Fiscalía solicita levantar antejuicio a diputado electo y asesor de Jimmy Morales

El Ministerio Público presentó hoy ante los tribunales de Justicia una solicitud de retiro de antejuicio contra el diputado electo, Edgar Justino Ovalle, futuro jefe de bancada del partido Frente de Convergencia Nacional (FC-Nación) y principal asesor del presidente electo de Guatemala, Jimmy Morales.

Ovalle, un militar retirado, fue señalado por el MP como uno de los violadores de los derechos humanos durante la represión militar que el Ejército ejerció contra la población civil no combatiente durante el conflicto armado (1960-1996).

La solicitud de retiro de antejuicio fue presentada en la oficina de Gestión Penal de la Torre de Tribunales y en particular se le acusa de la desaparición forzada del menor de edad, Marco Antonio Molina Thiessen y su participación en dos masacres cometidas entre 1980 y 1988.

Durante la jornada de este miércoles, el MP y las fuerzas policiacas detuvieron a 13 militares retirados, entre ellos Bendicto Lucas García, ex jefe del desaparecido Estado Mayor Presidencial y hermano del expresidente Fernando Romeo Lucas García (1980-82).

Los detenidos están acusados de delitos contra los deberes de la humanidad y de ser los responsables de al menos dos masacres, entre ellas la conocida como Plan de Sánchez cometida en la base militar de Cobán, Alta Verapaz.

Los 14 militares retirados detenidos por las autoridades son acusados de haber participado en al menos 558 desapariciones forzadas en Guatemala entre 1981 y 1988.

La fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Thelma Aldana, explicó en una rueda de prensa que las capturas fueron solicitadas luego de la sentencia emitida en marzo de 2012 por un tribunal por la masacre del  Plan de Sánchez.

Esta masacre de 256 personas, entre mujeres, niños y ancianos, fue perpetrada por el Ejército el 18 de julio de 1982 y en marzo de 2012 fueron condenados a 7,710 años de prisión 5 exparamilitares.

Aldana aseguró que 558 osamentas de indígenas que fueron desaparecidos y ejecutados por el Ejército fueron localizadas en una Zona Militar 21 de Cobán, Alta Verapaz, donde ahora funciona el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz).

El responsable de la Fiscalía de Derechos Humanos, Orlando López, aseguró que la mayoría de detenidos son exoficiales que integraron la «plana mayor» de la Zona Militar 21 de Cobán.

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