- Esto es lo que podría ser una «hoja de ruta» para desmantelar lo que se ha convertido en un nido de la corrupción y la impunidad.
Redacción Crónica
El tiempo de la retórica terminó. Gabriel García Luna asume el próximo domingo el Ministerio Público (MP) no para administrar una institución, sino para rescatarla de un secuestro sistemático y, según defensores del sistema de justicia, el país demanda acciones quirúrgicas para extirpar el cáncer del oscurantismo que convirtió a la justicia en un arma de persecución política y blindaje criminal.
Cuando asuma funciones, el nuevo fiscal general tiene el reto de terminar con 8 años de oscurantismo en una institución que estuvo bajo el mando de Consuelo Porras, quien deja el cargo como la funcionaria que ha recibido más sanciones internacionales en la historia del país.
Estos son los 7 puntos que los grupos projusticia y la población en general esperan que García Luna ejecute para recuperar la institucionalidad:
1. Saneamiento total: Fuera los «Impresentables» de la Lista Engel
No se puede recuperar la moral interna si los pasillos de Gerona siguen custodiados por quienes son señalados localmente, pero también por Estados Unidos y la comunidad internacional, que lo han marcado como actores «corruptos y antidemocráticos.» García Luna debe remover de inmediato a los alfiles de la gestión anterior:
- Rafael Curruchiche: El rostro visible de la criminalización, la persecución política y el desmantelamiento de casos clave de corrupción.
- Cinthia Monterroso: Conocida por su hostilidad procesal contra jueces independientes y su papel en la criminalización de operadores de justicia.
- Leonor Morales Lazo y Pedro Hernández: Piezas operativas esenciales en la red de impunidad.
- Noé Rivera Vásquez y Ángel Pineda: Este último, secretario general del MP, es señalado como el estratega detrás de bambalinas, el hombre que filtra información y coordina el asedio judicial a través de cuentas anónimas en redes sociales y redes de desinformación.nestidad no es un peligro, sino un orgullo.
2. Desmantelamiento de casos espurios y fin al exilio judicial
La justicia guatemalteca tiene «rehenes». Es urgente la revisión y desestimación de los procesos fabricados contra voces críticas. García Luna debe actuar sobre:
- José Rubén Zamora: El periodista que simboliza la venganza del sistema.
- Exoperadores en el exilio: Facilitar el retorno con garantías de figuras como Thelma Aldana, Juan Francisco Sandoval, Erika Aifán y Miguel Ángel Gálvez (entre otros), cuyas persecuciones fueron orquestadas desde el propio MP para descabezar la lucha anticorrupción.
- Líderes sociales: Detener la criminalización de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, líderes en su momento de los 48 Cantones de Totonicapán, quienes fueron el baluarte de la resistencia democrática y permanecen presos desde hace más de un año sin que la FECI pueda presentar prueba de los supuestos delitos de los que se les acusa.
3. Fin a la obstrucción a la justicia desde lo interno
Se debe acabar con la política de «archivador y silencio». El MP no puede seguir bloqueando investigaciones administrativas o penales que tocan a grupos de poder o las estructuras de corrupción, así como los casos en contra de funcionarios de la administración de Alejandro Giammattei, a quien el MP ha protegido a pesar de numerosas denuncias contra él y su mareja, Miguel Martínez. García Luna debe auditar las fiscalías que han servido como muros de contención para proteger a exfuncionarios del gobierno de Giammattei y asegurar que la justicia fluya sin peajes políticos.
4. Reactivación de la lucha anticorrupción real
El MP debe volver a ser el terror de los corruptos. Esto implica retomar expedientes anteriores de alto impacto en la obra pública, los contratos anómalos en el Ministerio de Comunicaciones y las plazas fantasmas. La lucha anticorrupción debe dejar de ser un eslogan para volver a ser una operatividad diaria basada en pruebas, no en consignas de redes sociales.
5. Ruptura con las «Mafias de la Toga» y grupos de choque
García Luna debe trazar una línea de fuego entre el MP y las estructuras que han parasitado la justicia. Esto incluye:
- Romper el contubernio con jueces cuestionados como Freddy Orellana, Jimi Bremer y Víctor Cruz, quienes han avalado cuanta ilegalidad ha salido de la FECI actual.
- Ignorar las presiones de la Fundación contra el Terrorismo (FCT): El MP debe dejar de ser el brazo legal de un grupo que utiliza el litigio malicioso para intimidar a opositores y periodistas.
6. Denuncia de las ilegalidades encontradas
Como primer acto de transparencia, el nuevo Fiscal debe presentar un informe público sobre el estado en que recibe la institución. Debe denunciar penalmente cualquier hallazgo de manipulación de evidencias, contrataciones irregulares o uso de recursos públicos para financiar «netcenters» y campañas de desprestigio desde el interior del MP. El país necesita saber cómo se operó el oscurantismo desde adentro.
7. Recuperación de la credibilidad nacional e internacional
El MP de Consuelo Porras perdió credibilidad nacional e internacionalmente, por ser considerado parte de las instituciones del sector justicia, cooptadas para impedir que se investigara la gran corrupción y favorecer a las fuerzas que han creado una amalgama de poderes que promueven impunidad en diferentes direcciones.
Los analistas reconocen que si García Luna no da pasos en la dirección correcta y envía pronto mensajes a favor de la independencia de la institución, será complicado recuperar la indespensable credibilidad.
El peso de la historia
García Luna tiene frente a sí dos caminos: ser el fiscal que permitió que el MP continuara operando sin compromiso con el Estado de Derecho, o encarriló el camino de la institución, devolviendo al país la confianza en la ley, la justicia y la Constitución.