Nacional

Gobierno de Giammattei «condena» la Lista Engel y la califica de «injerencia» de EEUU

19 julio, 2023
Crónica
  • Muestra malestar por inclusión de dos jueces, una fiscal, el rector de la USAC, Joviel Acevedo, y otros personajes, todos vinculados con el oficialismo y señalados como «corruptos y antidemocráticos».

El gobierno del presidente Alejandro Giammattei reaccionó rápidamente ante el anuncio de que 10 guatemaltecos más han sido incluidos en la Lista Engel, creada para sancionar a personas consideradas como «corruptas y antidemocráticas» y consideras como «injerencia en asuntos internos» la actitud de Estados Unidos, anunciada por el Departamento de Estado.

La lista de las personas que defiende el Gobierno es la siguiente (se incluyen los señalamientos en su contra):

  1. Fredy Raúl Orellana Letona: juez, socavó los procesos o las instituciones democráticas al autorizar cargos penales sin fundamento y con motivaciones políticas contra periodistas que estaban ejerciendo su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca.
  2. Jimi Rodolfo Bremer Ramírez: juez, socavó los procesos o las instituciones democráticas al autorizar cargos penales por motivos políticos contra periodistas por ejercer su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca.
  3. Cinthia Edelmira Monterroso Gómez: actual fiscal, socavó procesos o instituciones democráticas al presentar cargos penales sin fundamento y con motivaciones políticas contra periodistas por ejercer su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca.
  4. Edgar Humberto Navarro Castro: expresidente del administrador del mercado mayorista de energía de Guatemala, incurrió en una importante corrupción al brindar beneficios oficiales a cambio de sobornos y coimas, a expensas de mejorar la eficiencia energética y tomar medidas efectivas contra el cambio climático.
  5. Gendri Rocael Reyes Mazariegos: extitular del Ministerio de Gobernación, involucrado en un importantes hechos de corrupción.
  6. Joviel Acevedo Ayala: actual líder del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), se involucró en una importante corrupción al brindar apoyo político a STEG a cambio de sobornos de funcionarios públicos.
  7. Lesther Castellanos Rodas: ex juez y actual relator guatemalteco contra la tortura, socavó procesos o instituciones democráticas al tomar represalias contra un fiscal anticorrupción por presentar denuncias administrativas sobre el manejo de un caso penal por parte de Castellanos.
  8. Melvin Quijivix Vega: actual presidente del Instituto Nacional de Electrificación, incurrió en una importante corrupción al usar su posición y conexiones para dirigir de manera indebida e ilegal contratos de contratación pública a empresas específicas, en varios casos a una empresa de su propiedad privada.
  9. Omar Ricardo Barrios Osorio: actual presidente de la junta directiva de la Comisión Nacional Portuaria, socavó procesos o instituciones democráticas al conspirar para intimidar y hostigar a un fiscal anticorrupción por denunciar actividades corruptas.
  10. Walter Ramiro Mazariegos Biolis: Rector de la Universidad San Carlos, desvirtuó procesos o instituciones democráticas al aceptar el cargo de rector de la institución de educación pública en julio de 2022 tras un proceso de selección fraudulento.

El Gobierno expresa en el comunicado emitido que estas personas «son señaladas a través de juicios de valor y sin garantía de legítima defensa a través del debido proceso judicial, situación que viola el principio universal de presunción de inocencia».

Los jueces Orellana y Bremer, se han caracterizado por emitir resoluciones que no están apegadas en ley, mientras la fiscal Monterroso persigue periodistas sin fundamento legal, sin respetar la Ley de Emisión del Pensamiento, ni el artículo 35 de la Constitución.

añade que condena la acción que se lleva a cabo como «una herramienta política en contra de operadores de justicia que no responden a intereses de una agenda ideológica propia que se quiere imponer en nuestro país, por lo que exige respeto a la independencia de los poderes del Estado y, sobre todo, a la soberanía de la nación».

Sin embargo, analistas y sectores de la población han denunciado nacional e internacionalmente que en Guatemala no existe la independencia de poderes, ya que el oficialismo y sus aliados controlan el Ejecutivo, de igual manera que lo hacen con el Congreso y el Organismo Judicial.

También dice el Gobierno que «esta lista no puede ser considerada como un instrumento vinculante bajo ninguna circunstancia en la legislación guatemalteca, por derivarse de acusaciones mediáticas infundadas».

desde que se inició el uso de la Lista Engel para sancionar a personas «corruptas y antidemocráticas», se ha includo a cerca de 50 guatemaltecos. Curiosamente, el Ministerio Público, que investiga continuamente a periodistas y opositores al sistema de justicia, no ha abierto ni una sola investigación por los señalamientos expresos que ha formulado el Departamento de Estado para respaldar las sanciones impuestas, que incluyen la cancelación y/o negación de visa.

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