones de política exterior.

Es de mencionar que el año pasado, el Congreso de la República dictaminó un aporte de Q5 millones para esa Asociación, en medio de la crisis que afrontaba el país por la pandemia del COVID-19.