- Guatemala se encuentra ante una coyuntura compleja, derivada de los acontecimientos que se dieron luego de la victoria de Bernardo Arévalo en la segunda vuelta electoral.
Bajo la fachada de legalidad, el Ministerio Público (MP), bajo las órdenes de Consuelo Porras y Rafael Curruchiche, ha montado un entramado judicial para lo que muchos califican como golpe de Estado, con el fin de derrocar al presidente electo Bernardo Arévalo y traer al traste la voluntad expresada en las urnas el 20 de agosto por 2.441,661 de guatemaltecos.
Las fuerzas se están alineando en lo que parece será una batalla por la democracia a librarse en varios frentes: a) tribunales y cortes; b) plazas, calles y carreteras; c) organismos internacionales –diplomacia–; y d) medios y redes sociales. El escenario es sombrío y no es fácil anticipar los escenarios que puedan presentarse, porque todo puede cambiar de un momento a otro.
El sistema político y de impunidad que domina el país está dispuesto a impedir la llegada de Bernardo Arévalo y Karin Herrera al Palacio Nacional, y para ello se ha iniciado una feroz persecución judicial contra las elecciones del 20 de agosto, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y contra el partido Semilla, amplio ganador en el balotaje, de acuerdo con todos los informes presentados por los grupos de observación electoral –nacionales e internacionales–, que coinciden en descartar cualquier posibilidad de fraude, contrario a lo que pretende demostrar el Ministerio Público (MP).
El presidente electo ha tenido que salir en dos ocasiones para denunciar un golpe de Estado en marcha, y señala específicamente como responsables en esta etapa a la fiscal general Consuelo Porras y al fiscal de la FECI, Rafael Curruchiche, quienes han emprendido acciones judiciales contra el proceso electoral y contra el partido Semilla, al que pertenecen Arévalo y Herrera.
Con toda la fuerza posible
A pesar de los argumentos jurídicos en contra, de las protestas y repudio popular, de las advertencias de países amigos y organismos internacionales, y de los peligros que esto conlleva para mantener la gobernabilidad en el país, el MP no ha cesado en sus acciones y manifiestamente ha anunciado que amplía sus pretensiones: ya no solo se persigue a Semilla, sino además, se investiga un fraude imaginario.
Aunque las protestas populares exigen respeto a la Constitución y la democracia y se demanda la renuncia de Porras, Curruchiche, y el juez Fredy Orellana, las acciones del MP han indo en aumento. La lista es larga de las acciones que han realizado es larga:
- Allanamientos varios a instalaciones del TSE.
- Intimidación a miembros de las Juntas Electorales (ciudadanos voluntarios).
- Suspensión de la personería jurídica del Movimiento Semilla (en discusión en las cortes).
- Investigación y amenazas en redes sociales afines contra dirigentes de Semilla.
- Proceso de antejuicio en contra de magistrados del TSE y el Registrador de Ciudadanos.
Esta ha sido la primera vez en toda la historia de la llamada era democrática, que se inició en 1984, que la fiscalía irrumpe en un proceso electoral. De acuerdo con la Ley, todo lo relacionado con las elecciones, los acontecimientos previos y posteriores, debe ser supervisado y sancionado por el TSE, que es el responsable de decretar quien o quienes resultan siendo elegidos en las urnas. Esto último ya sucedió, al declarar presidente y vicepresidenta electos a Arévalo y Herrera.
A todas estas acciones del MP y el juez Orellana se han opuesto con recursos y acciones de amparo tanto de Arévalo y Semilla como de parte de los magistrados del TSE, quienes han denunciado ante la Corte de Constitucionalidad el atropello cometido en contra de este alto organismo electoral.
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¿Cuál es el objetivo de todo esto?
Es claro que las acciones del MP responden a fuerzas más poderosas. La llamada alianza oficialista que, si bien gira en torno al presidente Alejandro Giammattei, responde a intereses de más grupos y fuerzas oscurantistas, que no quieren perder los privilegios que les permiten acceso a la corrupción y se esfuerzan por mantener la impunidad imperante que les favorece.
Declaraciones de Curruchiche dejan claro que lo que se quiere es impugnar las elecciones por fraude y así botar todo lo actuado, provocando un caos político a menos de tres meses del cambio constitucional de la presidencia de la República.
Sin embargo, se sabe también por fuentes cercanas a la alianza oficialista que existe un plan b por si no se logra el cien por cien del primero. En todo caso, el segundo pretende que, si no se impide la llegada de Arévalo al Palacio Nacional, al menos se le debilite para que tenga pocas posibilidades de éxito dirigiendo el Ejecutivo, enfrentado –como estará– con el Congreso adverso y las cortes, aún controladas por la alianza que la oposición califica de infernal.
El balance de las fuerzas
Hace algunos meses, la fuerza de la alianza oficialista lucía verdaderamente invencible. Sin embargo, con el paso del tiempo no luce igual de poderosa y se han visto ya fisuras y podría haber más, en la medida en que se hace evidente que los intereses son cada vez más oscuros y los riesgos para sus integrantes aumentan.
Entre los aliados más firmes se pueden ver el Ejecutivo –representado en la pareja Alejandro Giammattei–Miguel Martínez–, con un discurso engañoso de respeto al orden constitucional, al MP, encargado de las acciones judiciales, y las cortes, salas y tribunales. Cabe mencionar que en el sistema de justicia empiezan a verse actitudes de jueces o magistrados que añoran recuperar la independencia y sopesan los riesgos existentes.
