La integración de una CC independiente y sin vínculos con algún sector es el primer desafío que enfrentará la Justicia del país.
La integración de la nueva Corte de Constitucionalidad (CC) y los casos judiciales de alto impacto representan este año una prueba de fuego para la Justicia. Del desenlace en ambos casos depende la continuidad de los avances en la lucha contra la impunidad logrados el año pasado.
Álvaro Alay
El sistema de justicia del país caminará durante todo el año al filo de la navaja y enfrentará grandes desafíos debido a que estará en juego el avance o retroceso de los logros en la lucha contra la impunidad y la corrupción alcanzados el año pasado.
La primera prueba de fuego, que ya empezó y se desarrollará durante el primer trimestre del año, es la integración de la nueva Corte de Constitucionalidad (CC). Aquí el reto es lograr que al máximo tribunal constitucional lleguen magistrados idóneos, honorables, con experiencia y valores democráticos que renueven y fortalezcan los vientos de cambio iniciados en 2015.
La tarea no es fácil debido a que partidos políticos, el Gobierno, sectores económicos, militares y hasta el crimen organizado intentarán colocar gente de su confianza en altos cargos para granjearse impunidad.
Por eso, es necesario una amplia participación ciudadana para fiscalizar y exigir que el proceso de integración de la CC sea transparente y público.
La otra lucha se librará a lo largo del año en los tribunales de justicia y tiene que ver con los casos de alto impacto por corrupción e impunidad destapados en 2015 por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) –21 investigaciones en contra de estructuras criminales, 184 personas imputadas y 183 ligadas a proceso penal–.
Entre ellos se encuentra el caso de la red de defraudación aduanera La Línea y cuyos máximos líderes, según la acusación, son el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, ambos en prisión preventiva.
A ello se suma el proceso penal iniciado por el MP en contra de 18 exmilitares acusados de violaciones a los derechos humanos. La forma en que se resuelvan estos casos afectará la credibilidad de la Justicia nacional.
CC, una batalla relevante
Tarde o temprano los casos de alto impacto que se ventilan en los tribunales de justicia llegarán a la CC, y por ello es necesario que los nuevos magistrados que integren el alto tribunal constitucional, a partir del 16 de abril, sean probos, honorables, idóneos e independientes. Así coinciden en afirmar varios expertos en el tema.
Mario Fuentes Destarac, expresidente del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecom), comenta que la CC es importante porque conoce no solo las impugnaciones por incompatibilidad entre leyes, sino que también, en segunda instancia, los amparos de toda la República y estos se presentan no solo en materia administrativa, sino en lo judicial. Entonces, es importante porque, al final de cuentas, lo que dice la CC es la última palabra, indica Destarac.
Luego de las manifestaciones masivas contra la corrupción y el desmantelamiento de estructuras criminales, ocurridos el año pasado, existe un sentimiento de que la CC se integre con magistrados que revitalicen y defiendan esos logros alcanzados en la lucha contra la impunidad. Es por ello que también existe una alta expectativa de que la ciudadanía se involucre ampliamente en el proceso de fiscalización.
Yo esperaría que los cuerpos colegiados que van a designar a cada uno de los magistrados titulares o suplentes estén conscientes de la importancia del fortalecimiento institucional y en concreto de la importancia que tiene para el país una CC de alto nivel, señala el expresidente del Cedecom.
Marta Altolaguirre, experta en temas constitucionales, manifiesta: Dada su jerarquía, la CC es fundamental para Guatemala y el Estado, para poder tener certeza de que lo que se resuelve es estrictamente apegado a derecho. La mayoría de ciudadanos conscientes estamos a la espera de que esta se integre por personas con un sentido ético muy alto, aparte del razonamiento y la interpretación de la ley.
Exigen proceso transparente
Los diversos sectores y organizaciones sociales ya han empezado a exigir que el proceso de integración sea transparente, público, que los integrantes de cada órgano elector no sean postulados como candidatos a la CC, para no ser juez y parte, y así evitar los conflictos de interés, y que no se reelija a ninguno de los magistrados actuales.
Pedimos que la elección sea transparente y pública –la Ley no los obliga a utilizar Ley de Comisiones de Postulación–, que las sesiones sean públicas para fiscalizar por qué eligen a uno y no a otro, que el voto sea a viva voz y se diga por qué, afirma Eleonora Muralles, de Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro.
