Mingob afirma que revisará proceso de compra de motocicletas valoradas en Q29.9 millones

El Ministerio de Gobernación (Mingob) señaló que está realizando las “acciones administrativas correspondientes”, a efecto de verificar que la adquisición de mil motocicletas por Q29.9 millones cumpla “con cada una de las etapas del proceso de licitación”.

La empresa MTM S. A. fue la beneficiada con ese contrato y Gendri Reyes, titular de la cartera del Interior, aprobó que se hiciera la compra. Las motocicletas se destinarán para uso de la Policía Nacional Civil.

En el comunicado emitido por el Mingob, se afirmó que es respetuoso del desarrollo de las funciones que por ley le han sido encomendadas y “al mismo tiempo vela por la efectiva administración y ejecución presupuestaria, garantizando la transparencia de la información en cada uno de los eventos que son llevados a cabo con el fin de contribuir al fortalecimiento institucional”.

Luego agrega: “Por lo que en aras de garantizar el debido cumplimiento al ordenamiento jurídico guatemalteco y a la normativa aplicable en materia de contrataciones; este Ministerio de Gobernación está realizando las acciones administrativas correspondientes a efecto de verificar que el expediente de mérito cumpla con cada una de las etapas del proceso de licitación”.

El ministro de Gobernación benefició con dicha contratación a la empresa MTM Sociedad Anónima, cuyo representante legal es Juan Alberto Charuc García, a pesar de que con anterioridad, el 1 de septiembre, el mismo Reyes firmó la resolución 000698 en la que no aprobó la adjudicación a la referida entidad “por no apegarse a los criterios de calificación, establecidos en las Bases de Licitación Pública”, se lee en dicho documento.

PDH muestra preocupación

Jordán Rodas, procurador de los Derechos Humanos, había manifestado su preocupación por esta licitación. El magistrado de conciencia dijo que en esta se podría haber quebrantado el artículo 20 de la Ley de Contrataciones.

Esa norma establece que la entidad contratante no deberá fijar especificaciones técnicas o disposiciones establecidas que requiere el Estado.