- El 17 de mayo, próximo domingo, debe llevarse a cabo el cambio de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) tras ocho años de ruta marcada por la cooptación de la justicia.
- La falta de investigación –¿encubrimiento?– de los casos de gran corrupción y la criminalización de operadores de justicia (jueces y fiscales), periodistas, defensores de derechos humanos y líderes indígenas, es la herencia que deja María Consuelo Porras.
Redacción Crónica
Guatemala se asoma al abismo de su propia historia judicial. Poco después de que el presidente Bernardo Arévalo, designara como próximo fiscal general a Gabriel García Luna, la opinión pública se pregunta : ¿Es este realmente el final de una de las etapas más lúgubres para el Estado de Derecho, o estamos ante un simple relevo de guardias en el edificio de Gerona?
El mandato de María Consuelo Porras Argueta no será recordado por la eficiencia procesal ni por la reducción del índice de impunidad. Será recordado como el periodo en el que la justicia se transformó en un arma de persecución política y en un escudo de granito para la corrupción sistémica. El presidente Arévalo ha sido lapidario al respecto: Porras es, a sus ojos y a los de gran parte de la comunidad internacional, una cómplice de la corrupción, una pieza arquitectónica diseñada para garantizar que el sistema de saqueo estatal permanezca intocable.
Cementerio de casos de alto impacto
Si el MP fuera una empresa privada, sus indicadores de rendimiento en el combate a la gran corrupción estarían en rojo absoluto. Bajo la gestión de Porras, los tribunales se han convertido en un cementerio donde los grandes escándalos de saqueo estatal van a morir, no por falta de pruebas originales, sino por el abandono deliberado de las mismas.
El caso Odebrecht, que sacudió los cimientos de todo el continente y llevó a presidentes a la cárcel en otros países, en Guatemala terminó diluyéndose en un mar de desistimientos y nulidades orquestadas desde la propia Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y su jefe, el controversial fiscal Rrafael Curruchiche.
Aquellos expedientes que una vez prometieron limpiar la administración pública —y que fueron continuados valientemente por Juan Francisco Sandoval antes de su exilio— hoy son esqueletos procesales.
La estrategia ha sido técnica pero perversa: dejar vencer plazos, no impugnar resoluciones favorables a los acusados o, en el colmo del cinismo, declarar la falta de interés del Estado en perseguir delitos que involucran millones de quetzales. La casi totalidad de los grandes escándalos de la era CICIG han quedado en el olvido o han sido anulados mediante tácticas de «litigio malicioso» permitidas por la pasividad del MP.
Metamorfosis de la FECI
La llegada de Curruchiche a la jefatura de la FECI marcó el punto de inflexión definitivo. Bajo su mando, la fiscalía que alguna vez fue el terror de las mafias se transformó en una unidad de persecución contra la prensa y la disidencia. El balance de Curruchiche es aterrador: cero sentencias de peso contra la corrupción de cuello blanco y, en cambio, una hiperactividad febril para criminalizar a quienes antes perseguían a los corruptos.
El MP no presenta pruebas en los casos de sobornos de constructores, pero es implacable cuando se trata de encarcelar a periodistas , exjueces y exfiscales. El caso de José Rubén Zamora, fundador de elPeriódico, es la prueba de fuego de este sistema. Su proceso ha sido denunciado mundialmente por la SIP, Amnistía Internacional e innumerables organismos (ONU, CIDH, fundación Clooney, entre otros), como una «farsa judicial» diseñada para enviar un mensaje claro: quien se atreva a investigar el poder judicial y la corrupción, terminará en una celda. Junto a Zamora, otros comunicadores han tenido que abandonar el país ante el acoso de una fiscalía que confunde intencionalmente la crítica con la sedición.
Zamora fue encarcelado tras publica reportajes de investigación sobre más de 140 casos de corrupción de la administración de Alejandro Giammattei, ninguno de ellos investigado por el MP de Porras.
Otro caso dramático de criminalización es el de los líderes indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán, en la cárcel desde hace un año, por haber encabezado el movimiento de defensa a los resultados electorales en 2023 como dirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán.
El exilio de la probidad y la condena internacional
Mientras el MP desistía de perseguir a los señalados de recibir comisiones ilícitas, iniciaba una cacería de brujas contra exjueces y exfiscales. Hoy, la diáspora de la justicia guatemalteca se extiende por Washington, Madrid y Ciudad de México y Centroamérica. Se les persigue no por delinquir, sino por haber sido demasiado eficientes en un sistema que castiga la probidad.
Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han sido consistentes y cada vez más severos. El MP de Guatemala ha dejado de ser un órgano de investigación autónomo para convertirse en una herramienta de intimidación. Estos organismos han alertado sobre el uso del derecho penal para socavar la independencia judicial, una práctica que ha llevado a Guatemala a ser comparada con regímenes autoritarios que desmantelan la democracia desde sus propios cimientos.
La lista de la vergüenza
Consuelo Porras ostenta un récord que ningún servidor público en la era democrática desearía: es la funcionaria guatemalteca con más sanciones internacionales en la historia. Su nombre encabeza la Lista Engel del Departamento de Estado de EEUU, señalada como un actor que obstaculiza procesos democráticos y fomenta la corrupción. Además, ese mismo camino han seguido los países de la Unión Europea (UE), el Reino Unido y Canadá.
Pero Porras no es una isla; su gestión se sostiene sobre un séquito que ha sido igualmente marcado con el estigma de la sanción internacional. Nunca antes tantos fiscales habían sido señalados de manera simultánea como corruptos y antidemocráticos:
- Rafael Curruchiche: El rostro visible de la persecución política y el desmantelamiento de casos clave.
