- El país presenta problemas en materia de Libertad de Prensa, principalmente destaca la persecución de periodistas por el MP
El nivel de ataques en contra de la libertad de prensa, persecución legal/judicial y violencia se mantuvo durante este período. Entre los casos más relevantes de violencia, resaltan el asesinato de un periodista y la desaparición de otro, así como el persistente acoso del Ministerio Público (NP) contra periodistas.
El periodismo siguió sufriendo ataques y persecución desde el Ministerio Público. El caso más emblemático sigue siendo el del periodista José Rubén Zamora Marroquín, quien después de haber sido liberado para entrar en un régimen de prisión domiciliaria a finales del año pasado, fue encarcelado de nuevo en la prisión Mariscal Zabala el 10 de marzo, por orden del juez Erick García.
El magistrado, quien había otorgado a Zamora las medidas sustitutivas anteriores, declaró haber sido víctima de amenazas e intimidaciones. Estas acciones demuestran el poder de las redes de corrupción, que evitan que el periodista pueda defenderse de manera legal y apropiada. Diversas organizaciones de prensa –entre ellas, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) y la SIP– denunciaron estas agresiones legales contra el periodista.
La Corte de Constitucionalidad rechazó un recurso que pretendía prevenir que periodistas y columnistas de opinión sean investigados por obstrucción de la justicia por sus comentarios y notas presentadas en relación con el proceso contra Zamora. Organizaciones y abogados denunciaron que esa resolución de la Corte permite criminalizar la opinión y desatiende lo que establece la Ley de Emisión de Pensamiento (de orden constitucional), sobre los Tribunales de Imprenta que protegen la libertad de prensa.
Otro caso relevante es el del periodista Juan Luis Font, en el exilio desde 2023, quien tiene orden de captura desde 2024. El fiscal Rafael Curruchiche, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, lo acusa de colusión y cohecho delictivo. Font fue denunciado por el exministro Alejandro Sinibaldi, quien está acusado de actos de corrupción.
En otros ataques legales, Diego España, de La Hora, fue denunciado por una fiscal del Ministerio Público por violencia contra la mujer. Otros directivos del diario La Hora recibieron acusaciones judiciales de parte de Alejandra Carrillo, secretaria ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia.
Se registraron varios casos de agresiones contra periodistas por parte de funcionarios públicos, la mayoría en entidades del interior del país. Medios locales y nacionales tuvieron dificultades ante fuentes de las alcaldías para obtener información o se les niega el acceso a datos, acusándolos de ser pagados por sectores de la oposición política. También, ante el avance del narcotráfico y la falta de seguridad, los periodistas muchas veces optan por autocensurarse.
En uno de los hechos más relevantes, el 21 de marzo se registró el asesinato del periodista comunitario Ismael Alonzo González. Fue asesinado con arma de fuego en la Aldea Santa Fe, Coatepeque, Quetzaltenango. González trabajaba para el medio Coatepeque Despertar Occidental 2.0. El comisario de la Policía Nacional Civil, Edu Ardiano, indicó que podría haber sido un ataque realizado por presuntos pandilleros que operan en el sector.
El 7 de febrero se registró la desaparición del periodista Milton Polanco. Polanco tiene una trayectoria profesional de 37 años en Jutiapa, en el oriente del país. Se desconoce su paradero.