Asimismo, Ramón Cadena, director de la Comisión Internacional de Juristas para Centroamérica, exige la no reelección de los magistrados actuales, porque esta Corte ha demostrado tener poca independencia, ha demostrado que obedece a intereses de sectores y en muchos casos que desconoce el derecho internacional. Esperaríamos un proceso de elección transparente que permita que se integre una nueva CC con personas que conozcan bien la Constitución y los tratados y convenios internacionales y que estén dispuestos a defender el Estado de derecho.
La otra lucha
La audiencia de apertura a juicio y la etapa intermedia de los procesos judiciales de alto impacto, como las 21 acusaciones contra estructuras criminales hechas en 2015 por la CICIG y el MP y el juicio a 18 exmilitares sindicados de violaciones a los derechos humanos, representan otra prueba de fuego para la Justicia y la forma como sean resueltas impactará en la credibilidad del aún débil sistema de justicia.
Los expertos ven diversas vulnerabilidades que podrían echar por tierra los vientos de cambio iniciados en 2015. Entre estos se encuentran las amenazas y compra de jueces, los litigios maliciosos que se caracterizan por la interposición de amparos para retardar los juicios, la corrupción en el sistema judicial, la recusación de jueces y el tráfico del influencias. Debido a ello, aquí también jugará un papel fundamental la fiscalización social.
Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, comenta que los casos de alto impacto representan dos cosas muy importantes, uno que Guatemala continúe en el reino de la impunidad, donde hemos vivido desde nuestra fundación como República, o que aspiremos a hacer una democracia real en el futuro rompiendo ese muro de impunidad.
Édgar Celada, analista en temas de seguridad y justicia del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), explica que hay niveles de la importancia de estos casos, a los cuales agregaría el de los militares recién capturados.
Tienen una importancia simbólica, jurídica y política, que no podemos perder de vista cuál es el simbolismo que hay detrás de estos casos; es el simbolismo de la independencia que está ganando el sistema de justicia en el país, dijo Celada.
Hasta abril del año pasado, la imagen que teníamos la mayoría de los guatemaltecos respecto del sistema de persecución penal y de justicia
era que estaba sometido a los
intereses impunes, y entonces lo que implicó el inicio de estos procesos fue la ruptura con esa sensación de impunidad de que todos sabíamos que las cosas estaban mal, pero nadie podía hacer nada, expone Celada.
El gran logro simbólico y concreto de estos procesos es haber conseguido tener un sistema de justicia que va ganando independencia y cumpliendo las funciones para lo cual está creado, que es lo que uno espera para este año; es decir, que este ámbito de independencia judicial se mantenga, añade el investigador del Ipnusac.
Hellen Mack, presidenta de la Fundación Myrna Mack, no descarta que se interpondrán litigios maliciosos. La ventaja es que el nuevo procedimiento penal es público. Ahí tenemos nosotros como población oportunidad para ver qué tan objetivo o imparcial ha sido el sector justicia, pero este año será clave la conformación de la Corte de Constitucionalidad, porque todo se va a terminar allí, sentencia Mack.
Por su parte, Carmen Aída Ibarra, representante del Movimiento Pro Justicia, indica que la expectativa que tienen es que los casos de alto impacto que el MP y CICIG iniciaron el año pasado lleguen a la etapa intermedia y que estén sólidamente construidos para llegar al juicio oral, y obviamente que haya los medios de prueba suficiente para motivar sentencias condenatorias y, lo más importante, que queden esclarecidos los hechos
criminales.
Asimismo, tenemos la expectativa de que el Organismo Judicial se sacuda de la lentitud y de la mora para que realmente resuelva los numerosos antejuicios que están pendientes de resolver, porque se tuvo un momento fulminante cuando el MP y CICIG presentaron antejuicios contra varios candidatos, pero ahora resulta que han pasado cinco meses y no se ven resoluciones. El organismo judicial nos está debiendo, por lo que se espera que en este primer trimestre haya una resolución pronta, añade la representante del Movimiento Pro Justicia.
Los expertos hacen un llamado a la población para que esté pendiente del desarrollo de los casos de alto impacto y se fiscalice, para garantizar que estos sean objetivos y apegados a derecho.
Los juicios por corrupción contra altos exfuncionarios, como el exmandatario Otto Pérez y el expresidente del IGSS Juan de Dios Rodríguez, pondrán a prueba al sistema de justicia.