- Cinthia Monterroso: Conocida por su hostilidad procesal contra jueces independientes y su papel en la criminalización de operadores de justicia.
- Leonor Morales Lazo y Pedro Hernández: Piezas operativas esenciales en la red de impunidad.
- Noé Rivera Vásquez y Ángel Pineda: Este último, secretario general del MP, es señalado como el estratega detrás de bambalinas, el hombre que filtra información y coordina el asedio judicial a través de cuentas anónimas en redes sociales y redes de desinformación.
Sputnik V y la Alfombra Mágica
La impunidad no solo se construye con lo que se persigue, sino con el silencio sepulcral ante el saqueo evidente. Porras llegó al cargo nombrada por Jimmy Morales, el arquitecto del fin de la lucha anticorrupción impulsada por la CICIG, y fue reelegida por Alejandro Giammattei, en un proceso de postulación que fue calificado como viciado por observadores independientes y dejó al desnudo la colusión y cooptación de todas las instituciones de justicia, incluyendo las cortes –Suprema (CSJ) y de Constitucionalidad (CC)–.
Más allá de la forma de elegirse y ser parte de un sistema marcado por la opacidad, la fiscalía, bajo las órdenes de Porras, se caracterizó por el encubrimiento de los grandes casos de corrupción. Dos escándalos gigantescos definen la protección del MP hacia el círculo de Giammattei:
Vacunas Sputnik V: Un contrato opaco por Q614 millones por vacunas rusas que nunca llegaron a tiempo, costando vidas durante la pandemia. El Departamento de Justicia de EE. UU. mencionó directamente a Miguel Martínez –el hombre fuerte del gobierno anterior y pareja de Giammattei–, en esquemas de sobornos vinculados a este contrato. El MP de Porras simplemente miró hacia otro lado y cuando habló del caso, simplemente exculpó a los principales responsables.
La Alfombra Mágica: Una trama que involucraba de dinero entregado, supuestamente dentro de una alfombra, por empresarios mineros rusos en la residencia presidencial. A pesar de los testimonios circunstanciales y las rutas de dinero trazadas por la FECI de Sandoval antes de ser desmantelada, la fiscalía de Porras enterró el caso bajo una montaña de burocracia.
Ahora quieren involucrar en otro caso criminal a Zamora por haber destapado aquel escándalo, que el MP de Porras jamás investigó, a pesar de que el exfiscal Sandoval hizo avances importantes.
La CC y el bloque del oscurantismo
En este tablero de ajedrez, el MP no actúa solo. Cuenta con la complicidad de una CC que ha sido bautizada irónicamente como celestial por su pretensión de infalibilidad y su alejamiento de la realidad social del país. Recientemente renovada, se ha identificado un bloque sólido de tres magistrados que operan como la última línea de defensa del sistema y que ya ha dado muestras del camino que piensa seguir: Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa y Julia Rivera
Esta corriente responde a intereses que muchos consideran oscurantistas: una mezcla de conservadurismo extremo y protección de redes de poder y corrupción tradicionales. Sus fallos recientes sugieren que estarán ahí para frenar cualquier intento de reforma que el gobierno de Arévalo pretenda implementar. Para los próximos cinco años, esta CC será el árbitro que decida si la ley se aplica para todos o si sigue siendo una tela de araña que solo atrapa a los pequeños y deja pasar a los grandes. Jugará un papel determinante también durante el proceso electoral de 2027.
¿Cambio de fondo o de matices?
La elección de García Luna, un cercano al círculo del presidente Arévalo, resultó la única opción viable para el mandatario, que tuvo que escoger entre una nómina que fue, en el mejor de los casos, gris.
Aún quedan algunos recursos judiciales e impugnaciones interpuestas por sectores vinculados a Porras que buscan invalidar el proceso. La guerra jurídica puede no estar cerca de terminar, aunque los espacios se van cerrando.
De todas maneras, cabe preguntarse si el nuevo fiscal genera tendrá la fuerza y contundencia necesaria para reordenar la casa de un MP tomado hasta sus raíces por esas fuerzas oscurantistas que han impuesto su línea de mando durante los últimos ocho años.
¿Será este el fin del oscurantismo? La respuesta no está en García Luna, sino en la capacidad de la sociedad civil y del Ejecutivo para resistir los embates de una CC que ya ha mostrado sus cartas. Si el nuevo fiscal general no tiene la valentía de reabrir los casos de las vacunas, de la alfombra y de Odebrecht, de limpiar la casa de los nombres impresentables, entonces el oscurantismo no habrá terminado; simplemente habrá cambiado de rostro para sobrevivir una década más.
Datsos del Ocaso
- Sancionados: Siete altos mandos del MP con sanciones internacionales por ser calificados de corruptos y antidemocráticos.
- Exiliados: Al menos 30 operadores de justicia fuera del país y varias decenas de periodistas y defensores de derechos humanos corren la misma suerte.
- Impunidad: Miles de millones de quetzales en casos de corrupción sin investigar y numerosos implicados en distintos casos en el período de la CICIG, libres y con sus propiedades incautadas devueltas o en vías de serlo.
- Colusión: El MP ha contado con importantes aliados estratégicos coludidos, como jueces –ejemplo son Freddy Orellana y Jimi Bremer, entre otros– las cortes y el grupo Fundación Contra el Terrorismo, que funciona como grupo parajudicial, según analistas.
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