- La llamada «corte celestial» tiene en sus manos dos procesos trascendentales para la vida política y la justicia en el país: en sus manos estarán los procesos de elección de fiscal general y rector de la USAC.
Redacción Crónica
Guatemala se encuentra en un punto de inflexión. La Corte de Constitucionalidad (CC) tiene hoy sobre su mesa los expedientes que definirán la salud democrática del país: el fraude en la Rectoría de la USAC y la validación del nuevo Fiscal General. Pero no es una deliberación técnica cualquiera; es una batalla interna donde una ajustada mayoría de 3 a 2 decidirá si el máximo tribunal sigue siendo el brazo ejecutor de fuerzas oscurantistas o si finalmente recupera su rol de guardián constitucional.
El fantasma del «3 a 2»: La mayoría bajo sospecha
La opinión pública observa con alarma cómo se ha consolidado una correlación de fuerzas donde una ajustada mayoría de 3 votos sigue respondiendo a la agenda de cooptación. Este bloque está integrado por Roberto Molina Barreto (designado por el Congreso), Dina Ochoa (designada por la CSJ) y Julia Rivera Aguilar (designada por la USAC).
Sobre esta última recae una presión ética sin precedentes: al ser los recursos contra el fraude de Walter Mazariegos el tema central, Rivera Aguilar debería excusarse de conocer los amparos que involucran a su propia entidad nominadora. Sin embargo, amparada en una ley que no la obliga, su presencia en el pleno es la garantía de impunidad para el cuestionado rector.
El «Grupo de los 2»: La disidencia democrática Frente a ese bloque dominante, ha surgido un núcleo de resistencia técnica y democrática que analistas y sociedad civil identifican como el «Grupo de los 2». Lo integran las magistradas Anabella Morfín (designada por el Ejecutivo) y Astrid Siomara Lemus (representante del CANG). Sus razonamientos, frecuentemente en voto razonado o disidente, muestran una integración coherente en defensa del Estado de Derecho y han sido la única barrera frente a las tesis autoritarias que pretenden validar atropellos electorales y bloquear el relevo en el Ministerio Público.
USAC: La prueba de fuego ante el fraude de Mazariegos
El caso de la Universidad de San Carlos es escandaloso. Tras el atropello del 8 de abril pasado, donde Walter Mazariegos se impuso mediante un proceso plagado de exclusiones y fuerzas de choque, la CC tiene acumulados cerca de 13 amparos.
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Dos amparos provisionales mantienen la elección en suspenso debido a las irregularidades flagrantes: la exclusión de cuerpos electorales legítimos y la falta de quórum legal. La duda persiste sobre la actitud de Héctor Hugo Pérez Aguilera y su suplente, vinculados a la USAC. Por ética, debieran excusarse de conocer el caso que involucra a su propia entidad nominadora y a un aliado cercano como Mazariegos, pero la Ley de Amparo les permite, lamentablemente, ser juez y parte.
El pulso por el Ministerio Público
La CC también debe resolver hoy dos amparos contradictorios sobre el nuevo Fiscal General, Gabriel García Luna. Esto se hará en una audiencia el día 12 de mayo, a la cual ya fueron convocados los magistrados de la corte.
- El recurso de la resistencia: Sectores del antiguo régimen buscan impedir que García Luna asuma, intentando forzar un interinato o anular la decisión de Arévalo. El amparo fue presentado por Raúl Falla, abogado de la Fundación Contra el Terrorismo, de la misma tendencia del grupo de los 3.
- El amparo preventivo: el otro amparo es más bien para preservar el derecho del presidente a elegir al fiscal general y fue presentado por el diputado José Chic, una voz independiente en el Congreso de la República.
¿Prevalecerá la línea que ha cooptado la justicia o habrá una ruptura en ese bloque de 3? Si la CC valida el fraude de la USAC e impide la llegada del nuevo Fiscal, estará confirmando que la máxima corte es, en realidad, el último búnker de la impunidad en Guatemala. La moneda está en el aire, pero el tiempo de las excusas se ha terminado.