El presidente ha tenido que invocar a la OEA, para ganar tiempo
Tras las manifestaciones ciudadanas y los violentos disturbios ocurridos el pasado sábado, el presidente Alejandro Giammattei se encuentra en medio de la peor crisis política que ha tenido que enfrentar apenas a 10 meses del inicio de su gestión, lo que le ha obligado a solicitar la intervención de la OEA, con el fin de calmar los ánimos y ganar tiempo.
Pero la crisis, que estalló con la aprobación del Presupuesto de la Nación, en medio de opacidad, durante la madrugada del miércoles anterior, se venía gestando desde hace meses, por la forma en que se conducen los tres poderes del Estado para mantener el marco de impunidad y corrupción que ha prevalecido durante largo tiempo.
El presidente del Congreso, Allan Rodríguez, fiel aliado de Gimmattei, anunció que se ha decidido no proceder con los trámites para que proceda la aprobación del Presupuesto, pero ahora debe convocar al pleno de diputados para que aprueben su iniciativa, de acuerdo con los trámites necesarios para enviar al archivo el decreto que ya fue aprobado.
El listado de causas que generaron la actual crisis se inició desde el primer día del gobierno de Vamos, cuando el presidente influyó en la conformación de la primera Junta Directiva del Organismo Judicial. A continuación, un análisis breve de las 7 causas que ponen al mandatario en el ojo del huracán socio-político que se vive en el país.
1.- No hay independencia de poderes
Aunque la Constitución establece claramente que debe existir independencia entre los tres poderes del Estado y que ninguno de ellos debe estar sujeto a otro, se ha mantenido que el poder está en el Ejecutivo –evidente con las dos elecciones de Junta Directiva– y que el Congreso responde a los intereses políticos. En ambas se ha hecho público que Giammattei ha intervenido directamente.
Igual o peor es el caso del Organismo Judicial, ya que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) responde directamente a los intereses del sector político –Legislativo y Ejecutivo–. Las resoluciones de los magistrados así lo demuestran. Esa falta de independencia de los poderes del Estado hace que no funcione de manera normal de democracia.
Para controlar el Congreso, el oficialismo ha recurrido a crear una alianza con las bancadas de varios partidos políticos, a los que beneficia con prebendas y direcciona hacia ellos gasto público para favorecerlos y mantener la unidad necesaria para aprobar lo que desea el Ejecutivo, como se hizo con el Presupuesto, promoviendo la corrupción institucional como en legislaturas anteriores.
El Congreso y la CSJ han sido el brazo que utiliza el sector político para mantener la impunidad.
2.- Retraso doloso de elección de magistrados
La legislatura encabezada por Rodríguez ha mantenido una actitud de desacato a una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que ordena que se proceda a elegir magistrados para la CSJ y de salas, lo que ha permitido que se mantenga un control pleno del sector justicia.
Diversos sectores de la sociedad se han pronunciado sin lograr un cambio en la actitud de los diputados oficialistas. el Ministerio Público (MP), encabezado por Consuelo Porras, no ha actuado para hacer que se cumpla el mandato constitucional y permite que persista el irrespeto a un mandato de la máxima instancia judicial, cuyos fallos son inapelables.
3.- Acoso a la CC y a la Feci
Los único baluartes que se han resistido al avance del sector político sobre el sector justicia, la CC y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), a cargo del fiscal Juan Francisco Sandoval, se han visto desde hace meses bajo acoso judicial de parte de la corriente oficialista, tanto en la CSJ, el MP, como el Congreso.
En repetidas ocasiones se ha intentado desaforar a magistrados dela CC, sin lograrlo hasta el momento. Primero se enfocaron contra cuatro de ellos: Gloria Porras, José Francisco de Mata, Neftaly Aldana y Bonerge Mejía, a los que incluso el Congreso llegó a formar una comisión pesquisidora para buscar su destitución.
Finalmente un amparo detuvo el proceso y luego del fallecimiento de Mejía y el cese como magistrado de Aldana, por enfermedad, se intenta desaforar a los dos primeros –Porras y de Mata–. Tras la salida de Mejía, la CSJ se apresuró a nombrar como sustituto a Roberto Molina Barreto, ex candidato presidencial con Zury Ríos, cuyo partido forma parte de la alianza oficialista.
El otro blanco de acoso ha sido Juan Francisco Sandoval, a quien la Fiscal General, Consuelo Porras, ha demostrado tenerle con poco apoyo institucional, al extremo de dar trámite a varias denuncias penales en su contra, con el fin de debilitar su posición. La situación se hizo tan evidente, que la comunidad internacional, especialmente Estados Unidos, enviaron mensajes claros a Porras para que «persiga a los corruptos y no a sus propios fiscales».