En el sector empresarial también hay divisiones, porque se teme a los efectos que el rompimiento constitucional puede traer, principalmente con sanciones de la comunidad internacional y en particular de parte de Estados Unidos.
Los militares, de poco hablar, siguen con firmeza el mandato de su comandante en jefe, porque saben que un cambio en el sistema hace más vulnerables sus redes vinculadas al narcotráfico y estructuras de contrabando.
Hace rato que el TSE rompió con la alianza oficialista, porque los magistrados sintieron que se les estaba pidiendo demasiado, cuando se iniciaron las acciones contra Semilla después de la primera vuelta de elecciones.
Los que no se mantienen firmes en el barco son aquellos que tienen mucho que perder si termina o al menos se debilita el marco de corrupción e impunidad, por lo que están dispuestos a seguir con el plan contra Arévalo y la democracia.
A diferencia de lo que sucedía hasta antes de la primera vuelta, el sector ciudadano surgió con fuerza y se ha convertido en un factor de contrapeso importante. El movimiento popular ha elevado su voz y las organizaciones indígenas y populares se oponen al rompimiento constitucional en marcha.
Las autoridades indígenas se han pronunciado con fuerza y han formulado el llamado a Paro Nacional para detener las aberraciones legales contra la democracia.
No se puede decir que Semilla es el factor que unifica este movimiento, pero sí que en torno a Arévalo se vienen organizando todas las fuerzas ciudadanas que están cansadas de la corrupción imperante y temen que la débil democracia se pueda perder.
Dentro de este movimiento popular, la fuerza de las organizaciones indígenas y campesinas, así como los estudiantes universitarios, pueden resultar determinantes a la hora de elevar las protestas contra el sistema y la corrupción.
El otro brazo fuerte en este pulso que se está librando, es la comunidad internacional, con Estados Unidos a la cabeza. Se ha advertido de posibles sanciones y en la Organización de Estados Americanos (OEA) no se descarta la activación de la Carta Democrática, que podría provocar un aislamiento de Guatemala en el organismo regional.
Washington estudia nuevas y mayores sanciones para los funcionarios corruptos y antidemocráticos, y a su iniciativa se podría sumar la Unión europea, cuyo parlamento ha abordado ya en dos ocasiones el tema de Guatemala.
Para la comunidad internacional, Guatemala se encuentra un escalón por debajo de Venezuela y Nicaragua en algunos aspectos antidemocráticos, particularmente por falta de independencia de la justicia, acoso a la prensa independiente y persecución a opositores o personas que se consideran incómodas para el régimen.
La braza ardiendo estará en las cortes
Mientras Giammattei pretende que no es asunto del Ejecutivo y que respeta la independencia del MP y del sector justicia, se sabe que el mandatario está en el centro de la toma de decisiones. Por ahora, logra que la atención se centre en la fiscal general y luego la braza pase a las cortes, donde se dirimirá todo este caos político.
El MP puede tener resoluciones favorables de algunos jueces –como Orellana o Jimmi Bremer– pero las apelaciones y muchas de las acciones deben ser resueltas por la Corte Suprema y la de Constitucionalidad, ambas obedientes hasta ahora al oficialismo.
La CC ha emitido algunas resoluciones, pero se observa en la misma ambigüedad, pues no han detenido las acciones del MP como ha solicitado el TSE, pero tampoco las avala del todo. Fuentes cercanas a los magistrados de la máxima corte aseguran que hay temor por sanciones de Washington y por la reacción popular en su contra de forma individual.
La CSJ está más comprometida, pues se debe recordar que ha sido la alianza oficialista la que ha mantenido a todos los magistrados inconstitucionalmente en sus cargos por cuatro años, un atropello y violación constitucional que, por cierto, nunca quiso perseguir el MP como hoy sí lo hace contra Arévalo.
Para alcanzar lo que se propone el oficialismo y sus aliados es indispensable que se encuentre una actitud pétrea en los magistrados de ambas cortes, pues de lo contrario el andamiaje que se ha venido orquestando podría derrumbarse.
¿Candidatos cobardes o cómplices?
En todo este ambiente de incertidumbre que ha creado el MP, ha llamado la atención el silencio de la mayoría de los candidatos presidenciales que participaron en el proceso electoral recién terminado. Pocas voces se han escuchado y han sido tibias y de poca duración.
Obviamente, muchos de los participantes en las elecciones fueron candidatos de partidos aliados al oficialismo en el Congreso, pero ni en su calidad de ciudadanos han alzado la voz.
La lista de los totalmente silenciados –cero conferencia de prensa, declaraciones o mensajes en redes sociales– incluye a la gran mayoría, pero destacan aquellos que tuvieron algún grado de protagonismo, empezando por Zury Ríos, y siguiendo con los más connotados, como Rafael Espada, Armando Castillo, Francisco Arredondo, Amílcar Rivera, Hugo Peña, Rudio Lecsan, Isaac Farchi y Manuel Villacorta, para citar a los principales.
En el caso de Manuel Conde y Sammy Morales no se pueden pronunciar, por ser parte de los partidos políticos que abrieron las puertas a la corrupción y la impunidad en los últimos dos períodos.
Para cualquier analista, el silencio o expresiones a favor de lo que hace el MP solo puede significar una de dos cosas: temor a caer entre los perseguidos por el MP o complicidad con el sistema político imperante en el país.
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