ICEFI hace 34 recomendaciones al Congreso para mejorar el Presupuesto

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) trasladó a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda (CFPM) 34 recomendaciones para mejorar el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, entre ellas, algunas muy importantes para no crear un caos fiscal.

A continuación, las 34 cosas que tendría que hacer el Congreso de la República para mejorar el proyecto enviado por el Ministerio de Finanzas al Legislativo:

Recomendaciones para corregir las proyecciones de ingresos y la deuda pública

1. Incrementar la meta de ingresos tributarios para 2022 a Q77.5 millardos.
2. La Superintendencia de Administración Tributaria debe publicar su Plan Anual de Recaudación, Control y Fiscalización para 2022.
3. El Minfin debe informar al Congreso el comportamiento de los saldos de caja en 2021, y cuánto de estos depósitos en el Banguat son deuda pública contratada en 2021 para ser gastada en 2022.
4. El financiamiento del déficit debe equilibrarse combinando bonos del Tesoro (deuda cara) con préstamos externos (deuda barata).
5. El Congreso debe ordenarle al Ministerio de Finanzas Públicas elaborar y publicar anualmente un estudio de sostenibilidad y vulnerabilidad fiscal.
6. La estrategia para reducir el déficit fiscal y desacelerar el crecimiento del endeudamiento público no debe ser a costa de reducir el gasto social, la protección social y la inversión pública.

Recomendaciones para corregir el presupuesto de gasto

7. Para el análisis del gasto público se recomienda comparar lo recomendado para 2022 con el presupuesto vigente (a la fecha) de 2021.
8. Debe privilegiarse un gasto público con una orientación hacia la garantía de derechos. Las prioridades deben ser la protección social, la lucha contra la desnutrición infantil, la seguridad alimentaria y nutricional y la inversión pública en niñez y adolescencia (IPNA), tanto en las asignaciones financieras como en los resultados. Para cumplir los ODS en educación, salud, nutrición y pobreza, en 2022 se requieren Q19.6 millardos adicionales a lo contemplado en el proyecto de presupuesto 2022 (2.8% del PIB más).
9. El Congreso debe ordenar al Ejecutivo institucionalizar una metodología para un cálculo contable oficial de la IPNA.
10. El Congreso debe ordenar al Ejecutivo mejorar los indicadores de gestión del presupuesto por resultados. El registro de las metas físicas debe desagregarse, como mínimo, por sexo, edad y etnia.

11. Aun cuando se incrementen las asignaciones financieras del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), no deben recortarse sus metas físicas.
12. No debe recortarse la asignación para la adquisición pública de vacunas contra el covid-19.
13. Tomar en cuenta la advertencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos sobre el vencimiento en febrero de 2022 de 249,000 dosis de vacuna contra el virus de papiloma humano.
14. Alertar que las metas físicas evidencian un incremento en los casos de desnutrición aguda.
15. Varios productos y subproductos a cargo del MSPAS no tienen asignadas metas físicas para 2022, notorios en los programas Prevención de la mortalidad de la niñez y de la desnutrición crónica y Prevención de la mortalidad materna y neonatal.
16. ¿Cuál es el respaldo técnico de la prioridad para la construcción de los hospitales de San Pedro Necta, Huehuetenango (Q56.2 millones en el CIV), y de Rabinal, Baja Verapaz (Q18.8 millones en el MSPAS), y no de otros municipios? Ambos proyectos están plagados de anomalías, abusos y casos de corrupción.

17. Aun cuando se incrementen las asignaciones financieras del Ministerio de Educación, no deben recortarse sus metas físicas.
18. Suprimir el seguro médico escolar privado, ya que ha demostrado ser discriminatorio, inefectivo, oneroso (Q312.5 millones) y consume recursos que afectan otros resultados educativos.
19. No reducir la matrícula de los programas Núcleos Familiares Educativos para el Desarrollo y Centros Municipales de Capacitación y Formación Humana.
20. Transparentar el incremento salarial para el magisterio nacional.
21. Complementar las reformas a la Ley de Alimentación Escolar, convirtiendo las raciones en transferencias en efectivo.
22. Restituir en el presupuesto del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación la importancia del programa de Apoyo a la Agricultura Familiar.

23. Incrementar metas físicas, coherente al incremento en la asignación financiera en el programa de transferencias en el Ministerio de Desarrollo Social.
24. En la Secretaría de Bienestar Social, no recortar el presupuesto ni la meta física de los Centros de Cuidado Infantil Diario (72 centros menos), ni las metas físicas para atender a los adolescentes en conflicto con la ley penal.
25. Garantizar el traslado del presupuesto solicitado por la Procuraduría de Derechos Humanos, por un monto de Q207 millones. Esta asignación cumpliría con el artículo 66 de la Ley de Acceso a la Información Pública, asignándole Q11 millones a la Secretaría de Acceso a la Información Pública (Secai).
26. El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda debe explicar por qué recomienda para 2022 un recorte de Q1,036 millones (21%) en el programa de Desarrollo de la infraestructura vial.
27. Revisar la asignación de Q121.7 millones en el Ministerio de Economía recomendada para Generación de competitividad y emprendimiento para jóvenes, ya que Q100 millones estarían financiados con deuda pública bonificada y lo ejecutaría el Viceministerio de Inversión y Competencia, y no el de la Micro, pequeña y mediana empresa.
28. La Procuraduría General de la Nación no debe recortar el presupuesto para representación, protección y vigilancia de los derechos de niños, niñas y adolescentes, ni el presupuesto y la metafísica para el sistema de alerta Alba-Keneth.

Recomendaciones para mejorar la transparencia fiscal y prevenir la corrupción

29. Evitar al máximo los aportes directos a oenegés y a entidades de enseñanza, de salud y asistencia social o sin fines de lucro.
30. La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República y el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural deben modificar la normativa aplicable a la asignación y reprogramación de las obras que ejecutan los Consejos Departamentales de Desarrollo, fortaleciéndose el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) a fin de que logre ser una herramienta técnica que coadyuve a prevenir la corrupción en los proyectos de inversión en infraestructura a cargo de los Codede.

31. Suprimir toda asignación de gasto destinada a cubrir consumos personales de funcionarios, como dietas, alimentos, combustible, seguridad, seguros privados, entre otros.
32. Eliminar asignaciones para proteger o promover grupos empresariales específicos, incluyendo los fideicomisos para actividades o productos específicos y las asignaciones para financiar estudios y asesorías para beneficiarios de privilegios fiscales.
33. Aprobar un reglamento de viáticos para funcionarios y empleados públicos, con mecanismos estrictos de liquidación y rendición de cuentas.
34. Elaborar un plan de fortalecimiento de las oficinas y dependencias de auditoría interna, con el propósito de que sean efectivas en la prevención de la corrupción.