Luis F. Linares López
En marzo de 2015, en Nápoles, aludiendo a la mafia napolitana, el papa Francisco dijo que la “corrupción es sucia y que la sociedad corrupta apesta”. En Guatemala, hasta 2015, estábamos resignados a la corrupción. Parecía tan inevitable como el calor de marzo. De quienes ejercían cargos públicos se esperaba, a lo sumo, que si robaban al menos hicieran obra.
A partir de los sucesos que llevaron al final del gobierno de Pérez Molina comprobamos que era posible luchar contra la corrupción. Que, como sucede en las sociedades donde funciona el Estado de derecho, si un funcionario público o un particular incurren en corrupción es muy posible que sea descubierto y que, si eso sucede es seguro que será procesado. El paso final, que si es procesado y encontrado culpable será condenado, está pendiente de verse, pues aparte que los procesos son largos y complejos, existen muchas formas de litigio malicioso que buscan, y a menudo logran, retrasarlos.
Es indudable que la posibilidad de castigar a los funcionarios y particulares involucrados en hechos de corrupción no existiría en modo alguno si no fuera por la presencia de la CICIG y su acompañamiento al Ministerio Público, así como por el compromiso demostrado por la Fiscal General. Es más, si la CICIG y el MP no hubieran actuado en 2015, el presidente actual sería Manuel Baldizón o Alejandro Siniibaldi y la corrupción habría alcanzado niveles inimaginables e inatajables.
Como dijimos el domingo 27 de agosto en declaraciones a Emisoras Unidas, Jimmy Morales nunca habría llegado a la presidencia si la conciencia ciudadana contra la corrupción no hubiera despertado, gracias a las acciones de la CICIG. Ganó la elección contra Sandra Torres porque se le veía como alguien no contaminado con la politiquería corrupta. Su lema “ni corruptos ni ladrones” permitía pensar que, pese a sus escasos conocimientos y nula experiencia en la administración pública, podría impulsar, desde las competencias y la iniciativa del Organismo Ejecutivo, la lucha contra la corrupción.
Lejos de hacerlo, pues jamás tomó iniciativa alguna, desde la campaña – a la luz de los señalamientos del MP y la CICIG – se involucró en el financiamiento electoral ilícito, deslegitimando su gobierno y traicionando a sus electores. Ante la solicitud de antejuicio responde – confundiendo los intereses nacionales con su interés personal de sobrevivir como gobernante – declarando non grato al Comisionado Velásquez. En una forma tan torpe, sin sólidos argumentos jurídicos y políticos, que la Corte de Constitucionalidad de inmediato le enmendó la plana.
Cuando escribo esta columna se desconoce la reacción de Morales, pero su gobierno ya comenzó a desmoronarse, a lo que se agrega el malestar que provoca internacionalmente. Se verá como lo que en realidad es: una acción desesperada de un gobernante atrapado en las redes de la corrupción, que busca eludir la acción de la justicia.
Es por ello que la lucha contra la corrupción entra en una fase decisiva. Si Morales se impone y finalmente logra expulsar a Velásquez, puede ser que el Secretario de Naciones Unidas – quien manifestó estar estupefacto por la decisión de Morales y obviamente indignado porque no tuvo el valor de decirlo cara a cara – decida retirar a la CICIG, aduciendo que el Estado de Guatemala obstaculiza las actividades de la comisión, como reza el artículo 11 del acuerdo de creación.
Si la CICIG se retira la Fiscal General seguramente cumplirá su palabra y renunciará. El antejuicio será declarado sin lugar. Los votos necesarios serán comprados o convencidos de que, si se mantiene la CICIG, aparte de un seguro proceso penal contra el gobernante, vendrán acciones contra muchos diputados por el caso Odebrecht, la UNE será cancelada y quien sabe qué casos más, pues hay muchísimas colas que se pueden machucar.
Pero con lo que no cuentan Morales y sus incompetentes asesores es que la ciudadanía no se dejará sobar la cara. Que en 2015 se comprobó que, sin recurrir a la violencia, la voluntad soberana del pueblo se puede imponer sobre quienes ejercen el poder y, por lo tanto, sus días en el gobierno estarán contados. Tarde o temprano las fuerzas que lo apoyan se darán cuenta que su posición es insostenible y los descartarán como algo inservible.
Ya que comenzamos con una frase del papa Francisco, concluimos con otras, pronunciadas ante la Asociación Internacional de Derecho Penal (octubre de 2014) que vienen como anillo al dedo para don Jimmy: el “corrupto no puede aceptar la crítica, descalifica a quien la hace, busca disminuir cualquiera autoridad moral que pueda cuestionarlo”.