El Juzgado Quinto Penal tenía programado para este viernes, 07 de enero, una audiencia de primera declaración para Mirtha Trinidad Monterroso Bonilla y Jorge Eduardo García Monterroso, esposa e hijo, respectivamente, del diputado Jorge Adolfo de Jesús García Silva, ambos prófugos de la justicia, pero la cual fue suspendida.
La diligencia fue reprogramada para el 28 de marzo. La jueza no asistió este día al juzgado por problemas de salud.
A esa audiencia se esperaba que también se presentaran otras seis personas que son buscadas por las autoridades, ante su presunta vinculación en actos de corrupción cometidos en el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).
La audiencia había sido programada porque la defensa de los acusados la pidió. La justificación fue que sus defendidos se pondrían a disposición de la jueza.
En tanto el MP no ha presentado la solicitud de antejuicio en contra del congresista, de quien se afirma, existen ciertos indicios que hace sospechar de su participación en el caso de corrupción.
El caso
La trama de corrupción fue denominada por el MP como “Caso Clima, Corrupción y Poder”, pues en ella se presume que participaron altos funcionarios de dicha dependencia, adscrita al Ministerio de Comunicaciones, el diputado Jorge García Silva del partido Prosperidad Ciudadana, su familia y asesores del Congreso.
De acuerdo con la Fiscalía, fue una denuncia recibida el 21 de noviembre de 2020 la que alertó “que posiblemente un diputado facilitó contratos de servicios de asesoría a personas vinculadas a su partido y familiares para beneficios en la adjudicación contratando a una entidad mercantil por Q21 millones, vinculada a él y a su esposa, así como un contrato por Q1 millón 980 mil con otra entidad comercial vinculada al esposo de una asesora de la bancada de dicho diputado.
Según un cable de la agencia de noticias EFE, una investigación del diario “La Hora” detalla que la Fiscalía Contra la Corrupción indagó de oficio las compras del Insivumeh realizadas a la sociedad anónima “Outsoursing Total”, que presuntamente está vinculada al diputado Jorge García Silva del partido Prosperidad Ciudadana.
El día de las capturas, Juan Luis Pantaleón, vocero del MP, informó que no se había solicitado el retiro de la inmunidad del diputado y que se analizaba presentar en los próximos días; sin embargo, este martes dijo que “la Fiscalía está trabajando en ello de momento”.
La Fiscalía agrega que aprovechando las influencias políticas y de poder, entre ellas de la abogada Sabrina María Véliz Castañeda, asesora parlamentaria del bloque legislativo Prosperidad Ciudadana y asesora de la Dirección General del Insivumeh, “así como la influencia de Yeison Broderson Samayoa Velásquez, quien funge como director general del Insivumeh (…) utilizaron sus cargos y la emergencia del covid-19, así como la integración del congresista en la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, para obtener una modificación presupuestaria a través del Decreto 20-2020 del Congreso de la República”.
Añade que con esas acciones se benefició al Insivumeh con una asignación presupuestaria de Q30 millones “destinados para la compra de un radar para tecnificar la red meteorológica nacional”, un procedimiento considerado como injustificado, debido a que no es una entidad estatal “que en ese momento se encargara de velar por el combate y atención a la pandemia, ni ser una institución con servicios esenciales”.
El MP refiere que “las pesquisas revelan que se utilizaron diversas artimañas destinadas para gestionar la adjudicación de los eventos de contratación pública a las entidades mercantiles sin contar con la experiencia necesaria, las capacidades técnicas, las especialidades a fines para prestar los servicios científicos que anómalamente les fueron adjudicados, así como del incumplimiento de requisitos; sin embargo, fueron aprobadas por Samayoa Velásquez en su calidad de director general y finalmente avaladas por el entonces Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, provocando con ello, un grave perjuicio para el patrimonio del Estado de Guatemala por la cantidad de Q.28 millones 69 mil 214.40 en nueve adjudicaciones”.
Guatemala es, según índices de organismos internacionales, uno de los seis países más corruptos de Latinoamérica.