4.- Silencio –¿o tolerancia?– ante la corrupción
Uno de los aspectos que se critica al presidente Giammattei, es la poca respuesta que hay en su administración ante reiteradas denuncias de corrupción en diferentes instituciones y la poca participación que tiene la Comisión Presidencial Contra la Corrupción.
Los informes de prensa tienen mucha difusión, pero poco efecto para que se inicien las investigaciones. La percepción es que también la Contraloría General de la Nación muestra una actitud pasiva ante los hechos que se hacen públicos.
Uno de los focos de mayor corrupción señalada es el ministerio de Comunicaciones, en donde se sabe que se aprueban contrataciones «a dedo», casi siempre dirigidas a empresas constructoras que han sido señaladas en procesos judiciales por corrupción o que son propiedad de amigos o parientes de funcionarios o diputados.
El caso emblemático es el del ministro de Comunicaciones, Josué Edmundo Lemus, a quien el vicepresidente Guillermo Castillo recomendó al prsidente Giammattei que lo retirara del cargo. La respuesta fue confirmarlo en el cargo, a pesar de todas las anomalías existentes en Covial, dependencia a su cargo.
5.- Un Centro de Gobierno, centro de controversias
Otro de los personajes que genera incomodidad al presidente, es su Secretario Particular, Miguel Martínez, a quien además nombró como Director del Centro de Gobierno, y es considerado como el personaje más influyente de la administración.
Por el vínculo entre Giammattei y Martínez, se le considera como un nombramiento de nepotismo, siempre vinculado a corrupción. El funcionario ha influido además en varios nombramientos que surgen de su círculo de amistades y el presidente lo acepta.
Martínez ha tenido algunos enfrentamientos con la prensa, molesto por la cobertura que recibe de parte de algunos medios. Ha amenazado con iniciar proceso judicial contra Plaza Pública, un medio que hizo un perfil de su persona.
El Centro de Gobierno es visto como una instancia administrativa que hace doble función con otras dependencias, particularmente con la vicepresidencia de la República, aunque Martinez asegura que no interfiere con ninguna y que únicamente le da seguimiento «a las prioridades del Señor Presidente».
Este funcionario y su relación con el presidente son blanco de criticas y mofas de la ciudadanía.
6.- Intolerancia y pérdida de credibilidad
El presidente Giammattei se ha mostrado como un mandatario intolerante y muchas de sus actitudes y declaraciones le han llevado a perder credibilidad ante la opinión pública. Son conocidas sus reacciones contra periodistas cuando le cuestionan algo de su administración.
Recientemente le respondió a un corresponsal de prensa que si alguna aldea necesitaba ayuda «que me la pidan, porque no soy adivino». Esto en medio de la emergencia provocada por la tormenta tropical Eta.
Su credibilidad principió a caer durante los primeros meses de la pandemia, cuando indicaba que todo el los centros de salud era normal, mientras los médicos denunciaban que no recibían su pago, ni los medicamentos necesarios para atender adecuadamente a las personas.
También entonces pensó en intervenir el IGSS, al surgir una controversia con el presidente de esa institución.
Su último nombramiento, del ministro de Gobernación, se hizo también en medio de criticas hacia su escogido, Gendri Reyes, un oscuro exagente de la SAAS, sobre el que pesan gran cantidad de señalamientos, a los que habrá de sumar ahora la violenta represión ciudadana de parte de la PNC en la manifestación del sábado.
7.- Su pugna con el vicepresidente Castillo
Finalmente, el distanciamiento que mantiene Giammattei con el vicepresidente Guillermo Castillo, que viene desde mayo, demuestra poca capacidad para dialogar y resolver problemas. El problema entre ambos surgió precisamente cuando Castillo se opuso a cualquier posibilidad de intervenir el IGSS, y desde entonces las diferencias se han ahondado.
Dentro las acciones que el vicepresidente ha planteado como necesidad para mejorar la administración, se pueden citar: eliminar el Centro de Gobierno; destituir al ministro de Comunicaciones y lo último, vetar el Presupuesto o presentar ambos su renuncia para dar espacio a un cambio de raíz.
Ninguna sugerencia que proviene de la vicepresidencia se acepta por parte del presidente.
Este escenario muestra que la crisis no es causada únicamente por la aprobación del Presupuesto, sino por todos los acontecimientos que han acompañado la administración del presidente Giammattei desde que asumió el cargo el 14 de enero.
Ahora, ha invocado la Carta Democrática de la OEA para promover un diálogo, pero seguramente varios de estos puntos serán planteados por los sectores que se han colocado en la oposición, aunque ninguno de ellos considera que ha existido –como lo plantea Giammattei– un intento de golpe de Estado.