- Se consuma una de las peores ilegalidades dentro del período de impunidad que agota la democracia. Queda abierta la puerta para una intervención de la USAC por parte del Ejecutivo o el Legislativo.
Redacción Crónica
El escenario de la impunidad consumó un capítulo másen las primeras horas de este miércoles. Ignorando las denuncias penales de la Contraloría General de Cuentas (CGC), las advertencias de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y el clamor de la comunidad universitaria, Walter Mazariegos Biolis ha asumido formalmente su segundo mandato como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) para el período 2026-2030.
El acto, blindado en todo momento por un despliegue policial sin precedentes y resoluciones exprés de la Corte de Constitucionalidad (CC), confirma el secuestro definitivo de la educación superior estatal y abre una crisis de gobernabilidad cuyas réplicas ya amenazan con sacudir los cimientos del Palacio Nacional y del Congreso de la República.
El Trámite de la Vergüenza: Sin solvencia fiscal
De acuerdo con reportes cruzados el Consejo Superior Universitario (CSU) —controlado por la facción oficialista— sesionó de forma virtual y secreta desde locaciones alternas para validar la juramentación. La urgencia radicaba en adelantarse a cualquier otra acción judicial que pudiera frenar el acto.
La toma de posesión se ejecuta con una anomalía legal que ningún medio o analista puede pasar por alto: Mazariegos no cuenta con el finiquito vigente de la Contraloría. Los informes técnicos del ente fiscalizador ratifican que el rector arrastra un bloqueo administrativo debido a tres auditorías que detectaron millonarios desvíos de fondos públicos, sobrevaloración de contratos e irregularidades en la planilla del campus central. Al tomar juramento a un funcionario sin su Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos, el CSU no solo cometió una flagrante violación a la Ley de Probidad, sino que ha arrastrado a la autonomía universitaria al fango del desacato penal.
El Escudo Judicial de la CC y el Clamor Popular
La crónica de esta toma de posesión es también la crónica de un blindaje sistemático. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) operaron como el último muro de contención de Mazariegos, rechazando en tiempo récord los últimos recursos interpuestos por el frente opositor Usac-DIRE y el sector estudiantil.
Mientras el CSU operaba en la clandestinidad digital, las calles aledañas al campus central en la zona 12 y las sedes de los magistrados constitucionales se convirtieron en un polvorín. Reportajes de Prensa Comunitaria y despachos radiales de Emisoras Unidas dieron cuenta de enfrentamientos entre fuerzas de choque de la Policía Nacional Civil (PNC) y colectivos estudiantiles, sindicales y de docentes que intentaron encadenarse a los accesos en señal de repudio. El ambiente de la Usac es hoy el de un cuartel tomado por la policía, no el de un centro de estudios superiores.
¿Qué viene ahora? Las dos vías políticas en el horizonte
Con Mazariegos atrincherado legalmente en la rectoría bajo el cobijo de las cortes, la vía puramente universitaria y judicial ha quedado agotada y estrangulada por el pacto de impunidad. Ante este callejón sin salida, analistas consultados por Crónica coinciden en que la crisis institucional ya desbordó la autonomía de la tricentenaria y deja planteadas únicamente dos vías políticas directas para destrabar el conflicto:
1. La Intervención del Ejecutivo (El Presidente)
Bajo la premisa de que la USAC maneja el 5% del presupuesto constitucional de la nación y que la carencia de finiquito del rector pone en riesgo la ejecución y fiscalización de los fondos públicos, el Presidente de la República se encuentra bajo una presión política extrema. El Ejecutivo podría ordenar, a través del Ministerio de Finanzas, la retención o el congelamiento preventivo de las transferencias presupuestarias a la universidad hasta que la situación de probidad de Mazariegos se resuelva. Una medida de asfixia financiera obligaría al CSU a reconsiderar la permanencia de un rector que mantiene las cuentas estatales bloqueadas.
Se habla también de una acción extrema por parte del presidente, como es la de ordenar la intervención de la USAC, aunque esto abriría otra batalla jurídica que podría terminar en manos de la CC manipulada.
2. La Intervención del Congreso de la República
La vía legislativa se perfila como la más drástica pero jurídicamente viable. El Congreso de la República tiene la facultad de citar a los magistrados de la CC, al Contralor General y a los miembros del CSU para rendir cuentas sobre la violación a la Ley de Probidad. Más allá de las citaciones, diversas bancadas opositoras ya discuten la creación de una comisión específica para evaluar una reforma integral a la Ley Orgánica de la USAC o, en el escenario más crítico, dictaminar una intervención temporal de la universidad por parte del Estado debido a la pérdida absoluta de su legitimidad y al desfalco de sus funciones institucionales.
El Comienzo del Fin de la Autonomía
Walter Mazariegos ha ganado la batalla por la silla del edificio de la rectoría, pero asume un trono de cenizas. Sin el reconocimiento de la comunidad académica internacional, con las agencias de cooperación evaluando el retiro de fondos, con el rechazo absoluto de las asociaciones de estudiantes y sin solvencia fiscal ante el Estado, su segundo mandato nace muerto en legitimidad. Las próximas semanas serán cruciales: el pulso ya no es entre estudiantes y un rector cuestionado; el pulso ahora se traslada a los poderes del Estado, que deberán decidir si cohabitan con la flagrante ilegalidad en la USAC o intervienen para rescatar la institucionalidad del país.